Busca demostrar que la guerra sucia de AN y el activismo de Fox son actos premeditados
Entrega la coalición Por el Bien de Todos al tribunal el video de Carlos Ahumada
Las pruebas de carácter superveniente presentadas corroboran las irregularidades, afirma
La coalición Por el Bien de Todos entregó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el más reciente video en el que Carlos Ahumada reconoce una complicidad con el senador Diego Fernández de Cevallos y el ex presidente Carlos Salinas para afectar la imagen de Andrés Manuel López Obrador, con el conocimiento del gobierno federal.
Con ello pretende demostrar que la campaña sucia del PAN y el activismo del presidente Vicente Fox durante la contienda electoral "no eran actos fortuitos o casuales, sino actos premeditados, plenamente articulados y coordinados por Acción Nacional".
En el escrito ofrecido como prueba superveniente en el juicio de inconformidad contra la validez de la elección presidencial, se subraya que con la grabación entregada "puede corroborarse que en el caso de la difusión de los videos en marzo de 2004, al igual que en el caso de la declaración de procedencia, el gobierno federal, en plena coordinación con el PAN, realizaron diversas acciones utilizando la fuerza y los instrumentos del Estado para evitar que López Obrador fuera postulado como candidato a la Presidencia y para buscar demeritar su imagen".
Por otro lado, el magistrado presidente del TEPJF, Leonel Castillo, solicitó al consejo distrital 15 del Distrito Federal la apertura de paquetes de la casilla 4291 básica, a efecto de que le sea enviada el acta de escrutinio original de la misma.
Junto con este requerimiento, ayer todavía los magistrados estuvieron colocando en estrados algunos otros para solicitar listados nominales o el recuento de los ciudadanos que aparecen con la leyenda de "votó" en esos listados, a efecto de remitirlos, en casi todos los casos, a la brevedad.
Paralelamente al video se entregó la grabación de una entrevista con Fernández de Cevallos en donde asume expresamente como válidas las pláticas con Ahumada, y en donde refiere que en su momento se utilizaron con evidentes fines políticos contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.
En el documento que acompañó a la videograbación, la coalición Por el Bien de Todos recuerda a los magistrados que para realizar la calificación de la elección presidencial deben, en todo momento, verificar que durante cada una de las etapas del proceso electoral se hayan atendido las disposiciones constitucionales y legales, de tal forma que "si se vulneró aunque sea una sola de las máximas constitucionales electorales, no sería posible realizar la referida declaratoria de validez de la elección".
Los argumentos se orientan a enfatizar este último aspecto, bajo el supuesto de que "no es constitucional o legalmente factible que la sala superior del TEPJF realice la declaración de validez de la elección de presidente, ni la declaratoria de presidente electo, pues en los señalados comicios se violaron de manera grave los principios rectores del proceso electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, equidad y elecciones libres, auténticas y periódicas y, por ende, no puede considerarse que la elección haya sido democrática".
Se sostiene que en los comicios presidenciales se violó el principio de elecciones libres, ya que por distintos medios "se coaccionó la voluntad de los electores y se buscó en todo momento infundir miedo a los ciudadanos", respecto a la coalición Por el Bien de Todos. También se transgredieron otros principios en razón de que la equidad de la contienda no puede ser una mera formalidad.
En el escrito, la coalición hace referencia a todas las irregularidades que, a su juicio, se cometieron a lo largo del proceso electoral, entre las que destaca la campaña negativa del PAN, la cual define como "de la mayor gravedad", porque se realizó a lo largo de toda la contienda; porque el IFE fue omiso en tomar medidas inmediatas y efectivas para cesarlas; porque tuvo una clara incidencia en la contienda ya que a partir de su difusión "ilegal" comenzó a reducirse la diferencia en las preferencias electorales, y porque el margen de ventaja entre primero y segundo lugares fue muy estrecho.
Además, a esta campaña de "odio y de mentiras" se deben añadir las posturas de Fox, "quien utilizando el acceso privilegiado a los medios masivos de comunicación y la influencia que puede generar sobre los ciudadanos por su alta investidura, se dedicó durante los días previos al proceso a emitir múltiples mensajes en los que llamaba a la continuidad y a denostar a la opción política que representa López Obrador".
Al vincular ambos periodos, la coalición destaca que con las pruebas ofrecidas de carácter superveniente -que "es posible acreditar adminiculándolas con el cúmulo de probanzas"- corroboran las irregularidades registradas durante el proceso, al evidenciar la campaña del presidente Fox para incidir en los ciudadanos; la publicidad gubernamental de programas sociales asociados al llamado a la continuidad; la utilización de esos programas para favorecer al candidato del PAN; la participación de funcionarios públicos y utilización de recursos federales para apoyar dicha campaña, y la participación ilegal de diversas organizaciones durante la campaña".
Todo ello, se concluye, no fueron hechos fortuitos, sino parte de una estrategia para demeritar al candidato de la coalición Por el Bien de Todos, misma que se asocia a la campaña que se hiciera desde la Presidencia para el desafuero del entonces jefe de Gobierno, como lo reconoce Ahumada en el video que se presenta como prueba y en donde se vincula a los personajes arriba citados y que revela una actitud sistemática.