Revocar mandatos, entre metas de nueva Carta Magna
Evo Morales, dispuesto a dimitir si se lo pide la Asamblea Constituyente
La Paz, 28 de julio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se declaró en disposición de dejar el cargo si se lo pide la Asamblea Constituyente, que se instalará el 6 de agosto, al señalar: "acá no se trata de personas o ambiciones personales".
Puntualizó: "no tengo ningún problema", en referencia a dejar el cargo. Frente a quienes han dicho que aprovecharía la Constituyente para asegurar su "continuidad" al frente del gobierno, señaló que son especulaciones, y agregó que más bien lo que se busca es incluir el tema de la revocatoria de mandatos.
Sin embargo, las fuerzas políticas acordaron garantizar la vigencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente, que no se descarta podría deliberar hasta por un año. La oposición aseveró que no sería conveniente copiar a países que cerraron algunos poderes durante este tipo de procesos.
Con todo, una decisión del presidente Morales de designar delegados en las nueve gobernaciones causó malestar entre los sectores de la oposición, que rechazaron un decreto en la materia. La oposición fue más fuerte en Santa Cruz, Beni y Cochabamba, que dijeron tener el respaldo de las prefecturas de Tarija y Pando, donde ganó el sí por la autonomía.
Mientras, parlamentarios de oposición exigieron la renuncia del presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, luego de que la Superintendencia de Hidrocarburos le rechazó un contrato de venta de 2 mil barriles diarios de petróleo a la empresa brasileña Univen Petroquímica.
El argumento es que ocasionaría un daño económico al Estado boliviano por 38.5 millones de dólares al año.
Alvarado respondió que "no existe daño económico" en el contrato suscrito YPFB y la empresa Iberoamérica Trading. Añadió que detrás del fallo en contra hay una "mano negra y peluda" que lo que quiere es, "primero, hacer un daño a la nacionalización y que fracasemos (la YPFB) haciéndonos cargo del mayoreo, provocando un desabastecimiento de diesel en el país".
En otro asunto, el fiscal Miltón Mendoza informó que el ex funcionario del Ministerio de Gobierno Filiberto Ugalde, acusado de estar implicado en el retiro irregular de 13.5 millones de dólares del Banco Central de Bolivia, reveló que personal de inteligencia israelí habría actuado contra la población durante las jornadas de "octubre negro".
Se refirió así a aquel episodio cuando ejército y policía reprimieron la insurrección popular que derivó, en 2004, en la destitución del entonces presidente de la república Gonzalo Sánchez de Lozada. Este pagó a los agentes israelíes con dinero de los gastos reservados, indicó Ugalde.