Filial de la española Repsol reitera que emprenderá acciones legales contra el gobierno
El presidente boliviano releva al director de la petrolera estatal, acusado de corrupción
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De izquierda a derecha, Guillermo Aruqipa, designado ayer por el presidente Evo Morales nuevo viceministro de Hidrocarburos; Santiago Berríos, superintendente interino de Hidrocarburos y Juan Carlos Ortiz, director de YPFB, en una ceremonia en el palacio presidencial, en La Paz
Foto: Ap
La Paz, 28 de agosto. El presidente de Bolivia, Evo Morales, relevó este lunes de la dirección de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), a su estrecho colaborador Jorge Alvarado, acusado de corrupción, y nombró en su lugar a Juan Carlos Ortiz.
El presidente también instruyó el nombramiento de Guillermo Aruquipa como nuevo viceministro de Hidrocarburos y Santiago Berríos fue designado superintendente interino de Hidrocarburos.
A Alvarado se le acusa de firmar un contrato con la empresa brasileña Iberoamericama Trading, para el canje de 2 mil barriles diarios de crudo por diesel que, según la Superintendencia de Hidrocarburos anterior, ocasionaría daños al Estado por 38 millones de dólares, cifra que bajó después a 3.8 millones, pero que de acuerdo con Morales, "nunca tuvo la capacidad de demostrar que había pérdida".
Recordó el mandatario que los dos informes, tanto de la Contraloría de la nación como el de la unidad de Auditoría del ministerio de Hidrocarburos sobre el citado contrato sólo señalaron que hay "indicios de responsabilidad administrativa" por lo que Alvarado tendrá que hacer su descargo, pero no hubo daño a la nación "y menos corrupción".
Alvarado presentó su renuncia "frente a la arremetida de las fuerzas oligárquicas" contra el "proyecto de cambio del gobierno y la nacionalización de los hidrocarburos".
Por otro lado, Andina, la filial de la española Repsol reiteró que realizará acciones legales por la "sistemática persecución", tras la orden de la Fiscalía, el viernes, de allanar sus oficinas en Santa Cruz, detener por horas a uno de sus síndicos, Saúl Encinas, acusado de "estafa agravada", librar citaciones contra uno de sus ex delegados José María Moreno y 20 de sus funcionarios.
La Fiscalía acusa a Andina de pactar en 2002 con la estatal brasileña Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que generó un perjuicio de 161 millones de dólares para el Estado boliviano, pero la empresa dijo que el contrato "no ha supuesto ningún daño económico para el Estado boliviano".
Por otro lado, Bolivia ordenó a las principales petroleras extranjeras que operan en el país pagar desde esta semana un tributo adicional de 32 por ciento creado como parte de la nacionalización del sector, en un intento por obtener recursos para capitalizar a YPFB, que tiene dificultades financieras y operativas para tomar el control total de la cadena productiva del sector de los hidrocarburos como lo estipuló el decreto de nacionalización.
En otro asunto, los sindicatos de transportistas, maestros urbanos, de la empresa de correo y de la salud iniciarán esta semana una serie de protestas por diversas demandas contra el gobierno de Morales, que advirtió intereses "políticos" detrás de estas acciones.