Por razones jurídicas, rechaza STPS pagar indemnizaciones
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aceptó en lo general seis de las siete recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el pasado 17 de julio en torno a los acontecimientos en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila; sin embargo, por "razones de carácter jurídico" la dependencia informó que no puede cumplir con las indemnizaciones a los deudos de los 65 mineros fallecidos, establecida en la segunda recomendación.
En un oficio dirigido a José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, el subsecretario del Trabajo, Emilio Gómez Vives, señaló que la STPS no está en posibilidades de atender la segunda recomendación debido a que "no está probado ante el órgano jurisdiccional competente que la actividad administrativa irregular del Estado haya causado el daño del que se trata, tomando en cuenta los criterios previstos en el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado".
Gómez Vives argumentó que el incumplimiento es porque "no se ha iniciado el procedimiento que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en el que se tendría que determinar si la STPS es responsable o no de los daños causados".
Añadió que la comisión creada en la Cámara de Diputados para analizar el accidente, ocurrido el pasado 19 de febrero, determinó que no se cuenta con elementos técnicos y científicos que puedan determinar las causas del percance.
Sin embargo, y ''con el ánimo de cumplir con la recomendación'', la STPS analiza solicitar la opinión de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, para que se pronuncien en torno a la procedencia jurídica de la misma, en el ámbito de sus respectivas competencias.
En relación con la segunda recomendación, la STPS informó a Soberanes que se solicitó al presidente de la empresa Grupo Minero México, Javier García de Quevedo, que deposite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) los cheques de las indemnizaciones de carácter laboral en favor de los familiares de los mineros fallecidos.
Falta de lealtad
Sin embargo, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) estimó que el oficio girado por la STPS y las declaraciones del secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, en el sentido de que se desconocen las razones del accidente, "faltan a los principios de honestidad y lealtad", debido a que la CNDH estableció que las causas del percance fueron producto de omisiones y negligencias de funcionarios de esa dependencia.
Contrario a lo expresado por el secretario de que el rescate de los cuerpos es responsabilidad de la empresa, el Cereal respondió: "Nuevamente la actitud de la secretaría es de ser omisa en sus responsabilidades. Las labores de rescate, como lo señaló la CNDH, son responsabilidad no sólo de la empresa, sino también de distintas autoridades, incluyendo la STPS".
Sobre la supuesta indemnización de 750 mil pesos que Salazar aseguró ya otorgó la empresa, la ONG señaló: "El secretario sabe que los 750 mil pesos no constituyen indemnización de parte de la empresa, sino 'ayuda humanitaria'", misma que no fue aceptada por todos los deudos, y los que lo hicieron fue bajo la condición de que no era indemnización. "Así quedó asentado en las actas de la JFCA".
Además, contrario a lo dicho por Salazar, el Cereal indicó que la CNDH demostró de manera documental que desde el 3 de marzo pasado se expidieron certificados de defunción, una vez que se informó a los familiares que no había posibilidades de vida dentro de la mina.