Legitimidad necesaria
A lo largo de diez años el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de numerosos reconocimientos por la pulcritud de su trabajo y, en todos los casos, los partidos políticos han acatado sus resoluciones. Esta vez, el proceso electoral no ha terminado, y ya el tribunal ha sido objeto de una tupida lluvia de insultos, recriminaciones, anticipaciones reprobatorias acerca de lo que puede ser su resolución, y un conjunto masivo de acciones de presión política.
El proceso electoral en su dimensión presidencial terminará cuando el tribunal emita su juicio definitivo. Por ahora aún está en la llamada etapa instruccional. Esta etapa "abarca y comprende todos los actos procesales, tanto del tribunal como de las partes en conflicto, cuanto a los terceros ajenos a la relación sustancia, actos por los cuales se precisa, se determina el contenido litigioso; y por los cuales también se desarrolla la actividad probatoria y formulan igualmente las conclusiones o alegatos de las partes. En la etapa de instrucción el objeto que se persigue es -precisamente- instruir al juzgador" (véase http://www.universidadabierta.e
du.mx/Biblio/E /ESCOBAR).
La segunda etapa del proceso es la del juicio y en ella "solamente se desenvuelve una actividad por parte del órgano jurisdiccional, momento en que el juzgador o los juzgadores, si se trata de un órgano jurisdiccional colegiado, emiten, dictan, o pronuncian la sentencia jurisdiccional definitiva que viene a terminar con el proceso y a resolver la contienda, el conflicto de intereses" (op. cit.).
El tribunal no cuenta aún con todos los elementos sistemáticos para dictar su sentencia en la segunda etapa. Dado el expediente sin tacha con el que cuenta, los ciudadanos esperamos un dictamen transparente y contundente: la sentencia, además de ser plenamente legal, debe coadyuvar a crear una legitimidad óptima, a pesar de tratarse de un tribunal de derecho, no uno político o de conciencia.
El origen de esta algo anómala situación para el tribunal se halla en la arrogante e impolítica posición del PAN y del PRI al integrar el nuevo órgano colegiado del IFE, excluyente y falto de credibilidad de entrada. Luego vino el tozudo exceso de actos rayanos en la ilegalidad o presuntamente ilegales, cometidos por el gobierno de Fox, y el rosario de errores (¿sólo errores?) del IFE en el manejo informativo de un proceso que terminó con una estrechísima diferencia entre Calderón y AMLO.
Es claro que una de las partes quedará necesariamente inconforme con el dictamen. Es comprensible que, hasta el día de hoy, la coalición se halle esforzándose por amplificar en los medios, al máximo, la información electoral irregular que ha ido obteniendo. Pero el tribunal requiere crearse un muro inexpugnable frente a las presiones mediáticas, precisamente porque se trata de un tribunal de derecho: su referente sólo son las leyes.
Entretanto, cada día el lector de medios se enfrenta a abigarradas informaciones procedentes de las tareas que se realizaron en los distritos, formuladas por la coalición y un persistente silencio del PAN.
La sentencia que emitirá el tribunal abrirá una nueva etapa política en México. Por supuesto, el problema principal es el alcance de la desunión que quedará entre los mexicanos, y el grado de ilegitimidad con el que dará inicio la nueva administración. Diversos indicios hablan de que en el PAN se cree que si el tribunal falla a favor de Calderón, la legalidad de la sentencia se traducirá ipso facto en una legitimidad política suficiente; nadie debiera asombrarse de que en la coalición exista la misma creencia.
Las cosas han sido llevadas demasiado lejos por los actores políticos, de forma tal que en el horizonte se asoma una nube de ingobernabilidad (entendida como grupos numéricamente significativos con eficacia de acción, que dan la espalda a las instituciones).
La situación es ésa para cualquiera que fuera el favorecido, aunque los actores y vías de la ingobernabilidad serían distintos. Para el PAN sería absolutamente inconcebible, pero si las informaciones que ha dado a los medios la coalición son correctas, la cuenta electoral puede dar un vuelco inesperado hasta para la coalición.
Una vez dictada la sentencia, la posición de ilegitimidad para el favorecido seguramente se agravará. Todos los partidos políticos -mucho más los tres "grandes"- estarán frente a una responsabilidad histórica cuya magnitud es imposible exagerar.
AMLO y Calderón no debieran olvidar que ambos obtuvieron alrededor de 20 por ciento de los votos potenciales del padrón: no cuentan, ni de lejos, con el favor activo de las grandes mayorías. Su presencia política es raquítica en un marco de acentuada polarización. Con ello su gestión se antoja complicada en el extremo.
Si los datos de la coalición son correctos y se agregan las irregularidades del periodo de campaña, no es impensable la anulación de la elección. Acaso ésta sea la mejor salida en el largo plazo para el futuro nacional.