El grupo delictivo movilizó defensores en el país
Abogados de El Tigrillo habían logrado suspensión provisional
El cártel de Tijuana movilizó entre lunes y martes un séquito de abogados penalistas en todo el país con el propósito de confirmar el rumor que llegó en esos días a oídos de varios lugartenientes del grupo delictivo: la supuesta detención en territorio mexicano de Francisco Javier Arellano Félix, El Tigrillo.
La información que poseían los miembros del cártel suponía que elementos de las fuerzas armadas mexicanas lo aprehendieron en algún litoral de territorio nacional, y que después fue puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR) en la ciudad de México.
Con esa información, los abogados solicitaron un amparo y la suspensión provisional para evitar posibles "actos de incomunicación y tortura" en contra el menor de los hermanos Arellano Félix.
Lo anterior integra los argumentos que utilizaron los litigantes en la demanda de amparo correspondiente que se tramita desde la noche del martes en el juzgado octavo de distrito en materia penal del Distrito Federal, revelaron fuentes judiciales.
El juez federal José de José Trujillo Salceda le concedió ayer a Javier Arellano la suspensión provisional, pero aclaró a los abogados defensores del inculpado que sólo será válida para el caso de que "sean ciertos los actos reclamados", es decir, que El Tigrillo estuviera consignado en la SIEDO, lo cual es falso, pues se encuentra detenido en territorio estadunidense.
Según consta en el expediente 838/2006, que se tramita en el juzgado octavo de distrito de amparo, los abogados de quien era el principal líder del cártel de Tijuana señalaron como la principal autoridad responsable de las presuntas violaciones de garantías al fiscal en Delincuencia Organizada de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos.
El presunto narcotraficante, por conducto de sus abogados, expuso que demanda el amparo y protección de la justicia federal ante la posibilidad de que pudiera ser maltratado e incomunicado.
El impartidor de justicia acordó ayer que "para el caso de que el quejoso se encuentre incomunicado, se decreta la suspensión de plano, para que cese cualquier incomunicación, actos degradantes y de torturas físicas".
Además, el impartidor de justicia emplazó a la SIEDO para que rinda informes justificados. En cuanto Vasconcelos notifique al juez Trujillo que la PGR no tiene bajo su jurisdicción a El Tigrillo, la suspensión de plano dejará de surtir efecto y se negará el amparo definitivo al quejoso.