Usted está aquí: miércoles 16 de agosto de 2006 Sociedad y Justicia La crisis institucional en Oaxaca ya se convirtió en problema nacional

Sólo un acuerdo entre Fox, Calderón, el PRI y empresarios sostiene a Ruiz: APPO

La crisis institucional en Oaxaca ya se convirtió en problema nacional

BLANCHE PETRICH

Ampliar la imagen José Díaz Cruz y Joaquín Jiménez, agentes de la Policía Ministerial de Oaxaca, fueron detenidos este martes en el poblado de San Bartolo Coyotepec, luego de que supuestamente irrumpieron en la casa de un dirigente de la APPO Foto: Blanca Hernández

La crisis institucional de Oaxaca ha dejado de ser un problema local. Es un conflicto de dimensión nacional, cruzado por el debate de la crisis poselectoral y convertido en "un gran espejo" sobre la forma en que un pueblo, unido por un profundo sentimiento de inconformidad, puede responder a la imposición de un régimen ilegítimo. Así explican varios representantes de la Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño (APPO) el momento que viven en su estado.

Agregan que la forma en que la administración federal responda a la crisis en Oaxaca, que tiene paralizadas todas las funciones del gobierno, "dará la clave" para la salida que se aplicará en la actual coyuntura nacional, creada por la resistencia a una elección controvertida y sin elementos mínimos de certeza.

"Este es el escenario que puede privar en todo el país si se consuma la imposición del PAN. No se olvide que el movimiento popular, ahora agrupado en la APPO, ya pasó por una coyuntura poselectoral fraudulenta y llegó a una fase donde cristalizó el consenso popular en contra de la gestión antipopular de un gobernante ilegítimo."

Es una entrevista colectiva. La APPO ha enviado a esta capital una numerosa delegación plural para que exponga y explique ante diversos sectores la naturaleza de este movimiento sin precedentes. Hablan para La Jornada Samuel Hernández y Jacqueline López Almazán, de la coordinación provisional de la asamblea; Alejandro Cruz, de la Organización Indígena por los Derechos Humanos; Arturo Pérez Jiménez, de la sección 22 del sindicato magisterial, y Bertín Reyes, del Frente Revolucionario del Pueblo.

Niegan que su movimiento pretenda constituir un "autogobierno popular radicalizado", que suplante y haga peligrar las instituciones del estado. "Eso sólo existe en la imaginación de los conductores de radio y televisión. Lo que nosotros pretendemos es la instalación de un gobierno que responda a los intereses y necesidades populares, algo que el gobernador Ulises Ruiz no ha hecho en año y medio de mandato."

Bertín Reyes, joven abogado, replica a quienes tachan este inédito movimiento regional de radical. "Es al revés. Lejos de todo radicalismo estamos atravesando un debate profundo, buscando consensos, explorando las posibilidades de sentar las bases para crear instituciones que puedan dar al Estado la legitimidad y estabilidad necesarias". Es un proceso apenas en construcción, pero con rasgos "bien interesantes, porque no es una discusión en las cúpulas; es un ejercicio que está saliendo de las bases, de las asambleas", tercia la maestra Jacqueline López.

El salto cualitativo

Lo que ha hecho de la APPO un proceso sin precedente fue el salto que permitió la unidad por encima de las diferencias que históricamente mantuvieron atomizado el rico universo de organizaciones populares en Oaxaca, explican. En eso coinciden perredistas y militantes de otros partidos -excepto del PAN y del PRI- con siglas variadas de agrupaciones civiles, grupos con marcado acento antipartidista, adherentes a la otra campaña zapatista, profesionistas, algunos empresarios, párrocos y colectivos eclesiales de base y más de setenta organizaciones no gubernamentales de las más variadas disciplinas, además de la voluminosa representación del magisterio.

El descontento con el modelo autoritario del gobierno estatal es lo que los aglutina. En aras de su reclamo principal -la caída del mandatario Ulises Ruiz- han hecho a un lado diferencias y disputas, y se han enfrascado en un "gran debate" sobre democracia y gobernabilidad. Precisamente así se llama el foro que se inicia hoy en la capital oaxaqueña -Construyendo la gobernabilidad y la democracia en Oaxaca-, que concluirá el viernes con una presentación del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz. "Sólo queremos una democracia real. No hay agenda oculta", afirma Samuel Hernández.

Este maestro de telesecundaria de Miahuatlán, junto con otros compañeros, habita una tienda de campaña situada frente a la Catedral Metropolitana, en la plancha de Zócalo, vecino de carpa de Andrés Manuel López Obrador, de varios dirigentes del PRD y de muchas delegaciones de toda la República del frente de resistencia civil lopezobradorista. "Con una diferencia -dice-: nosotros llegamos dos semanas antes al plantón del Zócalo. Nuestra lucha contra el fraude en Oaxaca estalló hace año y medio. Ahora confluimos con sus objetivos políticos, estamos en esta lucha nacional contra el autoritarismo, pero con aportación propia. Para los oaxaqueños, el concepto de voluntad popular es muy amplio."

Este dirigente, cuyo nombre aparece en una lista anónima -filtrada por agentes de seguridad- de tres integrantes de la APPO que, se dice, no serían arrestados, sino ejecutados por los emergentes grupos paramilitares, junto con Alejandro Cruz y Rogelio Vargas Garfias, explica: "El hecho de que 70 por ciento de la población oaxaqueña se reivindique como indígena hace que la asamblea y la cultura comunitaria esté en el corazón de todas las decisiones colectivas. Es una realidad muy viva en los municipios, con los usos y costumbres, pero también es raíz viva en las colonias de los centros urbanos. Por eso nuestra forma de organización política tiende mucho a mantenerse integrada con el pueblo. Y por eso los modos autoritarios del gobierno de Ruiz chocan brutalmente".

Ese factor de la cultura política india, sumado a la naturaleza del sindicato de maestros de Oaxaca, que pese a todos las presiones en 22 años de lucha logró mantener una "columna vertebral democrática, estrechamente ligada con la comunidad", es lo que permitió en los últimos meses el salto cualitativo que dio el movimiento popular y magisterial, cuando confluyeron en un solo movimiento las dos grandes ramas: la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el Frente FESOBO-Promotora contra el Neoliberalismo.

Ulises Ruiz, pecado de soberbia

Oaxaca lleva décadas padeciendo gobiernos con rasgos autoritarios, admiten los dirigentes de la APPO. Sin ir más lejos, los dos anteriores a Ulises Ruiz, priístas también, Diódoro Carrasco y José Murat. "Pero ninguno de estos dos, a pesar de todo, tuvieron los rasgos autoritarios que Ruiz manifestó desde su campaña electoral. Nunca hubo un gobernante que combinara la mano dura con el desconocimiento del estado, de la gente. Al no conocer a fondo la problemática, optó por imponer. Nunca nadie, como él, se caracterizó por romper todos los acuerdos, por su incapacidad de sostener la palabra dada. Súmele a todo ello la soberbia como rasgo personal...", terminan la descripción de un explosivo coctel.

Samuel Hernández recuerda que hace dos semanas, el primero de agosto, un grupo de ciudadanos oaxaqueños -él, entre otros- solicitaron a la Cámara de Diputados una declaratoria de desaparición de poderes en el estado, lo que obligaría a la renuncia de Ruiz y al nombramiento de un interino. Pero en este lapso la iniciativa no ha recibido atención de los legisladores, a pesar del agravamiento de la crisis, con dos muertos, media docena de arrestos, torturas documentadas, una desaparición -la del maestro Erangelio Mendoza- y más de 100 órdenes de aprehensión libradas en contra de dirigentes populares, la paralización de las funciones de gobierno, la aparición de paramilitares que actúan bajo protección de la Policía Federal Preventiva y la multiplicación de desalojos violentos, amenazas de muerte y violencia.

Para Bertín Reyes, es evidente que lo único que sostiene a Ruiz en el gobierno estatal es el "acuerdo de conveniencia" al que llegaron el presidente Vicente Fox y el candidato panista Felipe Calderón con el PRI madracista, que bajo el llamado del voto de castigo sufrió una debacle en su antiguo feudo de carro completo: 90 por ciento de oaxaqueños sufragaron en contra del tricolor, que perdió todos los escaños en el Senado y nueve de los 11 asientos en la Cámara de Diputados.

Por un lado, en medio del cerco y el descontento generalizado, Calderón viajó la semana pasada a Huatulco para sostener una reunión secreta con Ulises Ruiz. El presidente Fox, por su parte, ha ido 18 veces a Oaxaca en los últimos 16 meses y ha tejido nuevas alianzas no sólo con el mandatario del estado, sino con el de la entidad vecina, el poblano Mario Marín, quien a todas luces parece salir indemne del episodio que evidenció su protección a la red de supuestos pederastas de Jean Succar Kuri.

"Pero sobre todo -agrega Reyes- lo que sostiene a Ulises son los inversionistas, quienes tienen todo listo para explotar materias primas y biodiversidad de Oaxaca, en el marco del Plan Puebla-Panamá. José Murat les dejó el terreno legal libre. Ahora había llegado la hora de invertir, arrasar y despojar a las comunidades. Ese es el verdadero trasfondo de la crisis."

 
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