De la que nos salvó Juárez
Frente a lo que sucede en otros países de América Latina, en México debemos aquilatar en todo su valor la lid juarista que sentó las bases para la laicidad del Estado. En varias naciones del continente se encuentran debatiendo sobre los privilegios que todavía tiene la Iglesia católica en el sistema educativo y la protección estatal que, por convenios con el Vaticano, se brinda a esa confesión frente a las demás.
Solamente desde una visión constantiniana se puede seguir hoy criticando la sana separación Estado-iglesias. Tal separación conlleva otras características que debe guardar el aparato estatal, y una de ellas, que me parece central, es la vigencia del Estado laico. Dada la creciente pluralidad de la sociedad mexicana el carácter laico de las instituciones estatales resulta indispensable y es la única forma de respetar la diversidad de opciones religiosas que elige la ciudadanía. Además para los integrantes de las distintas comunidades de fe, sus organizaciones y liderazgo, el laicismo los pone en igualdad de derechos y responsabilidades. El peso en historia y número de seguidores de una determinada confesión tiene que hacerse sentir hacia el interior de su propia feligresía, pero no debe ser elemento para exigir a los gobiernos un trato preferencial con el fin de que coadyuven a lograr los objetivos de una organización eclesiástica.
Pongo un ejemplo para ilustrar mi aserto anterior: la Iglesia católica tiene todo el derecho de adoctrinar a sus feligreses en la ética sexual que considera correcta. Para ello cuenta con recursos financieros, humanos y espacios propios donde sin cortapisas puede enseñar los principios que los católicos deben seguir en el ejercicio de su sexualidad. Es en esos espacios propios donde debe convencer a la feligresía de que la abstinencia de relaciones sexuales es la conducta válida, y que es en el matrimonio monogámico y heterosexual donde sí puede tener sexo, pero sin hacer uso de métodos artificiales de control de la fertilidad. Pero el Estado laico debe intervenir cuando la institución religiosa pretende imponer a la población en general su punto de vista sobre el tema, o cuando al amparo de velar por la mayoría de los mexicanos y mexicanas la Iglesia católica quiere impedir que los textos escolares incluyan información que considera nociva para los niños y adolescentes.
En el aspecto educativo el Estado debe garantizar el derecho que tienen los estudiantes para informarse sobre cómo funciona su sexualidad y las formas de posible ejercicio. Ya depende del bagaje ético que cada quien tenga la toma de decisiones en este tópico. Pero la información científica que hay debe proporcionarse por el sistema educativo de un Estado laico.
En países como Colombia, Bolivia, República Dominicana, Perú, Argentina y otros de América Latina, la legislación privilegia en varios terrenos a la Iglesia católica. En esas naciones los evangélicos denuncian favoritismos hacia la religión mayoritaria (más bien a sus representantes eclesiásticos y corporaciones) y buscan cambios en las leyes con el fin de estar en un plano de igualdad. En nuestro país esa igualdad existe jurídicamente, pero la inercia cultural hace que los funcionarios en la práctica rindan pleitesía a los clérigos católicos. La inercia mencionada tiene repercusiones inclusive en ámbitos críticos a las cúpulas católicas.
Hace unos años, invitado a un simposio académico para analizar la inserción social y política de distintas iglesias, fui testigo del trato diferenciado, preferencial, que el coordinador del mismo, investigador del fenómeno sociorreligioso en México, daba a ciertos conferencistas. Por un lado se dirigía con mucho respeto y de usted a un obispo de un estado del centro del país, y por otro tuteaba con mucha confianza al presidente de una denominación protestante/evangélica, la Convención Nacional Bautista, a quien acababa de conocer.
Anécdotas aparte, con todo en México, y gracias a la gesta de los liberales encabezados por Benito Juárez y por el apoyo de la "chusma" que dio la espalda a la casta clerical, triunfó el Estado laico, el cual fue consolidándose en otras luchas populares, cuyos ejes distintivos quedaron plasmados en la Constitución de 1917. El hecho le representó a México una ventaja sobre otros países latinoamericanos que todavía confieren privilegios legales a la Iglesia católica y sus altos funcionarios. Para Juárez fue imprescindible enfrentar el poderío económico y político de la Iglesia católica. Se equivocan quienes todavía en nuestros días lo tienen por dirigente de un movimiento antirreligioso, cuando en verdad su lucha fue anticlerical porque el clericalismo campeante en sus días era un poder que buscaba mantener a la nación en el colonialismo. El Estado laico, cuyas bases sentó Juárez, nos puso a tono con las nuevas condiciones que se estaban gestando en una sociedad en vías de diversificación.
Distintos estudios de opinión pública muestran que la actitud laica está bien internalizada en la mayoría de la población. Es un logro consolidado que, como todo lo que se construye socialmente, requiere fortalecerse para permanecer.