Militarismo y movimientos sociales
El Pentágono parece haber comprendido los riesgos que suponen los movimientos sociales latinoamericanos para la continuidad de la hegemonía estadunidense. La opción por la militarización de las sociedades responde a dos objetivos: asegurar el control de los recursos naturales y blindar los estados para impedir el avance de los movimientos. En países como Colombia y Paraguay, ambos procesos se funden en una estrategia que busca hacer de ellos plataformas seguras para la expansión del dominio imperial.
La Misión Internacional de Observación de la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA) integrada por 15 personas de ocho países, que visitó Paraguay a mediados de julio, pudo comprobarlo sobre el terreno. La presencia de tropas del Comando Sur cumpliendo las 13 misiones asignadas desde el 1º de julio de 2005, gracias a la inmunidad concedida por el parlamento paraguayo, ha sido ampliamente difundida por numerosos medios del continente. Aunque la presencia militar permanente y directa oscila en el entorno de los 50 militares, la influencia que el Comando Sur está ganando en Paraguay es mucho más importante que la que traslucen esas cifras.
En efecto, las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay van a más, y abarcan desde la posibilidad de que el país sudamericano abandone el Mercosur y firme un TLC con Washington, hasta la instalación de una base militar cerca de la Triple Frontera, pasando por el entrenamiento de miles de militares paraguayos en la lucha antiterrorista y antidrogas.
Sin embargo, la militarización de la sociedad paraguaya es un proceso mucho menos visible pero tendrá repercusiones a largo plazo. El 2004 fue un punto de inflexión. El presidente Nicanor Duarte Frutos decretó la salida de las fuerzas armadas a las calles para cumplir tareas de seguridad interna en las áreas rurales, y en paralelo auspició la creación de los Consejos de Seguridad Ciudadana, organismos paramilitares armados por el Ministerio del Interior. Si la participación de los militares en tareas policiales es grave, la creación de los Consejos de Seguridad supone un salto sin precedente en el continente. Es cierto que en Colombia los paramilitares -creados hace cuatro décadas por sugerencia de los asesores estadunidenses- controlan hoy gran parte del territorio y del aparato estatal, que en Guatema-la jugaron un papel relevante en la lucha contra la guerrilla y que en Perú las "rondas" armadas por el ejército hicieron otro tanto. Pero en esos tres países podía argumentarse -en una lógica de tierra arrasada- la existencia de guerras para proceder a armar grupos paramilitares genocidas.
El caso de Paraguay es diferente. Aquí los paramilitares surgieron de la mano del conflicto social, de la lucha de los movimientos campesinos por la tierra y la reforma agraria. Y ha sido el Estado paraguayo el encargado de crearlos. El primer paso lo dieron los hacendados hace diez años al crear una Comisión de Defensa de la Propiedad Privada. Ahora es el propio gobierno, a través del Ministerio del Interior, el que creó los Consejos de Seguridad Ciudadana, estructura paralela, armada por el Estado y protegida por los plantadores de soya y los grandes hacendados. En la última década, el área cultivada con soya transgénica pasó de 800 mil a 2 millones de hectáreas, abarcando 64 por ciento de la superficie agrícola. La frontera soyera avanza sobre tierras comunales y de los pequeños propietarios, lo que se resume en una dramática expulsión del campesinado de la tierra. Al caer la dictadura de Alfredo Stroeesner, en 1989, 67 por ciento de los paraguayos vivían en áreas rurales; hoy apenas 47 por ciento se mantienen en la tierra. Alrededor de un millón 200 mil campesinos fueron expulsados a las periferias de las ciudades o forzados a tomar el camino de la emigración. Un millón y medio de paraguayos viven en Argentina y unos 50 mil en España.
El avance de la soya fue de la mano del ascenso del movimiento campesino, agrupado en la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) -vinculada a Vía Campesina- y la Federación Nacional Campesina (FNC). Marchas, bloqueos de rutas, ocupaciones de tierras y de edificios públicos, convirtieron al movimiento campesino en el más importante del país. La potencia fue tal que consiguieron frenar, en 2002, la política neoliberal de privatizaciones y pudieron asentar a miles de familias. Pero el gobierno de Duarte Frutos, quien asumió el cargo en agosto de 2003, representó una severa inflexión antipopular y anticampesina. Desbordada la policía y las redes clientelares y de control del Partido Colorado, se impuso la mano dura. Un dato elocuente: los Consejos de Seguridad Ciudadana cuentan hoy con 22 mil integrantes, buena parte reclutados entre simpatizantes colorados y delincuentes, frente a sólo 9 mil miembros de la policía.
Los movimientos campesinos no han decaído pese al acoso, la persecución y las violaciones. Unos 100 campesinos han sido asesinados por paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado; más de 2 mil están procesados, deben presentarse semanalmente ante las autoridades y no pueden participar en movilizaciones públicas. En tanto, los negocios de la soya siguen asfixiando la economía campesina de subsistencia y matando niños por la contaminación que producen los pesticidas. Los planes de las elites consisten en seguir expulsando gente del campo, hasta que la población rural quede reducida apenas a 10 por ciento.
En Paraguay se juega una dura batalla por la hegemonía continental. Impedir que se instalen bases militares estadunidenses y revertir la presencia de militares de ese país, sería un paso importante. Pero no podrá darse sin conseguir la efectiva desmilitarización de una sociedad que se niega a convertirse en plataforma del Comando Sur y de los negocios agrícolas.