La cancillería insiste en pedir su extradición
Diálogo entre Gobernación y mineros; el tema, reconocer a Napo
La Secretaría de Gobernación reveló ayer que instalará una mesa de diálogo y negociación con el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), en la que uno de sus temas principales "tiene que ver con el reconocimiento oficial del dirigente depuesto" Napoleón Gómez Urrutia; sin embargo, en sentido contrario, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) continúa sus acciones diplomáticas ante el gobierno de Canadá para pedir la extradición del dirigente.
En una postura diferente a otras dependencias, Gobernación buscará definir una agenda de trabajo con el SNTMMSRM en torno a los temas que competen al sector y al gobierno federal a fin de lograr acuerdos.
Se espera que en la mesa de trabajo, a instalarse en los próximos días, se resuelva si el gobierno federal dará la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como secretario general de dicho sindicato; inclusive Gobernación dijo confiar en que se alcanzarán resultados positivos, "siempre con estricto apego a la ley".
En cuanto a la SRE, Napoleón Gómez Urrutia envió una carta al canciller, Luis Ernesto Derbez, en la que le solicita que cese las acciones diplomáticas para pedir su detención provisional en Canadá.
En la misiva, Gómez Urrutia señala que el gobierno mexicano habría hecho una solicitud al gobierno de Canadá para detenerlo y extraditarlo, por lo que, en su opinión, se está utilizando la política exterior mexicana para arreciar una persecución política en su contra como lo evidencian los procedimientos judiciales y de investigación que se le han seguido.
En un documento asegura que el tratado de extradición no es aplicable jurídicamente ya que requiere de las adecuaciones constitucionales necesarias, lo que hace que su estructura no satisfaga los principios rectores vigentes en su tiempo.
De esta forma, la intervención de la SRE, al solicitar al gobierno de Canadá la detención provisional con fines de extradición, sería contraria a la Constitución, el Tratado Internacional, Ley de los Tratados Internacionales, la Ley de Extradición y de los Derechos Humanos.
Agregó en este sentido que el tratado de extradición entre los gobiernos de Canadá y México, promulgado el 21 de septiembre de 1990, no se le realizaron las adecuaciones constitucionales, cuando en 1993 y 1999, se llevaron a cabo reformas al sistema de garantías constitucionales de carácter penal. Además esta ley no se puede aplicar en forma retroactiva, y mucho menos responder a órdenes de aprehensión por "jueces de consigna".
Según recordó Gómez Urrutia, la persistente persecución de la que es objeto, comenzó cuando se opuso a la reforma de la Ley Federal del Trabajo y otras acciones del gobierno federal.