Incomprensible, la pasividad que ha asumido el Legislativo sobre el tema, señala

Urge reforma a Ley de IPAB, en apoyo a pequeños deudores: González Schmal

CIRO PEREZ SILVA

El legislador por Convergencia Jesús González Schmal demandó ayer a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el dictamen urgente de la minuta con proyecto de decreto, aprobada por la Cámara de Senadores el 8 de diciembre de 2005, y que la 60 Legislatura asuma la responsabilidad de dar curso inmediato a las reformas de la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en particular la del artículo 62 bis, para que los pequeños deudores puedan pagar sus créditos a precios razonables y recuperar sus garantías.

Con esa reforma, cientos de miles de familias podrían recuperar sus viviendas y calidad de vida, en vez de que se vendan a terceros los bienes de los que se les quiere desalojar.

En la exposición de motivos, González Schmal insistió en que la transferencia de un fideicomiso particular, como lo fue el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobapra), a deuda pública, a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), ha significado el más cuantioso quebranto de la historia no sólo a las finanzas públicas del país -de más de un billón 200 mil millones de pesos-, sino también a millones de pequeños deudores.

Esos pequeños deudores, indicó, "fueron víctimas" de las pugnas intragabinete sexenal cuando (Ernesto) Zedillo se negó a confirmar al secretario de Hacienda de (Carlos) Salinas, Pedro Aspe, y en su lugar improvisó a Jaime Serra Puche, "provocando no sólo la fuga para la especulación cambiaria que benefició a los más encumbrados magnates de la banca, sino que detonó, con la depreciación del peso, la más alta tasa de inflación y el alza desorbitada de intereses en los créditos de millones de deudores".

Destacó la paradoja de que con la deuda interna del país se hubieren saneado instituciones bancarias que después, sin pago de impuestos, se trasladarían a consorcios internacionales que obtienen, con el pago de comisiones por los servicios que prestan, las más altas utilidades a escala internacional. En cambio los pequeños deudores que debían su hipoteca, el pago de sus tarjetas o las mensualidades de un automóvil económico sufrieron irremediablemente la carga de toda esta tragedia nacional.

A la fecha, los cesionarios de las carteras de los bancos compradas por el IPAB continúan desalojando de sus viviendas, con el uso de la fuerza pública, a los deudores que no pudieron cumplir con sus obligaciones.

"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, insensible al drama de las familias mexicanas afectadas, no repara en que los beneficiarios del IPAB, como los Bribiesca Sahagún, sigan adquiriendo las garantías de los créditos que a precios irrisorios se les ceden para lucrar en grado excesivo. En contraposición detiene, a través de argucias, la aprobación de la reforma al artículo 62 de la Ley del IPAB, una primera presentada en noviembre de 2004, y la que nos ocupa, que fue aprobada en diciembre de 2005 por la Cámara de Senadores".

Esa reforma, agregó, "da oportunidad a los deudores pequeños para que paguen su adeudo a niveles incluso superiores a las cantidades que en las subastas se les adjudica a los postores seleccionados por el IPAB".

Aseveró que la pasividad que sobre el tema ha asumido el Poder Legislativo resulta incomprensible, además de que la cartera rescatada a los bancos ha sido regresada a los mismos a través de las grandes compradoras de cartera a un mínimo valor, para que ellos cobren el valor original; de ello resulta que el precio que pagaron por la cartera es de 15 centavos por peso y pretenden venderlo a un peso con 80 centavos.