Lamenta la CNDH actitud de la STPS
Defensores de derechos humanos calificaron como "lamentable y desalentador" que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) pretenda negar su responsabilidad en los hechos que costaron la vida a 65 mineros en febrero pasado, en la explosión de la mina Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de Sabinas, Coahuila, al negarse a indemnizar a los familiares de las víctimas.
Es "absurdo", indicaron, que se pretendan "ocultar en supuestos argumentos jurídicos, cuando existen pruebas suficientes para demostrar que tuvieron una actuación omisa y negligente en su obligación de proteger los derechos humanos de los trabajadores".
De continuar la negativa de las autoridades laborales a cumplir la totalidad de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, "será necesario aplicar acciones, más contundentes que incluyan presentar el caso ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al constatar nuevamente que la defensa de estos derechos sólo es un discurso y no una acción de Estado".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, afirmó que no es "aceptable" que la STPS se niegue a cumplir una de las siete recomendaciones que emitió la CNDH el pasado 17 de julio, con argumentos jurídicos, "cuando existe una clara omisión a su responsabilidad de garantizar condiciones dignas de empleo para los mineros".
Consideró que el Estado mexicano incumplió con su obligación de velar y hacer respetar los derechos humanos de los trabajadores, "y sin que esto exculpe la posible responsabilidad penal de la empresa minera Grupo México, la dependencia debe indemnizar a los familiares de las víctimas e investigar la responsabilidad en que incurrieron funcionarios de esa dependencia por su actitud omisa en la aplicación de reglamentos y normas de seguridad".
No se trata, insistió, de que "por buena fe o como un acto de concesión solicite una opinión a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, cuando entre sus responsabilidades se incluye velar por los derechos humanos de los trabajadores, materia en la que incumplió".
Al respecto, Fabián Sánchez, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que de agotarse todas las instancias jurídicas nacionales "el caso deberá ser presentado ante la OIT y CIDH, pues la administración foxista mantiene una actitud distinta en el discurso y otra en los hechos, cuando se trata de derechos humanos".
La respuesta de la STPS a la recomendación de la CNDH, agregó, no sólo es "lamentable, también demuestra que en México no existe un cambio en la materia".
Es "absurdo" que sólo en instancias internacionales como la CIDH, el gobierno foxista acceda a iniciar acciones de indemnización y reparación del daño, mientras que en la STPS se argumentan "razones jurídicas" para incumplir con su responsabilidad.