"Quienes han puesto los muertos, heridos y secuestrados somos nosotros", afirma

Exigir la desaparición de poderes no es condición, sino un derecho: APPO

Ante los ataques, las barricadas defienden los sueños del pueblo, señala

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Oaxaca, Oax. 23 de agosto. Ante la propuesta del gobierno federal de establecer negociaciones para resolver el conflicto social, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) declaró hoy que no acepta ni impone condiciones. "Sólo estamos exigiendo justicia. Después de 38 asesinatos en lo que va de este gobierno, exigir la desaparición de poderes no es condición, es un derecho del pueblo". Y aún más: "El acercamiento con el gobierno será en el contexto de los acuerdos de la APPO".

En conferencia de prensa, los voceros señalaron que "los paramilitares, los violentos, son del gobierno; quienes han puesto los muertos, los heridos, los secuestrados, somos nosotros". Acusaron a Ulises Ruiz Ortiz de ser "autor intelectual de la guerra sucia". No se puede dialogar, dijeron, si no cesa "la política de terror", a la cual el pueblo "responde con inteligencia". Ante los ataques armados del poder, "las barricadas defienden los sueños del pueblo oaxaqueño". La APPO reiteró su proyecto "hacia la nueva constituyente y la nueva constitución democrática y popular de Oaxaca".

Tras otra noche insomne en la capital, sometida a una guerra sorda de escuadrones sueltos y flotillas de taxis de la CROC circulando como scouts de los convoyes policiacos que disparan por las calles, la movilización ciudadana aún parece incansable. Hoy hubo más marchas al zócalo. Una, de estudiantes rechazados de la universidad, y otras más por la tarde, de familias procedentes de las colonias urbanas en apoyo al plantón de la APPO: la Estrella, la Vasconcelos, la Cascada, la Figueroa y otras. Siguen las intensas y múltiples asambleas en los distintos campamentos del centro histórico. La propia APPO sesiona casi diario y debate las propuestas gubernamentales, la posible intermediación de una comisión de notables que no ha sido aceptada todavía, el plan de acción, las contingencias de una ciudad que diariamente recibe agresiones, que cada noche es rondada por el brutal fantasma de la muerte y pone barricadas para detenerlo.

No sólo la capital no descansa. La resistencia se mueve por todo el estado. El martes, en Pinotepa Nacional, una marcha de maestros y trabajadores de la salud ocupó durante dos horas la televisora regional y transmitió las demandas del magisterio y el movimiento social. Nahúm Jarquín Betanzos y Tito Calleja Hernández, en nombre del magisterio, exigieron ante las cámaras del canal 8, "el castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos como producto de las protestas contra Ruiz Ortiz", demandaron el fin de la represión y la liberación de sus compañeros detenidos. Durante la transmisión, el líder de la sección 35 del sindicato de Servicios de Salud, Cuahutémoc Pacheco, refrendó el apoyo al movimiento magisterial y anunció que el paro de los servicios seguirá, "por la salud de Oaxaca", hasta la renuncia de Ulises Ruiz.

Esta noche había rumores de un ataque de los grupos policiacos en el centro de la ciudad. Desde las primera horas de la noche se detectaron hombres armados y encapuchados en el parque del "amor" y en colonias cercanas a la central de abastos; ante eso y la suspensión intermitente de señales de telefonía celular, la población incrementó las barricadas con fuego en todo el perímetro urbano, especialmente en el centro histórico.

En el municipio de San Antonino, el ayuntamiento popular abrió hoy una bodega donde el gobierno priísta mantenía almacenadas centenares de despensas y propaganda electoral. Se convocó a la población en general a presenciar esta "apertura", que prueba el uso faccioso e ilegal de los recursos públicos, esa constante en el Oaxaca que empieza a ser devorado por el pasado.

Ese Oaxaca donde Víctor Hugo Ruiz Ortiz, hermano del gobernador, puede tener la concesión para construir palacios municipales en todo el estado, hagan falta o no. En los Valles Centrales, las sierras Norte y Sur, o el istmo, uno encuentra edificios en obra negra todavía de futuros ayuntamientos que nadie pidió. Idénticos cascarones se ven en Amilpas, cerca de la capital, que en Tanetze, en la sierra Juárez, o en San Antonino. ¿De a cómo será esa gran concesión? se preguntan zapotecos, mazatecos, mixtecos y mestizos. Eso, mientras no hay obra vial, reparación de caminos ni mantenimiento de los servicios. Como dice la asamblea popular de Miahuatlán, el gobierno del estado no toma en cuenta los intereses ni la opinión de los oaxaqueños, sólo las posibilidades de hacer negocio. Similar crítica ha sido constante en la capital con la destrucción de la plaza central, el parque de El Llano o el cerro Fortín (mutilado para una carretera panorámica que podría causar derrumbes y desgajamientos de grandes proporciones), así como muchas "obras" a cargo del hijo del alcalde capitalino.

Aporte mixe

La organización Servicios del Pueblo Mixe (Ser) se pronunció hoy por un nuevo pacto social, un nuevo orden jurídico y una nueva sociedad en Oaxaca, ante "la grave situación de violencia e ingobernabilidad, en el que el nivel de agresión estatal hacia la sociedad se ha acentuado, y tomando en consideración que el gobierno federal y el Congreso de la Unión no han querido intervenir para atender los legítimos reclamos y las aspiraciones de los oaxaqueños".

La junta de coordinación de Ser reconoce "el esfuerzo y el trabajo del magisterio democrático y la APPO por atender las causas profundas de las injusticias. Sabemos que la lucha que libran forma parte de un proceso más amplio en el que están muchos mexicanos, incluidos nuestros pueblos indígenas, por lograr una patria con justicia, libertad y democracia. Reconocemos su vocación pacífica y les pedimos que persistan en este camino". Los mixes condenan "la violencia y la represión de quienes detentan el poder político y económico", en contra de la sección 22 y la APPO.

Llaman a encauzar "por la vía del dialogo, las causas profundas y estructurales que mantienen a nuestra sociedad y nuestros pueblos en opresión, injusticia, discriminación y exclusión, y que son las razones más elementales que han animado la lucha de la sección 22, la APPO y el movimiento indígena". En consecuencia, Ser urge al gobierno federal "y en especial al Congreso de la Unión, por conducto de la Comisión Permanente, para que en uso de las facultades que la Constitución les confiere, intervengan en la solución del conflicto". Para tal efecto, se propone "una comisión de legisladores que constate la situación de violencia e ingobernabilidad que priva en nuestra entidad, para proceder a la declaratoria de desaparición de poderes y el nombramiento de un gobierno provisional en los términos del artículo 76, fracción quinta, de la Constitución". Para ello, resulta "indispensable" establecer el marco jurídico para un proceso de diálogo y negociación "con la participación de todos".

En este contexto, Ser llama a las autoridades municipales y comunales de los 16 pueblos indígenas de Oaxaca "para que nos organicemos a fin de garantizar una verdadera transformación social, más allá de cambios superficiales (...) que consagre las justas aspiraciones y reivindicaciones del magisterio y de todos los sectores sociales, en especial los derechos de los pueblos indígena". El pronunciamiento concluye que "la solución que construyamos desde Oaxaca puede servir para una verdadera transformación de todo el país". Firman Salomón Maximiano Emeterio, Adelfo Regino Montes, Hugo Aguilar Ortiz, Sofía Robles Hernández e Hildeberto Díaz Gutiérrez.