Eloy Fuentes critica la estrategia política y legal de la coalición y López Obrador
Injerencia de Fox, irregularidad mayor del proceso: magistrados
No hay elección perfecta, dice Navarro
Los espots del CCE, reprochables: Ojesto
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9:30 horas. Los magistrados Alejandro Luna Ramos y Alfonsina Bertha Navarro, durante la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que se calificó la validez de los comicios y se declaró presidente electo a Felipe Calderón
Foto: José Carlo González
No hubo un solo magistrado que no hiciera el señalamiento: la intromisión del presidente Vicente Fox fue la mayor irregularidad detectada durante el desarrollo del proceso electoral. "Recordemos que llegó a hacer comentarios indirectos o metafóricos que incidían sobre las posiciones políticas que competían en la elección e incluso menciones expresas relacionadas con el proceso; injerencia que constituye la mayor irregularidad detectada durante el desarrollo del proceso", sostuvo la magistrada Alfonsina Bertha Navarro.
A pesar de ello, Navarro justificó la validez de los comicios: "no hay elección perfecta, pensar lo contrario es una utopía, es una realidad de la que todos debemos partir, una fantasía que ni los más avezados en la ciencia política se atreverían a desmentir. Lo destacable es que hay que juzgar los acontecimientos de acuerdo a nuestra realidad fáctica y no con base en quimeras".
Durante la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los siete magistrados fijaron su postura, invariablemente, en favor del dictamen en el cual, si bien asumieron las irregularidades, también cuestionaron la estrategia política y legal de la coalición Por el Bien de Todos y su candidato, Andrés Manuel López Obrador.
Fuentes subrayó que en paralelo de la elección presidencial se renovó el Congreso de la Unión, donde actuaron los mismos funcionarios de casilla y la misma autoridad electoral hizo los cómputos respectivos, además de que contendieron los mismos partidos políticos, "en una palabra, elecciones espejo". Sin embargo, resaltó que "ningún cuestionamiento de índole política surgió sobre la validez de esa elección y, sin mayor protesta, se ocuparon curules y escaños legítimamente obtenidos".
La descalificación del proceso y de las instituciones, inaceptable: Eloy Fuentes
En este contexto, advirtió: "la descalificación del proceso electoral y de las instituciones es inaceptable en un estado de derecho". Podemos estar o no de acuerdo con el sistema electoral, pero "es el que rige conforme al marco constitucional y legal de nuestro país", y en su diseño participaron legisladores de los partidos que ahora cuestionan el sistema de medios de impugnación en materia electoral, el cual contempla el juicio de inconformidad como el único instrumento procesal previsto por la ley para cuestionar la elección presidencial".
Fuentes centró su discurso en descalificar la estrategia legal y política de la coalición. Las pretensiones del voto por voto, dijo, fueron más un planteamiento de orden político que jurídico, pues no impugnaron los 300 distritos electorales, únicamente lo hicieron en el 35 por ciento de las casillas instaladas en 230 distritos, "consintiendo así" los resultados.
Agregó que el TEPJF no tenía base jurídica alguna para ordenar, motu propio, abrir todos los paquetes. A diferencia del resto de los magistrados, puso poca atención en las violaciones del presidente Fox y del sector empresarial, que prácticamente no le merecieron mencionarlos.
Criticó que la coalición sostuviera, por una parte, la validez de la elección y, por otra, argumentara la nulidad de la misma, lo que si bien parecería contradictorio, tenía la intención de que "o se declarara el triunfo de López Obrador, o no se expedía la declaratoria de validez y la de presidente electo".
Navarro -quien elaboró el proyecto de resolución junto con Mauro Reyes Zapata- fijó de entrada su posición respecto de la denuncia de irregularidades, desestimando que pueda haber elección perfecta. Insistió en que la declaratoria de invalidez sólo tendría cabida en un escenario excepcional, donde las irregularidades fueran evidentes y sin el menor resquicio de duda.
Injerencia circunstancial
La magistrada fue quien más cuestionó el papel del Presidente y su injerencia en la contienda, aunque dijo que la forma metafórica de sus expresiones, como aquellas de cambiar de jinete y no de caballo o que no hay varitas mágicas para resolver los problemas del país, fueron emitidas de manera "circunstancial" y en actos de inauguración de obras sociales, de difusión de programas de gobierno o en noticieros.
Es decir, matizó, no medió convocatoria ex profeso, como conferencia de prensa para opinar acerca del entorno político. Además de que la mayoría de sus intervenciones fueron en noviembre pasado y, "por la distancia que había con la jornada electoral, evitó que se levantara gran interés y por tanto tuvieran menor influencia en el electorado".
A pesar de que la magistrada reconoció que el Presidente hizo comentarios similares a principios de junio de este año, "que pudieron haber captado una atención mayor", justificó que éstos se presentaron un mes antes de la elección, con lo que hubo tiempo suficiente para reducir su impacto.
Participación indebida: Ojesto
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo dijo estar convencido de que había elementos suficientes para declarar válida la elección que nos ocupa, y si bien "debe decirse que existieron situaciones que no contribuyeron al mejor de los ambientes para el desarrollo del proceso electoral, estoy absolutamente convencido de que los mismos no fueron suficientes como para tener por cierto que la ciudadanía vio afectada su libertad al momento de emitir su voto en las urnas".
Reconoció que algunos aspectos de la campaña "fueron significativamente denostativos y que existió una indebida intervención de algunos servidores públicos, así como de ciertos particulares impedidos legalmente para intervenir en el proceso electoral". Sin embargo, aseguró "estar cierto" que con las herramientas jurídicas fueron "inhibidas con la oportunidad suficiente para que los ciudadanos pudieran realizar una adecuada reflexión sobre el sentido del voto".
El magistrado José de Jesús Orozco destacó, por su parte, la intervención de la Suprema Corte, la cual obligó a colocar una cintilla con la aclaración de que los espots presidenciales eran ajenos a la propaganda electoral, para que el Ejecutivo federal dejara de intervenir en el proceso.
Agregó que resultan jurídicamente reprochables los espots del Consejo Coordinador Empresarial, donde de forma indebida incidió de manera "no determinante en el proceso electoral", porque los partidos son los únicos encargados de contratar tiempo en medios de comunicación electrónicos con fines electorales.
Mauro Miguel Reyes Zapata señaló que si bien era factible declarar la validez de la elección, hay cosas que deben ser perfectibles, como el tema de las precampañas, donde el Congreso tiene la tarea de reglamentar al respecto, al igual que lo relativo a la excesiva propaganda electoral en la televisión.
Finalmente, Alejandro Luna Ramos apuntó que los magistrados se constriñeron a calificar la elección con estricto apego a la ley y dejó en claro que, en todo caso, es el Poder Ejecutivo el que fija las normas y que el tribunal debe acatarlas.
Con esta decisión, los magistrados prácticamente se despidieron, pues en dos meses más deberán dejar el cargo al concluir el periodo de 10 años para el que fueron designados.