Exigen esclarecer el asesinato del impartidor de justicia
Estado de sicosis entre jueces por la ejecución de Nieto Contreras
El asesinato del juez federal Hilario Nieto Contreras, la semana pasada, generó un "estado de sicosis" entre algunos impartidores de justicia que tienen a su cargo juicios relacionados con actividades del crimen organizado, y provocó la inconformidad de varios jueces de distrito que consideran incongruente el hecho de que testigos protegidos por la Procuraduría General de la República (PGR) sean custodiados hasta por el Ejército, mientras que muchos juzgadores carecen de guardaespaldas, lo que los convierte en un flanco vulnerable de ataques de delincuentes.
Entrevistados ayer en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), luego de su participación en el curso de capacitación sobre técnicas y destrezas de litigio adversial y oral que imparte el gobierno británico en México, los jueces federales con sede en el Distrito Federal, Alejandro Caballero Vértiz, César Arturo Flores Ramírez y José Leovigildo Martínez Hidalgo, coincidieron en señalar que si bien no todos los impartidores de justicia han recibido amenazas de muerte durante el desempeño de su trabajo, si es indispensable que quienes lo soliciten reciban de inmediato "protección especializada", porque "nuestro trabajo implica un riesgo latente".
En México es un hecho poco usual el que los jueces federales otorguen entrevistas a los medios de comunicación, pero ayer fue la excepción.
En su oportunidad, Leovigildo Martínez, titular del juzgado 14 de distrito de procesos penales del Reclusorio Sur indicó que "no es posible que dos camiones repletos de soldados del Ejército protejan mejor a un testigo de la PGR que a un juez que juzga delincuencia organizada; aún así nosotros seguimos con nuestro desempeño y ello no nos amedrenta de ninguna forma".
Refirió que hace dos años recibió una amenaza de muerte de parte de un sujeto al que procesó por un caso de delincuencia organizada, por lo que utilizó un vehículo blindado durante seis meses.
De su lado, Alejandro Caballero, responsable del juzgado sexto en materia penal del Reclusorio Oriente reveló que ayer, cinco días después de la ejecución de su compañero Nieto Contreras en el estado de México, "la sicosis no se dejó esperar, pues en la mañana, cuando iba rumbo al trabajo y vi a una persona armada que siempre veo, de los que custodian el dinero, de repente dije: no me vaya apuntar (con su arma) a mí".
Dijo que sí es necesaria la custodia permanente de parte de elementos policiacos que les garantice llegar con bien de su casa al trabajo y viceversa, además de que indicó que la opción de blindar los automóviles de los juzgadores es necesaria.
"Hasta el momento no he sabido que esas medidas sean obligatorias para todos nosotros, pero no dudaría que así sucediera, porque no se trata sólo de cuestiones personales, sino de la vida y la integridad personal de los jueces y magistrados; ya (los delincuentes) se están metiendo con el Poder Judicial Federal y no es el primer caso de asesinato de un juzgador", puntualizó Caballero Vértiz.
El juez Arturo Flores Ramírez, titular del juzgado tercero de distrito del Reclusorio Norte, aseguró en su momento que en lo personal no piensa solicitar seguridad las 24 horas, pero "lo que sí quiero pedir a la PGR es que se le dé seguimiento al caso del homicidio de nuestro compañero, para que se resuelva de inmediato y no siente un mal precedente".
Aclaró que si la autoridad ministerial encuentra y castiga a los responsables de la ejecución, "los juzgadores nos sentiríamos seguros porque se hizo justicia; el riesgo es latente aún con escolta y carro blindado, pues estamos como en un juego de lotería".
A su vez, el juez federal Ranulfo Castillo indicó en entrevista telefónica que la creación de jueces "sin rostro" o "especializados en delincuencia organizada" sería una determinación "peligrosa para los compañeros seleccionados, ya que estarían muy inseguros en este país donde todo se sabe por los medios de espionaje existentes".