Ninguno de los responsables ha sido castigado; pobladores aún están presos

Siguen impunes las agresiones contra habitantes de Atenco, 131 días después

Los policías, en libertad; el delito de que los acusan no es considerado grave

EMIR OLIVARES E ISRAEL DAVILA REPORTERO Y CORRESPONSAL

Las agresiones contra pobladores de San Salvador Atenco y Texcoco continúan en la impunidad, pues a 131 días del operativo aplicado por autoridades federales y estatales contra habitantes de estos municipios, los responsables de los abusos aún no han sido castigados y una treintena de atenquenses permanecen detenidos.

Inclusive diversas instancias nacionales e internacionales han confirmado que durante el operativo policiaco se presentaron violaciones a los derechos humanos.

Los hechos se suscitaron los pasados días 3 y 4 de mayo, luego de que se impidió a floricultores del municipio de Texcoco, estado de México, instalarse en el mercado Belisario Domínguez, por lo que integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), encabezados por su líder, Ignacio del Valle, bloquearon en protesta la carretera Texcoco-Lechería.

Esta acción provocó que las autoridades estatales aplicaran un operativo para desalojar esa carretera federal, lo que ocasionó enfrentamientos entre civiles y policías municipales el día 3 de mayo. El saldo de ese enfrentamiento fueron más de 100 detenidos del FPDT y una docena de policías heridos, además de que tres fueron retenidos por los pobladores de Atenco.

La tensión llegó a tal grado que el siguiente día tuvieron que entrar en acción elementos de la Policía Federal Preventiva, quienes acompañados de policías estatales ingresaron al municipio en la madrugada del 4 de mayo.

Imágenes fotográficas y televisivas, testimonios de pobladores de la región y diversos organismos de defensa de los derechos humanos han corroborado los excesos en los que incurrieron las fuerzas públicas, pues no sólo se detuvo a los presuntos responsables de delitos como secuestro equiparado y bloqueo a las vías generales de comunicación, sino que se agredió a los ancianos y se allanaron decenas de viviendas sin órdenes de cateo.

Además, los más de 200 detenidos han denunciado que durante el traslado de Atenco hacia los penales de Santiaguito y Altiplano (antes La Palma) los policías continuaron con las agresiones e inclusive violaron sexualmente a las mujeres detenidas.

Fueron detenidas 207 personas tras el operativo policiaco; de éstas, 47 eran mujeres (45 han denunciado haber sufrido agresiones sexuales), cinco extranjeros y nueve menores de edad, quienes fueron puestos en libertad. Otros 144 detenidos fueron acusados de ataques simples a las vías generales de comunicación, y gozan de libertad bajo caución, aunque continúan sujetos a proceso.

Mientras que 26 personas son acusadas por secuestro equiparado, y por ser delito grave no alcanzaron fianza y permanecen en prisión, tres de ellos en La Palma: Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo. Asimismo, dos mujeres están sujetas a proceso judicial por ataques agravados a las vías generales de comunicación, por lo que también permanecen presas.

Dos ciudadanas españolas, Cristina Vals y María Cortés; una alemana, Samantha Vietmar, y dos chilenos, Valentina Palma y Mario Alberto Aguirre, quienes se encontraban en Atenco realizando labores de observación, fueron expulsados un día después de su captura, aun cuando las autoridades migratorias incurrieron en "irregularidades", pues la Procuraduría General de Justicia mexiquense no fincó delito alguno a los extranjeros.

Además, el operativo policiaco dejó un saldo de dos personas muertas: el adolescente Javier Cortés Santiago, quien recibió un impacto de bala calibre 38 en el pecho, y el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alexis Benhumea, herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por un policía federal y después de un mes de haber sido internado falleció en la ciudad de México.

Otra de las incongruencias de las autoridades judiciales fue haber detenido a Arnulfo Pacheco, un quincuagenario parapléjico acusado de secuestro equiparado, y que obtuvo su libertad el 23 de junio. Asimismo, continúa en prisión Jorge Armando Ramírez, quien padece de sus facultades mentales, por lo que los abogados consideran que no hay razón para que siga en prisión.

Pese a las diversas denuncias, los sucesos no han sido sancionados de la misma manera por las autoridades, pues mientras 29 personas continúan presas, sólo 20 policías están sujetos a proceso penal por los excesos en que incurrieron.

Los agentes gozan de libertad porque están acusados del delito de abuso de autoridad, el cual es considerado como ilícito no grave, aunque la representación legal de los pobladores de Atenco levantó denuncias por abuso sexual y tortura.

Los abogados del FPDT han señalado que el proceso que se sigue contra sus defendidos es "irregular" y han tramitado diversos recursos jurídicos para lograr la libertad de los atenquenses, sin que hasta ahora lo hayan conseguido.

Ante los hechos, organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han investigado los acontecimientos concluyendo que durante el asalto policiaco, el Estado incurrió en violaciones a los derechos humanos, por lo que debe sancionarse a los responsables.

La misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe preliminar en el que estableció que existen evidencias de que durante la toma de Atenco se presentaron delitos de lesa humanidad, además de que siete mujeres sí fueron abusadas sexualmente.

Ante esas denuncias, sólo un policía ha sido consignado por el delito de actos libidinosos, que al ser considerado ilícito menor por el Código Penal del estado no es castigado con cárcel.

Los abogados de los procesados han advertido que los juicios penales a los que están sujetos sus clientes "han estado plagados de irregularidades", pues el expediente tiene inconsistencias, y no hay una sola imputación directa contra los atenquenses.

Además de que el juez segundo penal de Toluca, Jaime Maldonado, quien lleva el caso, ha citado a comparecer a los 60 policías que acusan a los procesados en grupos de cinco, lo que infringe el artículo 201 del Código de Procedimientos Penales del estado de México, pues el ordenamiento dispone que "el servidor público que practique la diligencia dictará las providencias y adoptará medidas que estime necesarias para evitar que los testigos no se comuniquen entre sí, ni por medio de otra persona, antes de que rindan testimonio".

En el nivel federal también se han presentado diversas irregularidades, pues no obstante que los abogados de los detenidos promovieron amparos contra el auto de formal prisión dictado por el juez penal, estos fueron resueltos casi tres meses después.

La juez segundo de distrito de amparo, Emilly Vega, retrasó la resolución con el argumento de que las copias del expediente turnadas por el juez segundo penal de Toluca eran "ilegibles", y fue hasta el 11 de agosto cuando resolvió que el auto de formal prisión dictado por este juez quedaba "insubsistente", pues no era competente para conocer el caso que debió ser en Texcoco y no en Toluca; sin embargo, el primero de septiembre Maldonado justificó su competencia, por lo que nuevamente dictó auto de formal prisión.

Este lunes, las abogados de los procesados presentarán dos promociones ante el juez segundo de distrito de amparo en Toluca, para explicar que Jaime Maldonado "simula el incumplimiento de la sentencia de amparo".