Pobladores retienen a 2 agentes que allanaron la casa de un miembro de la APPO

Irrupción policiaca en Oaxaca acentúa la tensión sociopolítica

Uniformados municipales detuvieron a estatales y los entregaron a la turba, acusa la PGJE

Presos por varios delitos, no desaparecidos, miembros de la asamblea, dice el gobierno local

OCTAVIO VELEZ Y HERMANN BELLINGHAUSEN CORRESPONSAL Y ENVIADO

Oaxaca, Oax., 15 de agosto. Pobladores del municipio conurbado de San Bartolo Coyotepec, junto con integrantes del movimiento magisterial y popular, retuvieron esta mañana a los agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) Joaquín Jiménez Ogarrio y José Luis Díaz Cruz, por ingresar de manera violenta en la casa de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los miembros de la coordinación provisional de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).

Después de ser desarmados, los policías quedaron detenidos en la cárcel municipal, pero luego de ser vendados de la cara y amarrados de las manos fueron subidos a un autobús del servicio urbano y trasladados a esta ciudad para ser "internados" en la Casa del Jubilado. El reportero de un diario local y corresponsal de Milenio, Oscar Rodríguez Hernández, fue "confundido" con un policía. A pesar de que se identificó, fue agredido por uno de los habitantes, un mecánico conocido como El Güero o El Biche, y resultó con lesiones en la cabeza.

Durante el traslado, Jiménez Ogarrio, de acuerdo con versiones de integrantes del movimiento magisterial y popular, "se puso a llorar y pidió que no le hicieran nada porque tenía hijas". A pregunta de sus captores, el agente manifestó que su presencia en el domicilio de Sosa Villavicencio era por orden de unos de sus jefes. "El que nos mandó fue Margarito (López Aragón)", comandante de la corporación, quien fue retenido por maestros durante el frustrado desalojo del plantón, el 14 de junio pasado, en el centro histórico.

Zenén Bravo Castellanos, miembro de la coordinación provisional de la APPO, dijo que, según relató Beatriz Castañeda, esposa de Sosa Villavicencio, los dos agentes irrumpieron en la vivienda y la amenazaron con sus armas para que proporcionara la ubicación de su cónyuge. Los policías, añadió, "sacaron sus armas y apuntaron inclusive a sus hijas, para que dijera dónde estaba su esposo, pero por fortuna pudieron salir por la puerta trasera y pidieron auxilio al pueblo". Ante esto, explicó que Jiménez Ogarrio -quien tiene antecedentes penales- y Díaz Cruz salieron del domicilio y se dieron a la fuga, pero fueron alcanzados calles adelante por pobladores, quienes solicitaron apoyo a integrantes del movimiento magisterial y popular, participantes en la toma de la Casa de Gobierno.

Consideró que los agentes "no iban a ejecutar una orden de aprehensión", sino a agredir físicamente a Sosa Villavicencio, porque "ahora el gobierno está pensando en la eliminación física", pero "afortunadamente no le salieron las cosas". A su juicio, esta "nueva agresión tensa más el ambiente político y social" y puede originar la radicalización de las bases del movimiento magisterial y popular. "Hemos sido muy cuidadosos, muy responsables en no caer en ese tipo de provocaciones, pero pueden originar una respuesta radical."

Subrayó que los policías quedarán bajo "resguardo" de la APPO, "a fin de lograr información por su voluntad para conocer las intenciones del grupo que insiste en mantenerse en el poder". Además, dijo que no los entregarán a la Procuraduría General de la República (PGR), porque "en vez de ser castigados son puestos en libertad".

Podrían crear una "cárcel popular"

Por otra parte, destacó que la alianza de organizaciones podría crear una "cárcel popular" para recluir a los agentes, a quienes podría canjear por sus compañeros detenidos, considerados "presos políticos": Catarino Torres Pereda, Germán Mendoza Nube, Ramiro Aragón Pérez y Erangelio Mendoza González. "Como están las cosas, puede que lleguemos a eso."

César Mateos Benítez, también integrante de la coordinación provisional de la APPO, deslindó al movimiento magisterial y popular de la agresión física al reportero Oscar Rodríguez y le ofreció una disculpa por los hechos.

Mientras tanto, en un comunicado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que los agentes de la PME "fueron retenidos ilegalmente" por policías municipales de San Bartolo Coyotepec, cuando "transitaban por la población en busca de una persona que se dedica a hacer barbacoa para contratarlo", ya que uno de ellos festejará mañana su onomástico. Los policías, asentó, "no realizaban ningún trabajo operativo, (pues) gozaban de su día de descanso cuando fueron interceptados y privados de su libertad".

Resaltó que la Policía Municipal de San Bartolo Coyotepec "debió turnar a los agentes ante la autoridad correspondiente y no entregarlos a la turba, ya que esa actitud va en contra de la legalidad".

Por otra parte, a una hora de que venciera el emplazamiento de la APPO al gobierno federal para que presentara con vida y liberara a los "presos políticos", el vocero del gobierno estatal, José Luis Concha Viloria, aseveró que los miembros del movimiento magisterial y popular "no están desaparecidos, sino presos en penales del estado y federales por diversos delitos". En el caso de Erangelio Mendoza, de quien se desconocía su paradero desde hace varios días, reconoció que se encuentra en el reclusorio regional de Cuicatlán, a disposición del juez primero de lo penal de Tehuantepec, por el incendio en agravio de una empresa camionera y por ataques a las vías generales de comunicación.

Al respecto, Bravo Castellanos sostuvo que Mendoza González "está detenido injustamente, al ser acusado de ilícitos no cometidos. Hay suficientes testigos para demostrar que no participó en los hechos que se le imputan". Además de que estuvo incomunicado, no se le permitió hacer una llamada telefónica ni tuvo la asesoría de un abogado de su confianza.

Que siga la lucha

Subrayó que Mendoza González, al entrevistarse con su esposa, Elvia Sánchez Silva, "ha mandado a decir a los compañeros que sigan en la lucha porque no cambiará su libertad a cambio de la permanencia del señor Ulises Ruiz" en el gobierno del estado.

"Nos ha llamado a resistir, hasta lograr la victoria de todo el pueblo, y así lo haremos", apuntó.

El gobierno estatal precisó que otro de los detenidos, Catarino Torres Pereda, fue internado inicialmente en el reclusorio de Matías de Romero, pero "por la amenaza de grupos hostiles, que pretendieron vulnerar la orden judicial y extraerlo de donde se encontraba preso", fue trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma, en el estado de México.

En relación con los profesores Juan Gabriel Ríos y Elionai Santiago Sánchez, así como el biólogo Ramiro Aragón Pérez, mencionó que fueron "detenidos en flagrancia", en las inmediaciones de San Felipe del Agua, cerca del hotel Los Laureles, "donde a decir suyo realizaban tareas de vigilancia como miembros del grupo APPO, con armas de grueso calibre" sostuvo, aunque evitó explicar las lesiones que presentan presuntamente por tortura. Por último, reiteró la versión oficial de que el homicidio de Eleuterio José Jiménez Colmenares, sucedido en una marcha pacífica, "fue por una riña entre manifestantes y particulares".