Magistrados comisionados concluyeron indagación del caso
Corrió riesgo la vida de Lydia Cacho: informe de la SCJN
Grabaciones dadas a conocer por este diario, entre las pruebas
El caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y la presunta confabulación en su contra de servidores públicos estatales, agentes policiacos y hasta de una impartidora de justicia, con el propósito de encarcelarla a petición del empresario Kamel Nacif Borge, implicó la violación de diversas garantías constitucionales en perjuicio de la autora del libro Los demonios del Edén, concluyeron dos magistrados federales comisionados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para investigar el asunto y emitir un informe preliminar.
De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, el informe presentado a la Corte el pasado 10 de julio por los magistrados Oscar Vázquez Marín y Emma Meza Fonseca, refiere que los resultados de la indagatoria permiten concluir que estuvieron en riesgo tanto la vida de Cacho como su libertad personal y de expresión, así como su garantía de acceso a una legítima defensa y de equidad jurídica, todas ellas tuteladas por la Constitución.
El ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia es el encargado de revisar las pruebas recabadas por ambos magistrados, a fin de elaborar un proyecto de resolución que será presentado al pleno de la SCJN para que resuelva en consecuencia.
Sin embargo, la conclusión de Vázquez Marín y Meza Fonseca no obliga a Ortiz Mayagoitia a ceñirse al criterio establecido por los investigadores.
Integrado por varios tomos, el informe -guardado en seis cajas en una oficina de la Corte, a la que sólo tienen acceso un secretario de estudio y cuenta y el ministro Ortiz Mayagoitia- incluye diversas testimoniales y varias cintas de audio. Entre las documentales destacan las grabaciones que dio a conocer La Jornada en febrero pasado, las cuales contienen una serie de conversaciones telefónicas sostenidas por el empresario poblano Kamel Nacif, quien mandó detener a la periodista porque lo menciona en su libro Los demonios del Edén, el cual refiere prácticas de pederastia.
Los telefonemas del industrial se inician en el momento en que policías judiciales de Puebla, en coordinación con sus homólogos de Quintana Roo, cumplían la orden de aprehensión de la comunicadora en Cancún, y concluyen el 23 o 24 de diciembre, cuando Cacho ya había sido puesta en libertad bajo fianza.
En esas grabaciones se escuchan las voces de Kamel Nacif; de dos gobernadores: Mario Marín, de Puebla, y Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; empresarios textileros amigos del magnate, como Hubert, un ciudadano francés; Luis Angel Casas, quien fungió como coordinador de finanzas de la campaña electoral de Marín; Hanna Nakad Bayeh, un paisano de Nacif, también conocido como Juanito, y un periodista que habla en dos ocasiones con el llamado Rey de la mezclilla, a quien éste llama Andrés o "muñeco".
Además, los magistrados Vázquez Marín y Meza Fonseca enviaron a Ortiz Mayagoitia una relación de las personas que habrían sido las responsables de afectar las garantías constitucionales de la periodista.
Entre ellas destacan el gobernador Mario Marín; la procuradora de Puebla, Blanca Laura Villeda, y el empresario Kamel Nacif. Los magistrados tardaron tres meses en concluir la indagatoria y redactar el informe final, luego de que el pasado 18 de abril la Corte ordenó la investigación.
Otra prueba utilizada por los juzgadores para sustentar el informe preliminar tiene que ver con una testimonial firmada por la juez quinta de lo penal, con sede en la ciudad de Puebla, Rosa Celia Pérez, en la que ésta hace "diversas manifestaciones sobre el asunto". Fue esa juzgadora la que ordenó la aprehensión y después sujetó a proceso a la comunicadora, con los cargos de difamación y calumnia.
Diversos doctores en derecho constitucional y penal, de la talla de Jesús Zamora Pierce, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Diego Valadés, han sostenido que en el caso de las presuntas violaciones constitucionales en contra de Lydia Cacho es necesario que la SCJN emita una "opinión enérgica", pero sin que la PGR y el Congreso de la Unión dejen de hacer la labor que les corresponde en ese asunto, como retirar el fuero a los implicados y dar paso al ejercicio de la acción penal.