Ese año la recaudación del DTA fue de $2,806 millones pero sólo entregó $803 millones
Desde 2002 diputados y la ASF descubrieron violaciones a la Ley de Ingresos por ISOSA
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación descubrieron en el año 2002 una serie de irregularidades cometidas por Integradora de Servicios Operativos SA de CV (ISOSA) que violaban la Ley de Ingresos, ya que los recursos captados por esa instancia, que se estimaron entonces en 9 mil millones de pesos, no se entregaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Esto propició una respuesta oficial por parte del ente fiscalizador, quien advirtió en su informe a los diputados que "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) vienen utilizando un mecanismo para los derechos por trámite aduanero que, a través de la utilización de un fideicomiso, permite que los recursos captados se canalicen directamente a éste y sean pagados a las empresas que prestan diversos servicios sin ingresarlos a la Tesofe.
Ayer mismo, en un comunicado, la ASF destaca que como parte de los informes de revisión a las cuentas públicas presentados a la Cámara de Diputados, se advirtió sobre diversas irregularidades en el destino de los recursos generados por los derechos de trámite aduanero (DTA), por su falta de depósito en la Tesofe.
Entre otros: de la Cuenta Pública 2001 y anteriores, 4 mil 561 millones de pesos; de la Cuenta Pública 2002, 2 mil 2 millones de pesos; de la Cuenta Pública 2003, 2 mil 586 millones de pesos; de la Cuenta Pública 2004, 836 millones de pesos. "El monto total observado por estos conceptos es de 9 mil 985 millones de pesos, los que se depositaron en Nacional Financiera, dentro del fideicomiso privado Aduanas 1. Dichos recursos fueron utilizados para pagar a la empresa privada Integradora de Servicios Operativos, SA de CV (ISOSA)", por la prestación de servicios para el procesamiento electrónico de datos y a 12 empresas que prestaban el servicio de apoyo al despacho aduanero" menciona el texto de la ASF.
Explica que en 2004 la SHCP interpuso una controversia constitucional en contra de la ASF, objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del DTA con el argumento de que eran privados. El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto, con votación de ocho a tres, negando la posibilidad de auditar al mencionado fideicomiso y por consecuencia a ISOSA.
Con base en las observaciones de la ASF, durante 2005 se recuperaron 2 mil 457 millones de pesos, 25 por ciento del monto total observado, recursos que el fideicomiso privado Aduanas 1 devolvió a la Tesofe en los meses de mayo y diciembre de 2005.
De acuerdo con el documento de la ASF, en 2002 la recaudación a través del derecho de trámite aduanero totalizó 2 mil 806 millones de pesos y únicamente se entregaron a la Tesorería 803 millones.
En otro informe, elaborado por el asesor económico Mario Di Costanzo, se destaca que a tales anomalías se suma el hecho de que en 1993 fue el despacho donde laboraba el hoy senador panista Santiago Creel Miranda el encargado de llevar a cabo la tramitación legal para crear ISOSA, "a petición del secretario Francisco Gil Díaz, quien es el principal accionista del fideicomiso".
Durante 2005, como lo publicó este diario, ISOSA declaró públicamente que había dejado de operar contratos con empresas privadas, hecho que fue desmentido por la propia Cámara de Diputados, instancia que ordenó una investigación y encontró que ISOSA mantenía contratos con decenas de empresas privadas.
En el listado que tiene este diario se desglosan los nombres de las empresas, el tipo de contrato, su vigencia y el monto del mismo.
Cabe destacar que ley aduanera no prevé la figura de fideicomisos para prestar servicios de procesamiento electrónico de datos y apoyo aduanero; sin embargo con su ya característica "discrecionalidad e ilegalidad" la SHCP continuó con su manejo y operación.
El reporte de la ASF añade que "ni el SAT, ni la SHCP proporcionaron información a la ASF manifestando que ISOSA es una empresa privada, aun cuando Nacional Financiera (Nafin) posee 99 por ciento de las acciones de ISOSA, lo que hace que esta empresa tenga características de empresa pública. A su vez Nafin no proporcionó información sobre el fideicomiso Aduanas, bajo el argumento de que "se violaría el secreto fiduciario".
Como resultado de lo anterior la ASF emitió observación al Organo Interno de Control (OIC) del SAT, quien opinó en el sentido de que no puede iniciar proceso de responsabilidades a servidores públicos, ya que carece de elementos que le permitan opinar sobre la falta de entero de los recursos a la Tesofe.
Estos señalamientos de la ASF generaron 36 acciones, de las cuales 24 son recomendaciones, 11 solicitudes de intervención del Organo Interno de Control (Función Pública) y un pliego de observaciones. El probable efecto económico de lo anterior ascendía en ese entonces a 2 mil 2 millones 500 mil pesos, que sumados a los encontrados un año antes elevaban el daño patrimonial a poco más de 5 mil millones de pesos.
Di Costanzo advierte que durante 2005 ISOSA no sólo continuó en operación, sino que firmó más de 300 contratos por más de 800 millones de pesos, que serán pagados con ingresos públicos y tiene entre sus clientes a la empresa en donde participa el cuñado de Felipe Calderón, Diego Hildebrando Zavala.