En 6 meses, al rescate bancario fueron $9 mil 400 millones más que a Oportunidades
El costo financiero del sector público, 138.5% mayor al de 20 programas sociales
La diferencia entre una y otra erogación es de 72 mil 811.1 millones, según datos de SHCP
El sector público federal destinó casi 125 mil 400 millones de pesos al pago de intereses y comisiones de su deuda total en el primer semestre de este año, una cantidad 138.5 por ciento mayor a la utilizada por los 20 ''principales programas de impacto social'' en el mismo periodo, indican informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Los recursos presupuestales destinados a estas dos decenas de programas sociales sumaron 52 mil 576.6 millones de pesos, según ''la información proporcionada por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal''. Visto de otra manera, esos recursos representaron 41.9 por ciento respecto de los utilizados para cubrir el costo financiero del sector público. Una diferencia de 72 mil 811.1 millones de pesos.
Este costo, señalan los informes de Hacienda, tuvo un crecimiento anual de 12.5 por ciento en la primera mitad de 2006, y su incremento se debió principalmente al pago de los intereses del rescate bancario, para el cual se canalizaron 25 mil 835.9 millones de pesos, que resultaron 57 por ciento superiores a los que se destinaron, por ejemplo, al programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
En términos de asignaciones presupuestales, la transferencia de recursos a la banca a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) tuvo mayor prioridad para el gobierno del presidente Vicente Fox que el otorgado a Oportunidades, su programa estelar de combate a la pobreza.
Los recursos presupuestales suministrados en seis meses a la banca rebasaron en más de 9 mil 400 millones de pesos, 57.4 por ciento, a los 16 mil 414.9 millones que fueron destinados a Oportunidades en el primer semestre del año, lapso que abarcó todo el periodo de campañas electorales.
Según los informes oficiales, el programa estelar de combate a la pobreza de esta administración absorbió prácticamente uno de cada tres pesos presupuestales utilizados en los 20 ''principales programas de impacto social'' durante el primer semestre de 2006.
Sin embargo, la efectividad de Oportunidades para abatir la pobreza se ha puesto en duda, una vez que los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2005, que ordenó realizar la Secretaría de Desarrollo Social y aún no han sido publicados, revelan un aumento de más de un millón de personas en condiciones de pobreza en el medio rural, e indican que la cobertura de este programa es de 3.5 y no de 5 millones de familias, como oficialmente se dice.
El segundo programa social en importancia de esta administración, por el monto de los recursos presupuestales asignados, es el de ''Grupos y regiones prioritarios, dedicados a la producción agropecuaria, acuícola y pesquera'', al cual se le destinaron 11 mil 717.9 millones de pesos en los primeros seis meses de 2006. Esa cantidad representa 61.7 por ciento del pago de intereses de la deuda pública paraestatal cubierto en el mismo lapso.
El tercer programa social por su relevancia presupuestal es el dedicado a ''Promover la integración de cadenas agroalimentarias y de pesca'', al cual se destinaron 6 mil 573.7 millones de pesos durante el primer semestre, una cantidad que casi no pinta al comparase con los gastos en que incurre la deuda pública.
En conjunto, el monto destinado a estos tres programas fue de 34 mil 706.5 millones de pesos en la primera mitad de 2006. Esa cantidad representa 58.1 por ciento del total de los recursos canalizados a los 20 ''principales programas de impacto social'', según la nomenclatura oficial.
Pero frente al pago de ''intereses, comisiones y gastos'' de la deuda del sector público, realizado en el primer semestre del año, el gasto presupuestal absorbido por los tres programas más onerosos de impacto social fue equivalente apenas a 27.7 por ciento. Tal fue la diferencia entre estas dos prioridades del gasto público durante la primera mitad del último año de gobierno del presidente Vicente Fox.