El Ejecutivo rompió la equidad, según la coalición; AN e IFE: no fue determinante
El TEPJF deberá evaluar el impacto de la intromisión de Fox en la contienda
Dirimidas ya las inconformidades en los 375 juicios de inconformidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se disponen ahora al análisis del denominado "recurso madre" de la coalición Por el Bien de Todos, fase en la cual que deberán responder a las preguntas: ¿fue el activismo del presidente Vicente Fox un factor de desigualdad en la campaña? ¿Los miles de anuncios del gobierno federal para pugnar por la continuidad alteraron la equidad de la contienda? ¿Los recursos de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social se utilizaron con fines electorales?
En al recurso interpuesto por la coalición en el distrito 15 del Distrito Federal, en el cual demanda la no declaración de validez de la elección presidencial, se argumenta que la campaña fue influida por "la indebida injerencia del presidente Vicente Fox", que desequilibró la contienda y rompió la equidad.
Subraya que en el primer trimestre del año el gobierno federal ejerció 97 mil millones de pesos más -con respecto a 2005- en programas sociales durante el primer trimestre del año, con el propósito de incidir en la contienda. La coalición argumenta que se utilizaron los recursos federales para apuntalar la campaña del candidato del PAN, Felipe Calderón.
En el escrito que como tercero interesado el PAN presentó, se plantean los informes sobre el Acuerdo de Neutralidad de Funcionarios Públicos del Instituto Federal Electoral, para acreditar que Fox no violó esta disposición, que pretendía garantizar la no injerencia del Poder Ejecutivo, y un comparativo entre los 12 estados cuya pobreza requirió la mayor inversión de recursos federales en programas sociales, en diez de los cuales ganó López Obrador.
Casi con los mismos argumentos, el IFE remitió un informe circunstanciado para justificar la falta de impacto que tuvieron Fox y los programas sociales en la contienda. Como una copia del escrito panista, el instituto señala que la promoción de programas sociales se realizó previamente al acuerdo de neutralidad; cuestiona la falta de acreditación de la parte inconforme, de la influencia que pudieron haber tenido ambos agravios, e inclusive señala también de que en algunos entidades en las cuales se argumenta el uso con fines electorales de programas sociales la victoria correspondió a López Obrador.
Estos son parte de los argumentos contenidos en los tres textos fundamentales remitidos al tribunal sobre la elección, que serán parte de lo que deberán analizar los magistrados para determinar la validez de los comicios presidenciales.
Mano negra de Los Pinos
En los alegatos presentados por la coalición Por el Bien de Todos destaca la presentación de diversas notas que acreditan los pronunciamientos presidenciales para dar continuidad a los programas de gobierno, amén de cuestionar insistentemente políticas populistas, en clara descalificación a la oferta política de la coalición y su candidato, lo que representó una indebida injerencia que desequilibró la campaña.
Cita datos de la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio de recursos en programas sociales y señala aquellos que se utilizaron abiertamente con fines electorales y de los que se infiere que hubo una "estratagema política": Oportunidades, Apoyo a Adultos Mayores, Seguro Popular y Vivienda Rural.
La coalición denuncia que se manipularon los padrones de los programas sociales y el padrón electoral, con el propósito de tener una efectiva campaña de inducción del voto entre los beneficiarios de los programas sociales y los votantes.
En el escrito se incorporan declaraciones de la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, en las que admite que "por lo menos 10 por ciento de los 44 millones de beneficiarios de programas sociales son susceptibles de ser manipulados electoralmente".
AN defiende el acuerdo de neutralidad
En el escrito de "tercero interesado" remitido por el PAN se pretende desvirtuar este agravio con el argumento de la firma del Acuerdo de Neutralidad de Servidores Públicos, impulsado por el Instituto Federal Electoral, en el que se planteaba claramente que el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes deberían abstenerse de la promoción de obra pública a partir del 23 de mayo.
El acuerdo, según el documento panista, cumplió con sus objetivos y "no hubo presencia del Presidente de la República ni de los gobernadores en mítines de campañas electorales; no hubo alusiones explícitas por parte del Presidente y los gobernadores en favor de algún candidato (con excepción de aquellos casos en los cuales el IFE denunció violaciones)".
Añade que de las 53 notas que la coalición presentó, "sólo 28 se refieren a supuestas expresiones del presidente Fox, y aún más, de ellas una mínima parte se refiere a las expresiones que, a juicio de la coalición, constituyen una irregularidad acontecida en el proceso electoral".
Más adelante hace referencia a los promocionales de los programas sociales y reivindica el derecho que tienen los gobiernos federal, estatales y municipales de difundir su obra de gobierno. "Los alegatos de la coalición inconforme no logran demostrar de modo terminante que la difusión de programas sociales por parte del gobierno federal incidiera en la voluntad de los electores."
Esta difusión, según el argumento panista, se realizó de manera previa a que entrara en vigor el acuerdo de neutralidad, y destaca que no quedó demostrada la utilización de recursos públicos en una campaña con fines electorales.
Al no ser posible medir los posibles beneficios de los programas sociales en una campaña, "la irregularidad no puede tomarse como base para configurar una causal de nulidad", concluye el blanquiazul.