La decisión de algunos gobernadores de no distribuir los libros de texto para primero de secundaria es un acto de abierto desacato a la Secretaría de Educación Pública. En la práctica, los gobernadores rebeldes están desconociendo la autoridad y la función rectora que esa institución detenta para determinar el contenido de los programas de estudio.

Pero lo más grave de este desacato es lo que señalan pedagogos, psicoterapeutas y especialistas en la materia: la violación de los derechos de los educandos. La escuela, y no la familia, como revelan encuestas gubernamentales, es el lugar donde la mayoría de adolescentes recibe información sobre sexualidad. Por tanto, si se les priva de los contenidos en esa materia, se les estarán conculcando sus derechos a la información y a la educación en un tema tan importante para su salud y su desarrollo físico y mental.

Otro principio amenazado por la revuelta de los gobernadores es el que establece el carácter laico de la enseñanza. La Constitución es muy clara al respecto, sin embargo, los opositores a los libros de Biología autorizados por la SEP fundan su rechazo en la rigidez moral e ideológica de la doctrina católica y no en la evidencia científica como debía de ser. Los descalifican por consigna, algunos de ellos sin siquiera haberlos leído o analizado. Los llaman ”textos vulgares”, “hedonistas”, “veneno”, “tragedia moral” sin presentar pruebas de valoración científica.

El desacato llega hasta tal punto que el gobierno de Jalisco distribuirá un “anexo informativo”, elaborado por una de las organizaciones opositoras sin el aval de la SEP, que “cubrirá las insuficiencias” del contenido sobre sexualidad.

La respuesta tibia de la SEP, deja en manos de otros actores, como el secretario de Salud, Julio Frenk y las organizaciones civiles, la defensa de los derechos de las y los adolescentes. En ellos está la posibilidad de impedir que se materialice este atropello.