Para el gobernador Ulises Ruiz, todo está en paz, según reportan medios electrónicos

Preocupa a organizaciones civiles el creciente clima de violencia en Oaxaca

Aseguran que el país no atraviesa por una crisis electoral, sino social

Lamentan la falta de instituciones confiables para el buen desempeño del servicio público

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Oaxaca, Oax. 17 de agosto. Se suceden los municipios en protesta y hasta en rebelión contra el gobierno, se declaran en huelga los trabajadores del sector salud en todo el estado, se multiplican las órdenes de aprehensión contra miembros de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), el magisterio y las organizaciones en diversas localidades. Los bloqueos de caminos y bancos son multitudinarios y duran todo el día. Las oficinas de gobierno están parallizadas. La policía municipal de la capital se resiste a salir para hostigar, ya no digamos reprimir, al movimiento social que inunda las calles. Pululan bandas organizadas de golpeadores armados y policías "fuera de servicio" cometiendo fechorías.

Se secuestra a dirigentes y activistas, quienes, tras ser torturados, "aparecen" en separos policiacos donde se les dicta formal prisión, y al otro día los voceros institucionales informan tranquilamente haber "capturado" algún "agitador" o "delincuente", como si ante la movilización generalizada las autoridades pudieran practicar medidas "quirúrgicas" de esas que tranquilizan a los empresarios. Pero oficialmente (o sea según los medios electrónicos masivos), el reporte de Ulises Ruiz es: "Oaxaca en paz".

Teniendo como contexto este idílico escenario concluyó hoy el foro nacional Construyendo la democracia y la gobernabilidad en Oaxaca, con la participación de unas 200 organizaciones civiles y académicas de distintas partes de la República, y mil 486 personas. Luego de dos días de debates, el foro concluyó que en la entidad "se percibe una ausencia de interlocutores políticos para resolver de forma atinada los conflictos sociales", y expresó preocupación por el clima de violencia y el respeto a la libertad de pensamiento, expresión y manifestación.

"Ante la falta de credibilidad de las instituciones de orden público, es indispensable que éstas sean instrumentos legítimos para el cumplimiento de la voluntad popular; no se hizo el pueblo para las instituciones, sino las instituciones para el pueblo", apunta el foro en su declaratoria final. Bajo la presencia tutelar del obispo emérito Samuel Ruiz, el foro exige al Congreso de la Unión "la conformación de una comisión de intermediación para que se dé seguimiento a la solicitud de juicio político y desaparición de poderes que presentaron la APPO y la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el objetivo de que este movimiento no sea ya más reprimido, y que las autoridades que lo han hecho vayan a la cárcel".

''No es un problema local, sino nacional e internacional''

Al fin de su segunda jornada deliberativa, el foro estableció que, "más que una crisis electoral, el país atraviesa una crisis social", de la que Oaxaca es la principal confirmación. "No es un problema local, sino de envergadura nacional e internacional", y en él se expresan "las principales manifestaciones del autoritarismo en México".

El diagnóstico colectivo, en el cual participaron académicos, activistas, autoridades municipales y comunitarias, intelectuales indígenas y mestizos, así como centenares de maestros de diversas entidades, resalta "la falta de instituciones confiables para el buen desempeño del servicio público. La violencia constante promovida desde el gobierno, junto al uso ilegítimo de las fuerzas de seguridad pública, evidencian la crisis de gobernabilidad en el estado".

Mientras Ulises Ruiz pepena y obtiene el respaldo de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y los medios nacionales tienden un cerco informativo que permite a estos actores "ganar tiempo", la inestabilidad en Oaxaca es abonada, según el foro, por "la falta de respeto a la autonomía municipal y el ataque a autoridades legítimas que no se pliegan a la voluntad del Ejecutivo estatal".

En su visita a la entidad, los participantes externos del foro constataron "el movimiento organizado que instituyó la APPO como mecanismo para poner en marcha la transición política que los oaxaqueños demandan. La impaciencia del pueblo ante el silencio obstinado del gobierno federal ha generado el deseo de construir un nuevo tipo de gobierno estatal". El documento fue leído a muchas voces esta tarde en la plaza de la Danza ante unas 2 mil personas, en un acto cultural y político que concluyó con una marcha hasta el zócalo del Centro Histórico, sumándose a la demanda de la salida del gobernador Ulises Ruiz.

Determinante, la presencia indígena

La importante presencia indígena en los trabajos del foro determinó que "el reconocimiento del pluralismo jurídico y la autonomía de los pueblos, así como la valoración de sus formas de convivencia social y política" fuera piedra angular en la exigencia de una nueva constitución política del estado de Oaxaca. "El eje rector será el bienestar para todas las personas, sin discriminación por etnia, edad, sexo, condición social o creencia religiosa". Por eso mismo, se levantó también la demanda por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Ante la necesidad de un "programa político unitario" que genere alianzas y acuerdos "bajo la premisa de nuestra demanda principal: la salida de Ulises Ruiz Ortiz", se propuso que la APPO promueva la instalación de una "junta de gobierno popular". Que ante la caída "inminente" del actual mandatario se construyan estructuras y la posibilidad de un "gobierno de transición", para lo cual resulta indispensable "el diálogo al interior de las comunidades y los pueblos indios".

El foro se pronunció por la liberación de los presos políticos y de conciencia que han sido ''castigados'' por su participación en el movimiento magisterial y social: Ramiro Aragón, Germán Mendoza Nube, Erangelio Mendoza González, Catarino Torres Pineda, Isaac García, Abraham Ramírez Vásquez, Juventino García Cruz y Noel García Cruz. La exigencia se extendió por la liberación de presos y presas de Atenco. También el esclarecimiento de los diversos asesinatos, el cese al hostigamiento, la represión y las detenciones arbitrarias. De ello se responzabilizó al gobierno estatal y al presidente Vicente Fox, así como de "cualquier acto de represión que se ejerza sobre el movimiento magisterial y popular".

Entre los acuerdos generales del foro, está la integración de una comisión "para avanzar en la defensa de todos los perseguidos y encarcelados por su participación en el movimiento popular", y otra comisión, "técnica, que busque alternativas para la emisión de radio y televisión en todo el territorio oaxaqueño". También se estableció el primero de agosto como Día de la Mujer Oaxaqueña, en recuerdo de la histórica toma "cacerolista" de la radio y televisión gubernamentales.

La inclusión y el respeto a la diversidad ocupó especial atención en las reuniones del foro: "La nueva constitución debe garantizar la no discriminación, la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos en la toma de decisiones y el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios".

La conflictiva social y política mantiene en vilo municipios de todas las latitudes oaxaqueñas: Huautla de Jiménez, Tehuantepec, Pinotepa Nacional, Zaachila, Tanetze, San Antonino y decenas más. El foro que hoy concluyó en esta ciudad sólo delineó el trazo general de alternativas de gobierno y vida política a una protesta amplia que surge de cada localidad, centro de trabajo, territorio comunal o productivo.