La inconforme señala que la impartidora de justicia la discrimina por ser extranjera
Nuevas denuncias contra la juez Solís Ledezma por parcialidad en divorcios
En un juicio de separación violó la Convención de los Derechos del Niño, indican
De nueva cuenta, la juez Jacaranda Solís Ledezma está acusada de actuar "parcialmente" en un juicio civil de divorcio en contra de la cónyuge. Esta vez, con el argumento de que ésta es extranjera y no tiene permitido por su estatus migratorio trabajar, concedió la custodia provisional de los dos niños del matrimonio (de 5 y 7 años de edad) al esposo, en franca contradicción con la Convención de los Derechos del Niño, la cual establece la conveniencia de que los menores vivan con sus madres en caso de separación de los padres, para lo cual, la ley prevé que basta con fijar una pensión alimentaria para los hijos en tanto termina el juicio sobre la custodia definitiva.
De acuerdo con las documentales del expediente del juicio entre Sandra Liliana Jaramillo Hernández y Ricardo Suárez Gómez en el vigésimo segundo juzgado de lo familiar en el Distrito Federal, que encabeza Solís Ledezma, la juzgadora ha actuado sistemáticamente en favor del esposo, a quien no sólo le entregó los niños, sino que además ha "solapado" -como señala en entrevista la misma esposa- que no haya llevado por 12 sábados consecutivos a los niños al Centro de Visitas, tal como lo ordenó la juez al conceder la custodia provisional.
Tal parece, comenta la señora Jaramillo, que "mi delito es que soy extranjera y como tal no se me reconoce el derecho de cuidar a mis hijos y recibir la pensión correspondiente como lo establece la ley". Señala que ha tocado infructuosamente diversas puertas, desde el Instituto Nacional de la Mujer hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en espera de que se le haga justicia.
Negros antecedentes
Cabe señalar que en 2004, la juez fue sentenciada por el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) a tres meses de suspensión sin goce de sueldo y fue cambiada de juzgado, luego de quedar demostrado que sostenía relaciones sentimentales con Eritsian Chujian, quien precisamente llevaba un juicio de divorcio ante su juzgado, a quien también favoreció ilegalmente en dicho juicio; lo que inclusive motivó dos denuncias penales en su contra, las cuales inexplicablemente fueron archivadas por la procuraduría capitalina.
Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino y presidente del CJDF, Guadalupe Carrera Domínguez, determinó confirmar en su cargo a la actual titular del juzgado vigésimo segundo, ante la negativa de integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de aceptar que fuera promovida a magistrada.
En el caso del juicio ordinario civil 1210/2005, Solís Ledezma ignoró desde un principio la denuncia de la señora Jaramillo Hernández, quien acusó que la separación matrimonial inició cuando fue corrida de su casa con lujo de violencia por su marido el 18 de junio del año pasado, fecha en la que fue separada de sus hijos.
En entrevista con este diario, Liliana Jaramillo, de nacionalidad colombiana, comenta que la relación con la juez inició mal desde que supo que por su calidad migratoria (FM-3) no podía trabajar, pero que pese a ello solicitaba la custodia de sus hijos. "Si no trabaja y es una sirvienta, cómo espera que le dé a los niños", espetó la funcionaria.
Sin embargo, según las constancias del expediente, esa dureza en el trato sólo es con ella, porque al marido de ésta le ha otorgado el aplazamiento de audiencias por diversos motivos; le creyó la historia de que "vive con su madre y que sus ingresos no superan los 7 mil pesos mensuales", pese a que existen constancias en el expediente sobre sus estados de cuenta y nivel de vida que revelan su nivel socioeconómico alto.
También ha permitido, pese a declaraciones textuales de los menores, que vivan con la madre del esposo -él vive aparte-, siendo que la ley señala claramente que en caso de divorcio, quien obtiene la custodia debe vivir con los menores, y lo más grave: que desde su separación formal los menores dejaron de asistir a la escuela, porque su abuela no puede atenderlos como debe ser, en razón de su avanzada edad.
Por una parte, la juez se ha negado sistemáticamente a admitir pruebas en favor de la esposa; sin embargo ha permitido que el esposo no presente a los menores en el Centro de Visitas del tribunal capitalino como lo estableció la misma Solís Ledezma y aunque ordenó "multar" a Ricardo Suárez Gómez, en el expediente no existe constancia de que hayan realizado dichos pagos, tampoco el esposo ha sido llamado a audiencia para explicar la razón por la cual sus hijos están bajo la custodia de su madre y por qué no asisten a la escuela.