Editorial

Subversión, falso problema

La polémica entre el gobierno federal y el de Oaxaca en torno de la supuesta presencia de grupos guerrilleros en el conflicto que afecta a esa entidad es una expresión más de las pugnas entre panistas y priístas que ha sido en todo momento telón de fondo del desarrollo de la situación de ingobernabilidad. En tanto que el aún gobernador Ulises Ruiz y el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Enrique Jackson, se empeñan en atribuir el conflicto a "grupos armados" y a una presunta "guerrilla urbana", el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, sostiene que "no tenemos indicios para pensar en la presencia de grupos subversivos".

La discusión está fuera de lugar. De acuerdo con la información disponible, los únicos grupos armados que han venido actuando en la entidad son los pistoleros enviados por la autoridad estatal a agredir a integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), y por lo demás no hay elementos, en efecto, para atribuir la desestabilización del estado a designios subversivos de organizaciones político-militares.

El debate tiende a ocultar, en cambio, las razones reales de la crisis oaxaqueña, que son hondas y múltiples: empiezan en las ancestrales condiciones de marginación, atraso económico, social y político que afectan a la mayor parte del estado, y continúan en un ejercicio corrupto, antidemocrático y faccioso del poder público a lo largo de muchas administraciones estatales y federales. Tradicionalmente, los problemas sociales de la entidad han sido desatendidos por las autoridades de los tres niveles de gobierno, y en los últimos años ese abandono se ha acentuado por la pugna entre la alianza de la Presidencia foxista y Elba Esther Gordillo, por un lado, y el madracismo que controló, o que aún controla, al Partido Revolucionario Institucional, por el otro.

La lucha de los trabajadores de la educación, y posteriormente la conformación de la APPO, constituyen, a fin de cuentas, expresiones del enorme descontento social ante la rapacidad facciosa del gobierno local y la indolencia fantasiosa del federal. Ese descontento tenía que expresarse, tarde o temprano, de alguna manera. Los agravios del poder son tan hondos y graves que habrían podido generar una insurrección armada y un auge de organizaciones guerrilleras, pero no ocurrió así: la inconformidad se ha manifestado en forma de un movimiento que exige la renuncia del gobernador y la construcción de un nuevo orden institucional para el estado.

A la luz de la crisis oaxaqueña, la "absoluta calma" en el territorio nacional de la que el presidente Vicente Fox presumió hace unos días ante informadores alemanes es, por supuesto, un ejercicio de ficción, pero no es menos ficticia la paranoia de subversión armada que exhiben ahora los priístas. Ambos extremos argumentales no logran más que confundir y enturbiar más, si cabe, el escenario de la crisis oaxaqueña, y distraer la atención del monumental déficit de gobierno ­estatal y federal­ que desencadenó el conflicto en curso. Constituyen, las dos posturas, un intento de políticos y funcionarios de lavarse las manos y eludir responsabilidades. El problema de Oaxaca no es la guerrilla, sino la pobreza, la corrupción, el atraso, las inveteradas prácticas antidemocráticas y el mal gobierno de priístas y panistas.