La otra convención
La idea de una convención nacional es correcta; sin embargo, el concepto de convención que se propone, segregado y marginal, no lo es.
En 1994 la Convención Nacional Democrática (CND), convocada por el EZLN, tenía por objetivo trasladar los propósitos programáticos de la insurrección del 1º de enero de ese año a la sociedad civil, movilizada por una paz digna, pero también agradecida con las naciones indígenas que desde aquel rincón habían dignificado a los mexicanos el día en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, que el gobierno de Carlos Salinas había negociado con Estados Unidos y Canadá en abierta desventaja contra los intereses de los mexicanos. Prácticamente todas las estructuras territoriales, sectoriales, políticas, sociales y progresistas acudieron a subirse a aquella nave que buscaba reafirmar las razones legítimas de una insurrección, pero que no tenía la fuerza suficiente para imponer condiciones más allá de los derechos indígenas. Con estas limitaciones buscaba unificar a los más contra el proyecto conservador, entreguista, autoritario y oligárquico; como se ve, era una convención parcial.
A 12 años de la CND es imposible no ver el retroceso que ha generado la visión marginal, sobre todo luego de tener 35 por ciento de legitimidad en las urnas (reconocido hasta hoy por el IFE), lo que podría ser motor y base de una convocatoria histórica nacional.
La convención del 16 de septiembre, pese a que es convocada por quien obtuvo más de un tercio de la votación expresada en las urnas el 2 de julio, y a que podría dar pie a un paralelismo con la que se celebró en 1914 en Aguascalientes, se queda en mero hecho testimonial al no haber convocado a las fuerzas políticas contrarias, ya que separadamente, por la distribución del voto, gane quien gane la Presidencia no tendrá capacidad de hacer gobierno, menos transformaciones, sin hacer alianzas. El llamado limitado a una convención en la que únicamente participen los convencidos del fraude o del lopezobradorismo sólo arrinconará al movimiento y abre la posibilidad a que el PRI, el PAN y Nueva Alianza, a través de sus diputados y senadores, hagan una convención de acuerdos e impongan a partir del 1º de septiembre las reformas neoliberales de segunda generación, pues contarán con más de 65 por ciento de los votos en el Congreso.
Esta convención, surgida de una convocatoria marginal, conducirá más a la frustración que a las reformas, pues deja el camino libre a las otras fuerzas para imponer las privatizaciones y el rumbo económico, político y social del país.
Con el 35 por ciento reconocido, antes de la resolución del tribunal electoral era importante responder a Felipe Calderón y a Acción Nacional, a El Yunque y a todas las fuerzas conservadoras y de derecha con una convención nacional en la que se llevara a cabo la reforma constitucional, una vez que se reconoce que el 2 de julio los mexicanos optaron por decisión legítima y en las urnas que el viejo régimen presidencialista llegó a su fin, pues el que quede ya no tendrá el poder y la centralidad de los mandatarios de antes. Una respuesta contundente a la propuesta de Calderón de integrar un "gobierno de coalición o unidad nacional" habría sido llamar a una convención de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, intelectuales, legislativas, culturales, educativas en una idea incluyente para integrar y votar un nuevo proyecto de Constitución. Quien convocara y sentara en la mesa a todas las fuerzas, no necesitaría portar la banda de una institución decadente.
En vez de que los campamentos estuvieran arrinconados por el malestar ciudadano, el PAN y Calderón estarían cercados programáticamente y la fuerza del 35 por ciento convocante ampliaría su poder vía alianzas. ¿Se imaginan una convención nacional que sacara de la clandestinidad a El Yunque y a los sectores oligárquicos? ¿No sería un logro democrático que todo el país expusiera sus propuestas, soluciones y objetivos? Una convención sería el espacio democrático para debatir el rumbo del país y votar desde las urnas por leyes. Los ciudadanos en las urnas sería el nuevo constituyente y no los partidos en crisis.
La tarea sería emplazar a una convención con reglas claras de igualdad en el debate, donde las posiciones contradictorias no las decidiera la convención o los diputados, sino los ciudadanos en las urnas. Esto sería una convención más parecida a la de 1914 y una respuesta al agotamiento de las instituciones del viejo régimen. La recién convocada convención parece la salida política a la consigna "voto por voto", pero carecerá de trascendencia si se convierte en acto gregario de autoconsumo.
Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son susceptibles a la presión; las fuerzas políticas sí, por ello, los interlocutores ya no deberían ser ellos, sino todos los actores políticos. Debatir cara a cara con todos en una convención sería histórico y refrescante para el país, pues se estaría en la pelea ideológica y política buscando solución a los grandes problemas de México y sus vías y las fuerzas progresistas serían protagonistas centrales. Esa sería la otra convención.