Divisiones
Hemos caído en México en una práctica socialmente muy perversa: la división. Para empezar, este es un país que exhibe una división muy profunda y de carácter esencial, la que se expresa en la forma de una enorme desigualdad entre los grupos de la población. Y sobre ella es que se van imponiendo de manera creciente aún mayores fracturas.
La desigualdad es una honda grieta que tiene un significado moral con muchos matices y del que, finalmente, nadie puede desentenderse. Pero, para no complicarnos con esos asuntos, aun dejando los sentimientos de lado, esa condición tiene un aspecto cívico, en el sentido literal de que pertenece a los ciudadanos, que debería hacerse explícito en el quehacer político y en cualquier consideración que se haga sobre un tema de la relevancia que es, por ejemplo, la democracia.
La gran desigualdad social y económica representa un obstáculo concreto, de índole práctico, para el crecimiento de la producción y de los ingresos, es decir, las ganancias de la gran mayoría de las empresas y los salarios de gran parte de los trabajadores. Degrada las condiciones del empleo, se crean pocas plazas de trabajo formal, con prestaciones y contratos, y se hace cada vez más precaria la ocupación, incluso forzando la expulsión de la gente y haciendo que muchas familias y hasta zonas enteras dependan de las remesas.
La desigualdad tiene como contraparte la concentración del ingreso, la riqueza, las oportunidades y la capacidad de participación; es la base desde la cual se reproduce la pobreza de millones de personas. En los últimos 20 años la división que significa que más personas queden marginadas se ha agravado y eso se pone cada vez más de manifiesto en las presiones a las que se somete a las relaciones sociales.
La situación en el país indica que las divisiones se extienden y se expresan de distintas maneras, violentas algunas y otras con una crispación que va en aumento.
Desde distintos frentes se está contribuyendo a ahondar las divisiones. Así lo indica la incapacidad de las instancias de gobierno, que en todos sus niveles se topa con conflictos y enfrentamientos que no puede superar y, mucho menos, resolver. Parece pensarse que posponiendo las cosas habrán de suavizarse, pero el tiempo no ayuda a que eso ocurra y, en cambio, tiende a agravar las condiciones de la confrontación y la forma en que se manifiesta.
Que las divisiones se agravan lo muestran las posturas que mantienen y las acciones que realizan los grupos que representan intereses políticos de todas las filiaciones. Lo mismo sucede con las organizaciones empresariales que encarnan grandes intereses económicos, de modo sobresaliente, los medios de comunicación.
La división es un rasgo que se hace cada vez más ostensible en el país y es una fuente de mayor discordia. Esta es una mala inversión y su rentabilidad no puede ser más que una ventaja de corto plazo para aquellos que se beneficien directamente de ella y, principalmente, para el conjunto de la sociedad.
La división de la sociedad se plasma, asimismo, en la capacidad de exponer y debatir las ideas, campo que debería ser fértil para comunicarse y alcanzar acuerdos. No parece mal que la situación política de enfrentamiento que se vive desde hace muchos meses, y que se agravó luego de las elecciones del 2 de julio, provoque la diversidad del planteamiento de ideas y que se hagan explícitas las posiciones políticas que adoptan quienes las presentan.
No obstante, se va imponiendo la división entre quienes se han proclamado como quienes son sensatos frente a aquellos que no lo son. La primera postura se ampara en la existencia de las instituciones electorales y la legalidad de los comicios. No caben ya los argumentos que, sin negar la relevancia de las instituciones y las leyes, plantean su esencia política y las distorsiones a las que pueden ser sometidas.
Mucho menos se admite un argumento, que parece elemental, sobre el carácter mismo de la democracia que las leyes y las instituciones deberían promover. Eso también está abierto al debate y la sensatez que se trata de imponer no lo puede esquivar. ¿Hasta cuándo se va a posponer esa cuestión clave de cualquier acuerdo social que modernice el sistema político de este país? ¿Se volverá a relegar como se hizo luego del fraude electoral de 1988? ¿Puede aplazarse ahora que se ha puesto en claro el límite del cambio que significó la alternancia política entre el largo predominio del PRI y el gobierno actual?
El escenario de cualquier debate se ha vuelto blanco o negro, y tener un punto de vista contrario a la sensatez que se quiere imponer por quienes se erigen como las "buenas conciencias" de esta sociedad, se asimila con una preferencia política determinada. Pero ello sólo parece esconder la aversión de la que parten los autoproclamados exponentes de la sensatez política.
Partamos de que la democracia es un bien colectivo que, sin ser perfecto, es deseable. Ese es el asunto que enfrenta el país y las divisiones que se están alentando no abren los espacios que la favorecen.