Alertan sobre la impunidad en abusos contra mujeres
Amnistía Internacional (AI), sección México, reconoció las medidas que el gobierno mexicano ha tomado para cumplir con sus obligaciones contraídas con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su siglas en inglés), y así propiciar que se elimine toda forma de discriminación contra ese sector.
Sin embargo, la organización aseveró que el Estado aún debe atender los abusos contra mujeres cometidos directamente por agentes estatales, los cuales no han sido investigados ni se ha hecho rendir cuentas a los responsables; el hostigamiento que sufren las defensoras de los derechos humanos que trabajan para las garantías de mujeres y niñas; y la impunidad que continúa presentándose contra quienes agreden a las mujeres en los ámbitos familiar y social.
En un informe, AI destacó que el gobierno mexicano ha puesto en marcha algunas medidas "relevantes" para atender tal objetivo, pues la primer Encuesta Nacional sobre Discriminación concluyó que 93 por ciento de las mujeres mexicanas consideraban ser discriminadas.
AI expresó que el objetivo de centrar la atención "concretamente en la obligación del Estado parte de prevenir y castigar todas las formas de violencia contra la mujer, como establece la recomendación general 19 del comité de la CEDAW".
Destacó que a pesar de los programas gubernamentales para abordar la discriminación de género y mejorar la posición del sector femenino en nuestra sociedad, definidos en el informe que la delegación nacional presentó el pasado jueves ante el comité, "la impunidad y las violaciones a los derechos humanos y todas las formas de violencia contra las mujeres continúa estando muy extendida en numerosos puntos de México".
Para argumentar esa postura, AI explicó que en el país aún no se incorporan los acuerdos internacionales en derechos humanos al texto constitucional, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en 1999 situar estos acuerdos "por encima del derecho federal y de las leyes estatales".
Pese a ello, indicó la organización pro defensa de las garantías fundamentales, "es un hecho que viene de largo que en los tribunales federales y estatales no se aplica el derecho internacional de los derechos humanos, con lo que se reduce la posibilidad de todas las instituciones estatales de respetar las normas".
Otro elemento que impide que se cumpla con la igualdad de género en el país es que a pesar de que se han presentado "importantes" propuestas legislativas para garantizar esos derechos, los proyectos de los legisladores "sigue esperando la aprobación del Congreso", dijo AI.
Asimismo, indicó que el informe oficial de México presentado ante la CEDAW no facilita información adecuada que permita conocer qué proporción de mujeres que sufren algún tipo de violencia presentan denuncia formal por ese hecho ante las autoridades, ni qué proporción de casos denunciados oficialmente dan pauta para emprender procesos legales contra los culpables; y tampoco cuántos procesos jurídicos terminan en condenas por esos delitos.