La derecha de Santa Cruz, en emergencia por el sistema de votación en la Constituyente
Acusa oposición a Evo Morales de preparar un golpe de Estado contra la democracia
La Paz, 23 de agosto. El opositor partido Poder Democrático y Social (Podemos) acusó al gobierno del presidente Evo Morales y a su partido Movimiento al Socialismo (MAS) de pretender darle un "golpe de Estado a la democracia" en la Asamblea Constituyente, al querer imponer que en ella las decisiones se tomen por mayoría -que la tiene- y no por dos tercios.
"La Constituyente se declararía originaria y fundacional", alertó el asambleísta Jorge Avila, de Podemos, quien consideró que esta situación traería consecuencias jurídicas y políticas.
"La Asamblea, ya con poderes ilimitados, comenzaría a gobernar con decretos constituyentes. Evo pondría su cargo a disposición de la Asamblea, que lo ratificaría como presidente del nuevo régimen revolucionario y le delegaría poderes extraordinarios", dijo el asambleísta.
Previó que la Constituyente y el gobierno de Morales estarían facultados para cerrar el Congreso, intervenir el Poder Judicial y las prefecturas (gobernaciones), así como los municipios.
"Todo esto configura un golpe de Estado para instaurar una dictadura neocomunista que rompería el marco de convivencia institucional y que aislaría a Bolivia a escala internacional, ya que violaría la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos", advirtió.
Raúl Prada, constituyente del MAS, explicó que este carácter originario significa una forma de establecer "el punto de partida del nuevo Estado, de la nueva Constitución, de la nueva nación y de la nueva sociedad", pero eso "no quiere decir que en esta coyuntura, en este momento, cerremos nuestro propio gobierno y cerremos el Congreso", aseveró.
Por otra parte, el dirigente de Podemos y ex presidente del país, Jorge Quiroga, aseveró que el gobierno realiza una "política de persecución" al someter a juicio a cinco ex mandatarios para "encubrir actos dolosos con visas de corrupción" en la industria petrolera nacionalizada.
Quiroga es uno de los ex funcionarios contra quienes la Corte Suprema de Justicia pidió autorización al Congreso para iniciarle proceso. Los otros son Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé, mientras que el de Gonzalo Sánchez de Lozada se inició en 2004, todos acusados de haber firmado con las transnacionales petroleras contratos lesivos a los intereses del Estado boliviano.
Contra Jaime Paz Zamora se reabrió el juicio de los "narcovínculos", que sus allegados consideran "cosa juzgada".
Por su parte, el Comité Cívico Pro Santa Cruz se declaró en emergencia por la pugna en el sistema de votación de la Asamblea Constituyente al compartir la argumentación de Podemos, así como ante el anuncio gubernamental de que redistribuirá 2.7 millones de hectáreas de latifundios que existen en el campo cruceño.
De su lado, la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia y la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa manifestaron su apoyo a la posición del MAS de toma de decisiones en la Constituyente por mayoría (50 por ciento más uno), e informaron que instalarán oficinas en Sucre para dar seguimiento a los trabajos y supervisar que los asambleístas recojan las demandas populares en la redacción de la nueva Constitución.