El PRD asumirá el costo político, afirma Pablo Gómez
Exhortan a Encinas a que aplique la ley en el plantón
Desde diversas esferas políticas, el Gobierno del Distrito Federal fue exhortado ayer a aplicar la ley en el plantón que instalaron en el Paseo de la Reforma y otras arterias del centro de la ciudad los seguidores de la coalición Por el Bien de Todos.
Las arengas fueron desde amagos de sanción, como la expresada por el líder de la bancada del PRI en San Lázaro, Emilio Chuayffet, hasta el exhorto enviado desde la Presidencia de la República a Alejandro Encinas para, a través del diálogo, garantizar y conciliar los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
A su vez, la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República no pudo reunirse ayer pero su presidente, David Jiménez González, del PRI, anunció que incluso vía telefónica buscaría sacar un punto de acuerdo con sus compañeros para formalizar un exhorto a Encinas Rodríguez "a que cumpla la ley".
Dicho acuerdo se presentaría hoy en la sesión de la Comisión Permanente y ahí se llamaría al titular del gobierno capitalino "a que deje de entrometerse en asuntos políticos que no le corresponden y que brinde seguridad a los millones de mexicanos que viven en la ciudad para transitar con libertad, con garantías, y llegar a sus lugares de trabajo y a sus hogares".
El líder de la diputación del PAN, José González Morfín, descalificó la legalidad del movimiento en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, y alegó que es una forma de "chantajear" a las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
López Obrador, dijo, "tiene que actuar con responsabilidad, pues lo que están haciendo en la ciudad de México no sólo viola leyes, sino también infringe decisiones que, desde el gobierno, él había tomado".
La defensa
La voz discordante en este ambiente de censura a las autoridades capitalinas fue la del diputado perredista y próximo senador Pablo Gómez. Defendió el argumento de su partido de bloquear las avenidas como parte de las acciones dirigidas a llamar la atención de Felipe Calderón y de los panistas para que acepten el recuento de los votos.
Gómez Alvarez afirmó que el PRD asumirá el costo político de este movimiento, y coincidió con su correligionaria Beatriz Mojica en cuanto a que serán unos días de "esfuerzo" para lograr el "conteo voto por voto que dará certeza y credibilidad a la elección presidencial".
El priísta Chuayffet se refirió incluso a lo señalado en la página 2 de este periódico en su edición del lunes pasado: "La Jornada, que es un diario independiente, muy serio, en su editorial señala que precisamente se ha elegido mal esta estrategia de los campamentos y de los plantones, porque afecta a terceros y hasta perjudica a quienes lo hacen; le enajena simpatías y voluntades políticas".
En el Senado, Jiménez González recordó que el secretario de Seguridad Pública "es el responsable de la actuación de la policía, y es a esa instancia, en todo caso, a la que le corresponde el desalojo de las calles".
No descartó una eventual solicitud de destitución de Alejandro Encinas, "si no da las garantías suficientes o no acata las resoluciones de los poderes federales; en ese caso se pueden presentar los supuestos del artículo 66 del Estatuto de Gobierno'', que incluye su despido.
Como otros muchos que intervienen en el debate, el senador Manuel Bartlett manifestó ayer que la decisión del TEPJF, de analizar si procede el recuento voto por voto, representa "la única posibilidad que tenemos para lograr certidumbre en cuanto al resultado de la elección".
Añadió que esa posición es compartida por otros priístas, como la senadora Dulce María Sauri, ex presidenta del CEN del PRI; así como el diputado Manlio Fabio Beltrones, quien hizo una declaración similar. "Yo también me he manifestado en esa línea, y desde luego no es aceptable la postura que asumió ayer Mariano Palacios Alcocer", comentó.
En Los Pinos, el vocero Rubén Aguilar pidió al gobierno capitalino conciliar el derecho de manifestación con el respeto a las garantías de terceros, como el libre tránsito. Ofreció "toda la colaboración" de Los Pinos a Alejandro Encinas. Y rechazó que la Policía Federal Preventiva esté alerta ante un llamado de desalojo, pues esta corporación sólo actúa a solicitud de los gobiernos locales.