Presentan informe sobre los abusos sexuales
La ley en México favorece a los violadores: Centro Pro
A las mujeres violadas en México "es muy difícil que se les haga justicia, debido a los vacíos legales existentes, a que ese delito se tipifica de manera irregular y porque las políticas de seguridad pública no exigen la rendición de cuentas ni evaluación periódica de los elementos policiacos, y todo eso ha quedado demostrado con los hechos de Atenco", precisó David Velasco Yáñez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro), al informar que será la próxima semana cuando en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se analice el citado caso.
En conferencia de prensa en la que se presentó el informe Violencia de Estado contra las mujeres privadas de la libertad en México, mismo que ya fue expuesto ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) de la ONU, Velasco criticó que la violación sexual no se tipifique como tal en muchos casos, y sólo alcance el rango de "actos libidinosos" (un ilícito no grave), como ocurre en la situación de las 27 mujeres agredidas sexualmente en Atenco, y acotó que inclusive en el caso de identificar el ilícito como violación, a éste no se le reconoce el estatus de "tortura".
Al señalar que la Cedaw sesiona desde el 7 hasta el 25 de agosto en Nueva York, y que fue en la reunión del lunes cuando Luisa Pérez, abogada del Centro Pro expuso el reporte ante esta instancia de la ONU, Velasco abundó que la abogada remarcó la existencia de "fallas estructurales en el sistema de procuración de justicia en México que hace a las mujeres vulnerables e impiden lograr una justicia integral en casos de agresiones sexuales".
Según Velasco, quien estuvo acompañado por dos de las mujeres que sufrieron las vejaciones y la abogada Isabel Uriarte, será el 25 de este mes cuando la Cedaw emita sus recomendaciones sobre el caso de Atenco, luego de haber analizado el estudio, el cual fue elaborado por el Centro Pro y la Organización Mundial contra la Tortura y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Para el defensor de los derechos humanos, la nueva legislatura, pero sobre todo los futuros integrantes de las comisiones de equidad y de justicia y derechos humanos de la Cámara de Diputados, deben "subsanar estas lagunas legales, y en especial lograr que la violación reciba el rango de tortura".
Lo anterior, tal como lo determinó el Tribunal Penal Internacional en casos de Ruanda y la ex Yugoslavia, en los que sostuvo que la "violación es una transgresión a la dignidad personal, constituye un acto de tortura de hecho, cuando se inflige por la instigación de o con el consentimiento o conocimiento de un servidor público".