Con 375 juicios de inconformidad, la coyuntura es radicalmente distinta frente a 2000

El TEPJF encara el más grave reto de sus primeros diez años de historia

Esta mañana arranca la última etapa de la calificación de la elección presidencial

ALONSO URRUTIA

Con la sesión pública que comenzará la mañana de este lunes, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) arrancan la última etapa de la calificación presidencial, que, sin duda, será la decisión más trascendente en sus 10 años de historia. Una década en la que los siete integrantes han adoptado sentencias polémicas, se ha acentuado el proceso de judicialización de la política y se han abatido sustancialmente los conflictos poselectorales, tras las resoluciones judiciales.

Hasta ahora, con la emisión de nuevos criterios jurídicos que fueron sentando jurisprudencia, el fortalecimiento de los medios de impugnación y la consolidación de la competencia para resolver de forma definitiva e inatacable se han podido sortear polémicas poselectorales con márgenes estrechísimos de diferencia.

Es así que elecciones estatales como las de Oaxaca, Veracruz, Sinaloa, Tlaxcala y Sonora, donde las victorias se han producido con casi un punto porcentual de diferencia, fueron resueltas finiquitando la polémica, y en otras ocasiones se resolvió con la nulidad del proceso, como los sonados casos de los comicios para gobernador de Tabasco, en 1999, y de Colima, en 2003.

La historia de la justicia electoral en México parece darse por décadas. En 1986 surgió por primera vez un tribunal para abocarse a los litigios electorales: el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que muy pronto probó su absoluta ineficacia, con los polémicos comicios de 1988, que precipitó su modificación en el Tribunal Federal Electoral (1990-1996), cuando, con la reforma amplia de ese año se logró su inserción al Poder Judicial de la Federación, fortaleciendo el sistema de medios de impugnación.

Con esa reforma se dotó a esta nueva instancia de los poderes que justo ahora, diez años después, se ponen a prueba: modificación del mecanismo mediante el cual se lleva a cabo la calificación de la elección del Presidente de la República, adjudicándole a este órgano la facultad de realizar el cómputo, calificar y hacer la declaración de presidente electo.

Las elecciones de 2000 no resultaron, como se preveía entonces, una prueba para el sistema de justicia electoral, en función a los escasos recursos promovidos para la elección presidencial. El margen de siete puntos de victoria de Fox sobre el candidato del PRI, Francisco Labastida, inhibió la presentación de recursos, al punto que solo hubo dos.

En 2006 la historia es radicalmente diferente. Los 375 juicios de inconformidad presentados involucran decisiones sobre la anulación de casillas; asimismo, el reclamo de la coalición Por el Bien de Todos, de recontar cada voto para restituir la certeza en la elección, hicieron muy complejo el procesamiento de las inconformidades de la elección presidencial.

De entrada, los voluminosos expedientes que tanto la coalición como el Partido Acción Nacional presentaron en sus recursos, junto a la pretensión de la primera de no declarar la validez de la elección, apuntando hacia la nulidad de la misma por causales abstractas, abonaron en ello.

La determinación se dará además en un contexto en el que los magistrados dejarán sus cargos apenas un par de meses después de que hayan definido el futuro de la Presidencia de la República. De acuerdo con los plazos acordados en la reforma de 1996, su encargo concluirá el próximo 31 de octubre, salvo el del magistrado Alejandro Luna Ramos, quien sustituyó a José Luis de la Peza, quien falleció hace dos años.

Aunque son conocidos, por sus posiciones públicas en la resolución de elecciones estatales y municipales, las diferencias en los criterios entre los siete integrantes, también queda claro que en este procedimiento se han cuidado, en extremo, de desahogar el procedimiento con criterios unánimes, acordados en reuniones privadas.

Hasta ahora, posiciones tan distintas en cuanto a los criterios a seguir, como la del presidente, Leonel Castillo, con la del ex presidente Eloy Fuentes, han podido conciliarse, por ejemplo, en la resolución incidental que ordenó la apertura de 11 mil 893 paquetes. Entonces, la decisión se adoptó de manera unánime, situación que podría reditarse en el desahogo de los 375 juicios de inconformidad que hoy resuelvan.

Aunque no será la última decisión que adopten -aun tendrán que desahogar impugnaciones relacionadas con las elecciones estatales de Morelos-, será la más vigilada y, sin duda, la más cuestionada de cuantas hayan adoptado en esta década en la que, por cierto, el tribunal ha contado con cuatro presidentes: José Luis de la Peza, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Eloy Fuentes y Leonel Castillo.