Lilia Cortés García, ex directora de área de la SHCP, fue cesada hace cuatro años
Denuncian presuntos actos de corrupción para encubrir un despido
Acusa a la oficial mayor de la PGR de sobornar a funcionarios públicos
El afán de la ex directora de área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Lilia Cortés García, por ser reinstalada en su cargo -del cual fue despedida en noviembre de 2002-, y las denuncias que ha interpuesto a lo largo de casi cuatro años, en principio han puesto en evidencia supuestos actos de corrupción que involucran a un secretario de Estado, al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la oficial mayor de la Procuraduría General de la República (PGR), a tres magistrados del Poder Judicial Federal, y a otros ocho servidores públicos.
En suma, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició un procedimiento administrativo para investigar a su titular, Eduardo Romero Ramos, y a otros servidores de esa institución; el Consejo de la Judicatura Federal investiga a tres magistrados, y la PGR integra una averiguación previa.
Con el expediente DGII/104/DF/2006 se investiga por actos de corrupción al titular de la SFP, al ombusdman nacional, José Luis Soberanes; a los magistrados que integran el tercer tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del primer circuito, Héctor Arturo Mercado López, Alicia Rodríguez Cruz y Tarsicio Aguilera Troncoso; también es investigada la propia oficial mayor de la PGR, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, ya que supuestamente utilizó alrededor de 60 millones de pesos de la institución en la que labora actualmente para sobornar a los servidores públicos mencionados.
La finalidad de las presuntas entregas de dinero "fueron para evitar que ganara el juicio laboral, y que se archivaran o declararan infundadas las denuncias por el manejo ilegal del presupuesto federal desde la propia SHCP, así como la queja que interpuse ante la CNDH por violación a mis garantías individuales que iniciaron desde mi despido injustificado en Hacienda, y hasta en las investigaciones administrativas y penales que he promovido", afirmó Cortés García.
Aunque el tema de los presuntos sobornos comenzó a ser difundido en abril pasado, el caso retomó importancia al conocerse la supuesta entrega de otros 50 millones de pesos a servidores públicos del Poder Judicial.
Según señala Cortés García, parte importante para dar a conocer las violaciones a sus garantías "han sido diputados y senadores, ya que han estado interesados en dar seguimiento al caso, como ocurrió en agosto de 2005, cuando varios legisladores le reclamaron al titular de la PGR que hubiera aceptado como oficial mayor a Barra y Gómez Ortigoza, quien para esas fechas ya tenía cuatro averiguaciones previas en su contra".
Según Lilia Cortés, en la denuncia menciona que el titular de la SFP y otros servidores públicos podrían haber recibido sobornos, y se funda en copias de tres documentos presuntamente emitidos y firmados por Cecilia Barra y Gómez Ortigoza.
Los dos primeros corresponden a pólizas de pago emitidas en agosto de 2005, "con cargo a nómina confidencial por apoyo a investigación y/o asignación de remuneraciones" por un monto de 16 millones 50 mil pesos; el tercero es una supuesta tarjeta calificada como "confidencial, personal y reservado", con la cual presuntamente se giraron instrucciones para la entrega de 50 millones de pesos a integrantes del Poder Judicial Federal.
Los 10 millones 50 mil pesos se habrían entregado en efectivo de la siguiente manera: cinco millones a Eduardo Romero Ramos; Aída Amanda Chávez Córdoba y Dora Alicia Rodríguez López, dos millones 500 mil pesos a cada una; 50 mil pesos a Gabriel Antonio Faranoni Rodríguez (los tres últimos son empleados de la SFP que revisaron y declararon infundadas varias denuncias interpuestas por Lilia Cortés).
De la segunda partida de seis millones, supuestamente José Luis Soberanes recibió cinco millones, en tanto que miembros de la segunda visitaduría de ese organismo, como Susana Thalía Pedraza de la Llave habría recibido 500 mil pesos; Fernando Batista Jiménez, 250 mil; Arturo González Piñón y Salvador Arias Ramírez, cien mil pesos cada uno; Rodolfo Rueda Martínez, 50 mil pesos.
De acuerdo con la documentación en poder de La Jornada, los funcionarios de la CNDH mencionados estuvieron a cargo del seguimiento e integración de una queja que Cortés García promovió ante ese organismo, quienes finalmente consideraron que la mayor parte de las imputaciones eran infundadas.
Por otra parte, supuestamente la oficial mayor de la PGR habría ordenado, en febrero de este año, a dos de sus colaboradores, Ramón Pineda y Juan Sánchez, que entregaran 50 millones de pesos a los magistrados que integran el tercer tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del primer circuito.
Supuestamente, los magistrados habrían aceptado el soborno enviado por la oficial mayor de la PGR, ya que aprobaron el recurso de amparo interpuesto por la SHCP y por ello pidieron a los integrantes de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que declararan insubsistente su primer laudo -en el cual se le daba la razón a Cortés García-, y ordenaron emitir una nueva sentencia, aunque precisando que su resolución debía ser en sentido contrario al primer dictamen.
Sin embargo, los integrantes de la primera sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aunque declararon insubsistente el laudo dictado en octubre del 2005, sostuvieron sus criterios y por unanimidad, el pasado 30 de mayo condenaron a la SHCP a reinstalar a Lidia Cortés.
Las resoluciones antes mencionadas, así como la copia de la supuesta tarjeta emitida por Cecilia Barra, sirvieron para que el Consejo de la Judicatura Federal diera curso a la queja administrativa 376/2006.