Revés a la privatización en India

A pesar de las coacciones sobre la coalición gobernante, se debaten medidas atrevidas y siguen las reformas paulatinas en algunas industrias

Economist Intelligence Unit /The Economist

El gobierno de India ha suspendido sus planes de privatización después que uno de los partidos más pequeños de la gobernante Alianza Progresista Unida (APU) amenazó con retirarse de la coalición a menos que se desecharan los planes de desincorporación programados en Tamil Nadu, su estado de origen. La oposición del frente de izquierda integrado por partidos comunistas que apoyan nominalmente al gobierno (pero que no son parte de la coalición) se da ahora por sentada. Pero si los partidos que están a favor de la reforma dentro de la APU chantajean también al gobierno con intereses políticos regionales, el primer ministro, Manmohan Singh, enfrentará tiempos difíciles cuando intente cualquier reforma a futuro, a menos que se muestre más dispuesto a atender las demandas de sus socios en la coalición.

Singh anunció que todos los planes de privatización se habían suspendido el 6 de julio pasado, sólo unos días después de sostener que el programa se revitalizaría. Esta revitalización incluía la venta de 10% de acciones de las empresas estatales Neyveli Lignite, grupo de minas de carbón y de energía, y la Compañía Nacional de Aluminio (NALCO, por sus siglas en inglés). Se esperaba obtener 500 mdd de estas desincorporaciones. Singh tuvo que dar marcha atrás cuando Karunanidhi, gobernador del estado de Tamil Nadu y líder del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), que tiene 16 asientos en el parlamento nacional, amenazó con retirar su partido del APU, lo que lo habría dejado en minoría.

En parte, la amenaza del DMK refleja la presión creciente sobre el gobierno para complacer las demandas de sus aliados como resultado de varias elecciones regionales importantes a principios de este año. Pero la fuente del problema es una sorpresa. Los ganadores generales de las elecciones fueron los partidos comunistas que constituyen el frente de izquierda, los cuales obtuvieron victorias convincentes en Kerala y en los estados de Bengala Occidental. Es posible que estos partidos se sientan estimulados a objetar de manera más vigorosa las reformas económicas de las cuales son opositores ideológicos, en particular la privatización.

Que el DMK, que ganó en Tamil Nadu, amenazara con desmantelar la APU era algo inesperado, ya que es un aliado del Congreso que dirige la APU. El DMK no se opone a la desinversión per se -de hecho, el gabinete federal, que incluye algunos ministros del DMK, ya había aprobado las ventas-, pero es más sensible cuando tiene que defender los intereses de su estado de origen. La amenaza de Karunanidhi puso al gobierno federal en una posición imposible, ya que incluso si conservara el apoyo del frente de izquierda el retiro del DMK lo habría dejado sin suficiente ayuda legislativa.

La recaudación derivada de la privatización ha disminuido desde que la APU ascendió al poder en 2004. En el ejercicio económico 2003/04 (abril-marzo), bajo la administración anterior, los ingresos por privatizaciones sumaron 3 mil 500 mdd. El año siguiente, el primero del mandato de la APU, cayeron a sólo 600 mdd. En 2005/06 el gobierno apenas hizo una venta importante, 8% de sus acciones en Maruti Udyog, la compañía automovilística más grande de India, por 348 mdd.

Este agudo descenso no es ninguna sorpresa: el Programa Mínimo Común (PMC) que el Frente de Izquierda acordó con la APU en 2004 impone límites al gobierno en la venta de acciones de las grandes empresas rentables del sector público. En agosto del año pasado, el frente de izquierda obligó formalmente al gobierno a abandonar sus planes de vender acciones de 13 compañías estatales a inversionistas estratégicos, incluso 10% de acciones en Bharat Heavy Electricals. En enero de este año estuvo de acuerdo con la propuesta del gobierno de vender sus participaciones de capital en las pequeñas empresas del sector público a bancos estatales e instituciones financieras. Pero ahora -debido a sus victorias electorales- parece oponerse a todo el proceso de desinversión.

¿Reforma en punto muerto?

Un efecto secundario de la suspensión de los planes de desincorporación será una presión fiscal adicional sobre el gobierno, en especial si se considera que debe financiar los proyectos del sector social y bienestar público que el frente de izquierda incluyó en el CMP. Las ventas previstas de acciones habrían representado un ingreso de alrededor de 3 mil 900 mdd. Parte de esto habría ido hacia costosos proyectos de educación, servicios de salud y empleo, como el esquema nacional de garantía de empleo rural.

En vista de la tradicional oposición del frente de izquierda, el gobierno no confiaba en recaudar ingresos adicionales derivados de la privatización; en efecto, esos ingresos ya no están incluidos en las estimaciones presupuestales. La presión fiscal no es por tanto la preocupación principal. (La meta de un déficit presupuestario de 3.8% del PIB para este año, por abajo del 4.1% estimado en 2005/06, se basa en suposiciones optimistas sobre los ingresos fiscales derivados de un desarrollo económico fuerte. Economist Intelligence Unit espera que el déficit se mantenga en 4.1% del PIB en virtud del gasto adicional en proyectos del Programa Mínimo Común relacionados con el sector social.)

La preocupación principal es el efecto futuro sobre otras reformas programadas, en especial porque las acciones del DMK sugieren que el Congreso será, cada vez más, rehén de los intereses políticos regionales de sus aliados en la APU. Otras reformas polémicas son una mayor reducción de subsidios -los consumidores de India gozan aún de una fuerte protección contra los altos precios internacionales del petróleo-, elevar el nivel permitido para la inversión extranjera en sectores claves, y revisar la pesada legislación laboral, que representa un freno a la inversión. Todas estas reformas son políticamente polémicas y cuentan con la vigorosa oposición del frente de izquierda, pero el gobierno asegura que son importantes para sostener el fuerte desarrollo económico actual de India.

A lo largo de estas líneas las expectativas para las reformas parecen sombrías. Es decir, a pesar de las coacciones sobre la coalición gobernante, se debaten algunas medidas atrevidas y continúan las reformas paulatinas en algunas industrias. En febrero, el gobierno aprobó una ley que permite el establecimiento de zonas económicas especiales de estilo chino y, en marzo, Singh anunció planes para la liberalización de las cuentas de capital. Es probable que la convertibilidad de las cuentas de capital de las empresas se implante de manera gradual durante los próximos cinco años.

Influyen, además, tres factores positivos, en gran parte estructurales. El primero es que las reformas emprendidas en el pasado garantizan que, en varias áreas de la economía, el sector privado tiene ya la masa crítica necesaria para crear crecimiento. El segundo es que la presión de la creciente clase media y de las empresas del sector privado aseguran que no habrá marcha atrás en las reformas previas. El tercero es que, en los temas no polémicos y donde hay consenso político, tales como el mejoramiento de la infraestructura, reducir el papeleo burocrático y optimizar el ambiente de negocios, el gobierno logra algunos progresos. Por desgracia, obtener consenso político en temas polémicos parece una tarea que está más allá del gobierno actual.

FUENTE: EIU

Traducción de textos: Jorge Anaya