Seis de los 11 ministros se oponen a la postura de Mariano Azuela Güitrón
El pleno de la Corte debe fundamentar si investiga violación al voto, plantean
Seis de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se oponen a la opinión de su presidente, Mariano Azuela Güitrón, y están en favor de que el pleno determine si se ejerce o no la facultad prevista en el artículo 97 constitucional para investigar la presunta violación al voto público en la elección presidencial del 2 de julio pasado.
De acuerdo con cartas enviadas por los ministros a los representantes legales de los 16 mil 806 ciudadanos que solicitaron al máximo tribunal ejercer su facultad de investigación e información obtenida en la Corte, los ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro Góngora Pimentel y José Ramón Cossío argumentaron que no emitirían un juicio jurídico sobre la petición planteada el 17 de agosto pasado, porque está pendiente de resolverse el recurso de reclamación 235/2006, en el que se combate el acuerdo emitido por el ministro Azuela sobre el mismo tema.
Extraoficialmente se sabe que Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero -quienes hasta ayer no habían contestado por escrito a los solicitantes- consideran que el pleno debe resolver si ejerce o no la facultad prevista en el artículo 97 constitucional, y que en ese momento cada uno de los 11 integrantes fije su postura en la que fundamente y motive sus razones.
A decir del doctor Elisur Arteaga, uno de los representantes legales de los más de 16 mil ciudadanos, de la respuesta del ministro Góngora Pimentel "se desprende que va a tratar el tema ante el pleno", y es que el ex presidente de la Corte indica en su misiva: "por mandato legal no me es posible adelantar la opinión jurídica que en su momento expresaré en la sesión del pleno", además de que prometió tomar "en cuenta todos los elementos disponibles".
La SCJN no puede eludir su responsabilidad
Ante esta ruta inédita en la historia de la SCJN, y ante la remota posibilidad de que prosperara la solicitud -según reconocieron ministros consultados-, hay quienes consideran que en caso de que la revisión del recurso de reclamación -cuyo proyecto será presentado por la ministra Luna Ramos- sea después de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección presidencial, entonces el asunto debe "sobreseerse", es decir, desecharse por extemporáneo.
En cambio, hay quienes opinan que la Corte estaría en condiciones de determinar si interviene o no, una vez que los magistrados electorales emitan su resolución, es decir, dependiendo de cómo se resolvió el asunto.
En este contexto, trascendió que unos ministros opinan que el máximo tribunal no puede eludir su responsabilidad en este asunto poselectoral.
"Que la Corte determine si procede o no la investigación, pero que fundamente sus razones ante la sociedad", señalaron fuentes de primer nivel.
Por otra parte, cuatro ministros (Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls Hernández) se plegaron a la postura del ministro presidente Mariano Azuela de que la solicitud planteada -pese a que en ésta se advierte que de no resolverse el conflicto se pondría en riesgo la paz social- es "notoriamente improcedente".
En una carta conjunta dirigida al abogado Francisco de Paula León Olea -otro de los representantes legales de los intelectuales, artistas, políticos y ciudadanos que piden que la Corte investigue la violación al voto público-, los cuatro ministros respondieron:
"Los tenemos por presentados como ciudadanos mexicanos; no propondremos al pleno de la SCJN la práctica de la averiguación respecto de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y carecemos de facultades para formular al TEPJF la solicitud a que se refieren".
Una vez conocidas las opiniones de los 11 ministros, sólo falta que la ministra Luna Ramos elabore su proyecto de dictamen y que el ministro presidente lo agende de inmediato por ser un asunto "de urgente y obvia resolución".