Descarta el jefe del GDF modificar la ley para menores
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, descartó devolver con observaciones a la Asamblea Legislativa (ALDF) la Ley de Justicia para Adolescentes, que aprobó el miércoles el órgano legislativo, pues el anteproyecto respectivo, indicó, cumplía plenamente las funciones derivadas de la reforma constitucional que transfiere a las entidades el sistema de justicia penal para menores infractores.
"Es una buena ley, el anteproyecto que nosotros conocimos era un buen texto", afirmó, y consideró que en caso de que sea necesaria alguna modificación al documento, ésta podría realizarse mediante una iniciativa de reforma en el próximo periodo ordinario de la ALDF.
Encinas explicó que la revisión del ordenamiento lo harán la Procuraduría General de Justicia, las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública y la Dirección General de Ejecución de Sanciones Penales.
En el caso particular de los juicios orales, Encinas dijo estar a favor y rechazó que contravengan lo dispuesto en convenciones internacionales, donde se enfatiza la necesidad de proteger la identidad de los menores. Explicó que puede haber juicios orales no públicos, así como hay audiencias con menores en las que se restringe el acceso.
Según datos de las autoridades judiciales y de los diputados locales, en la ciudad de México 14 por ciento de los delitos son cometidos por menores de 18 años, quienes incurren fundamentalmente en robo, en sus diversas modalidades, y posesión de estupefacientes.
Del primero de enero al 31 de julio de este año, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local detuvieron a 23 mil 601 presuntos responsables de delitos. Según cifras de la dependencia, de éstos, 3 mil 296 -14 por ciento- son menores de edad, quienes incurrieron en robo a transeúnte, delitos contra la salud, robo a negocio sin violencia y robo de objetos y accesorios de automóviles.
De esos adolescentes, 85 por ciento, es decir, 2 mil 802, tienen entre 15 y 17 años. Precisamente a esta población se enfocará la ley que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado miércoles. La normatividad obliga a las autoridades locales a crear instancias especializadas (tribunales, fiscalía, defensoría, esquemas de tratamiento interno y externo y áreas administrativas) para su aplicación.
Angel Bolaños, Raúl Llanos y Gabriela Romero