No se puede por ser perseguido político, dice su abogado
Tratado de extradición México-Canadá impide detener al líder minero: Albor
El tratado de extradición entre México y Canadá contiene cláusulas específicas que impiden la detención provisional del depuesto líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, por ser un perseguido político del gobierno federal, aseguró Mariano Albor, abogado del dirigente.
Explicó que, con independencia de que los procedimientos internacionales son objeto siempre de defensa en ambos países, en este caso, ambos gobiernos, en forma paralela a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, "pactaron los nuevos contenidos del tratado de extradición y establecieron claramente que la detención provisional y la extradición no pueden tener lugar cuando se fundan en delitos políticos o tengan relación con hechos políticos".
Afirmó que la oposición de los trabajadores mineros a la llamada ley Abascal, que pretende reformar el sistema laboral, así como el "ataque sistemático" de las autoridades federales al derecho de huelga de los mineros son algunas razones por las que se considera a su cliente como un perseguido político, por lo que al catalogarlo como tal, será inviable que el gobierno canadiense acepte la extradición.
El litigante indicó que, debido a ello, el gobierno foxista "ha aprovechado las instituciones penales para armar artificialmente acusaciones en su contra (de Gómez Urrutia)".
Sentenció que la comisión especial creada en la Cámara de Diputados para investigar los hechos en Pasta de Conchos no logró acreditar la responsabilidad de Gómez Urrutia en la tragedia: "a pesar de que tenía la intención de condenar públicamente por razones de carácter político al líder nacional de los mineros, no tuvo elementos objetivos para ello".
En ese sentido, en un documento emitido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, se destacó que Gómez Urrutia es un "perseguido político" por haberse opuesto a la reforma laboral y a la relección de Víctor Flores al frente del Congreso del Trabajo. Además, se señaló que el depuesto líder minero logró que el salario para su gremio se incrementara por arriba de la inflación, razones que aumentaron la persecución gubernamental.
El litigante agregó que las autoridades federales "quieren eliminar" a su cliente para "imponer un títere dócil" que concrete la reforma Abascal. "El gobierno federal, utilizando a su peón Francisco Javier Salazar Sáenz, secretario del Trabajo, complaciente con Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, y con Julio, Sergio y Pablo Villarreal Guajardo, de Grupo Villacero, hoy busca a toda costa deshacerse de Gómez Urrutia".