Evo Morales rechaza que exista un plan para expulsar a la petrolera trasnacional
Amenaza Repsol YPF con emprender acciones legales contra el gobierno boliviano
Madrid, 27 de agosto. El grupo petrolero Repsol YPF anunció este domingo en Madrid que iniciará "acciones legales" si continúa la "injustificada y reiterada persecución judicial" en Bolivia, luego que el viernes las oficinas Andina, la filial española en ese país sudamericano, fueron allanadas.
Repsol YPF indicó en un comunicado que lo sucedido constituye "una medida impropia dentro del estado de derecho y una falta de respeto al orden jurídico constitucional", y añadió que la "actuación del ministerio público es arbitraria y carece de fundamento, puesto que el contrato al que hace referencia cumple todos los requisitos de la legislación".
La justicia boliviana allanó el viernes las oficinas de la filial Andina en su sede de Santa Cruz, con el apoyo de unos 50 policías, en busca de documentación sobre un contrato supuestamente ilegal entre esa firma y la brasileña Petrobras.
El Estado boliviano acusó a un ex gerente de Andina y a dos directores de Petrobras-Bolivia de haber firmado contratos lesivos, conducta antieconómica, estafa y abuso de confianza por haber fijado un precio de exportación del gas inferior a los que rigen en el mercado internacional.
Ese contrato habría significado para Bolivia una pérdida de 160 millones de dólares, dijo el ministro de Hidrocarburos boliviano, Andrés Soliz. Para Repsol YPF, el contrato "respeta la ley" y "no causa ningún perjuicio económico".
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó anoche que su gobierno respeta las investigaciones que efectúa la Fiscalía, y negó que representen un plan para expropiar o expulsar a las trasnacionales.
Indicó que habrá diálogo, concertación y nuevos contratos con las empresas en el contexto del decreto de nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia del pasado 1º de mayo.
El síndico de Andina, filial de Repsol, Saúl Encinas, que fuera detenido el viernes tras el allanamiento de las oficinas, fue liberado, informó hoy el periódico La Prensa.
Encinas fue imputado por "estafa agravada" como parte de la acción judicial que abrió la justicia boliviana contra representantes de Andina por un supuesto daño económico al Estado en la suscripción de un contrato de exportación de gas con Petrobras.
Durante la audiencia de medidas cautelares, que se realizó anoche en la Corte de Justicia de Santa Cruz, donde Andina-Repsol tiene sus oficinas, el juez Jimmy López no halló sustento a la imputación del Ministerio Público.
No obstante, el funcionario estará sujeto a un arresto domiciliario limitado, mientras continúa la acción judicial, con la citación a declarar, el lunes, de al menos 20 empleados de la compañía, entre ellos los ejecutivos, informó el fiscal Hugo Aquize.
Morales, por otra parte, dijo anoche durante la inauguración de un congreso de campesinos en la zona del Chapare, que su gobierno está en la búsqueda de mercados internacionales para fortalecer el proceso de industrialización de la coca boliviana.
Además, el gobierno de Morales anunció un plan de recuperación de bosques, parques protegidos y otros recursos naturales, que iniciará con la revisión de las concesiones forestales durante un acto, el sábado, en la localidad de Cocos Lanza, ubicada en el parque nacional de Madidi, en la frontera con Perú, que es considerado una de las principales reservas de biodiversidad del mundo.