Validar la elección no es cosa juzgada, aún podemos acudir a la CIDH, advierte
El fallo del TEPJF, "vergüenza" para el país y el derecho: Duarte
Los magistrados incurrieron en contradicciones, mentiras y valoraciones políticas, dice
Simpatizantes de López Obrador firman petición de juicio político contra los jueces
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) "es una vergüenza" para el país y el mundo del derecho, ya que se trata de un fallo eminentemente político y no jurídico, con la intención expresa de beneficiar al panista Felipe Calderón Hinojosa, expuso ayer Horacio Duarte Olivares en nombre de los partidos que integraron la coalición Por el Bien de Todos.
En conferencia de prensa, detalló las "contradicciones, incongruencias, mentiras y valoraciones políticas en que incurrieron los magistrados" del TEPJF, y sostuvo que la validación de las elecciones no es cosa juzgada, porque aún queda una instancia judicial para acudir: la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por la noche, durante la asamblea informativa en el Zócalo, Duarte dijo que los magistrados actuaron con gran cinismo. Se trata, sostuvo, de un remedo de tribunal que más parece la "Tremenda Corte" o una barandilla del Ministerio Público.
"¡Juicio, juicio, juicio!", gritaron miles de asistentes a la asamblea, en referencia a la demanda que comienza a generalizarse de que se someta a juicio político a los magistrados que validaron el fraude electoral.
Duarte, en tanto, explicó que con su resolución el TEPJF legitimó que en adelante cualquier autoridad intervenga en procesos electorales y pueda violar impunemente la ley, con sólo no pedir de manera expresa que se vote por determinado candidato.
Argumentos falsos y temerarios
Consideró temerario y falso el argumento del TEPJF de que no contó con elementos de medición para determinar si la guerra sucia de espots en radio y televisión tuvo impacto contra Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral.
"El tribunal miente, porque fue un hecho notorio, público, incontrastable, que la campaña negra que señalaba a López Obrador como un peligro para el país sí influyó en una parte del electorado. Pero además se les olvidó a los magistrados que en la sentencia por la que resolvieron cancelar los espots del PAN señalaron que esa 'denigración' tenía un impacto sustancial en las intenciones del voto libre", sostuvo.
Duarte señaló también la actuación dual y contradictoria de los magistrados, ya que en el resolutivo del martes sostienen que la inasistencia de López Obrador al primer debate disminuyó las preferencias electorales en su favor. Inclusive, en el dictamen afirman que no fue a ese evento por temor de presentar sus propuestas de gobierno frente a los electores.
"Es decir, se trata de una valoración estrictamente jurídica, pero ni siquiera señalan de dónde obtuvieron los elementos para una afirmación de ese tipo. Hay un doble rasero, porque por un lado argumentan que no tienen elementos para demostrar que la guerra sucia afectó a López Obrador y en cambio aseguran que no haber ido al debate le restó puntos", explicó.
Asimismo, resaltó que los magistrados aceptaron que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y otras empresas violaron los principios de legalidad, equidad y acceso a los medios de comunicación, al contratar espots donde se desprestigió a López Obrador y se le acusó de que su eventual gobierno significaba crisis económicas, la posibilidad de perder casas, propiedades y empleos, pero señalan que no pudieron saber con certeza cuántas veces ni en qué canales se trasmitieron dichos mensajes pagados en radio y televisión.
Al respecto, Duarte denunció que el presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, nunca quiso entregar a la coalición todos los monitoreos que incluían las pautas de la propaganda electoral, tanto de los partidos como de Víctor González Torres, del presidente Vicente Fox y del CCE, con el argumento de que esos documentos forman parte de la fiscalización a los partidos políticos.
Destacó que, aunado a la negativa del IFE, el TEPJF tampoco solicitó esa información a los consejeros, como estaba obligado a hacerlo, con el argumento de que en la declaración de validez de las elecciones no se aplica la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. Pero a los magistrados "se les olvidó decir que esa prueba se había pedido desde el juicio líder y su obligación era solicitarla" al instituto electoral.
Con ello, el tribunal va en contra de sus propios precedentes judiciales, ya que en el caso de Colima, sin que nadie lo solicitara, realizó un análisis de la información contenida en noticias de prensa y concluyó que el ex gobernador Fernando Moreno Peña había intervenido de manera ilegal en el proceso de elección estatal y decidió anularlo.
Mencionó el caso Amigos de Fox, donde también motu proprio se allegó más elementos de prueba vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por eso sostuvo que los magistrados mienten cuando defienden la tesis de que no tienen facultades para investigar.
Legalizan la impunidad
Señaló que otro elemento "totalmente contradictorio" que permite legalizar la impunidad en materia electoral es la intervención del presidente Vicente Fox en la campaña electoral en favor de Calderón.
"Los magistrados reconocen la injerencia determinante de Fox en el proceso comicial, pero sostienen que el acuerdo de neutralidad y la tregua navideña inhibieron y borraron esa intervención del Ejecutivo. De nueva cuenta mienten y además hay que preguntarles cómo llegaron a esa conclusión, de que no hubo influencia del Presidente", defendió.
El representante del PRD ante el IFE insistió en que ese elemento es "funesto para la democracia y da verdadero escozor, porque el tribunal legaliza la posibilidad de que se pueda intervenir en procesos electorales".
Otro ejemplo, dijo, es que al calificar la elegibilidad de Calderón el tribunal lo hizo con fundamento en "hechos notorios", pero a la coalición le pide mediciones científicas, puntuales y concretas para determinar el impacto de la guerra sucia. "¿Qué querían, que le lleváramos uno por uno a los mexicanos que cambiaron su decisión e inclusive no votaron, a consecuencia de la campaña negra?", cuestionó.
Resumió: "la resolución del tribunal está plagada de contradicciones, falsedades, vacíos de respuesta a nuestros planteamientos e inclusive de valoraciones políticas, como la que hizo el magistrado Eloy Fuentes Cerda al condenar el movimiento de resistencia civil de López Obrador".
Duarte aclaró que, contra la idea difundida desde el panismo de que la elección es ya cosa juzgada, sigue abierta la puerta de la CIDH, tribunal al que México se adhirió en 1998 y constituye la última instancia para revisar fallos de las autoridades mexicanas, inclusive en materia electoral.
Por la noche, después de la asamblea informativa, se formó una larga fila de ciudadanos, en el campamento de Jalisco, para firmar un documento en el que demandan juicio político contra los siete magistrados que declararon válida la elección y desecharon, sin más, las impugnaciones de la coalición Por el Bien de Todos.