Corrompen Los Zetas corporaciones policiacas en la Tierra Caliente michoacana

Indicios de que maras y kaibiles cometen asesinatos en Guerrero

Critican nulo interés federal ante ejecuciones

Identifican al destazado hallado el miércoles

SERGIO OCAMPO Y ALFREDO MENDEZ CORRESPONSAL Y REPORTERO

Chilpancingo, Gro., 20 de julio. La saña con que se han perpetrado los asesinatos de esta semana en Guerrero podrían ser señal de que miembros de la pandilla Mara Salvatrucha y de los kaibiles de Guatemala operan en la entidad, consideró el procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia.

En conferencia de prensa, el funcionario dio a conocer la identidad de la persona descuartizada encontrada el miércoles en la comunidad El Chico, cerca de la carretera Zihuatanejo-Lázaro Cárdenas. ''Se trata de Alejandro Suazo Cortés, de 24 años. Vivía en la colonia Progreso de Zihuatanejo, se dedicaba a la compraventa de autos, trabajaba de taxista y había desaparecido el 15 de julio'', explicó.

''El subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, ha señalado que estos crímenes son parte del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada, porque dejan mensajes con amenazas y torturan como en los estados del norte. En otros casos los levantan y los ejecutan; no hay torturas'', afirmó.

Se quejó de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la SIEDO ''no le han puesto el interés necesario al combate de la delincuencia organizada'', pese a que se les informa de inmediato cuando se presenta un caso en el que se utilicen armas de uso exclusivo del Ejército o que involucre drogas.

Sobre el asesinato del ex diputado federal priísta Juan José Nogueda Ruiz, ocurrido en Acapulco el miércoles, dijo que se tomó declaración a su secretaria y a otros testigos. ''Estamos avanzando'', aseguró.

Mientras, la PGR continúa los cateos en Guerrero, como parte de las investigaciones sobre el secuestro y la ejecución del teniente de la Armada de México Marcelo García Nava, y del capitán retirado del Ejército Eusebio Palacios Ortiz, jefe de Seguridad del Ayuntamiento de Acapulco, perpetrados la semana pasada.

Esta vez se revisaron dos viviendas ubicadas en la calle Panteón sin número, municipio de Tecpan de Galeana, donde la SIEDO decomisó dos granadas de fragmentación, tres rifles AR-15, un rifle de francotirador, cuatro pistolas de diversos calibres y ocho autos, entre ellos uno blindado y uno con reporte de robo.

Van 356 feminicidios desde 2001

Murueta informó que entre 2001 y 2006 se han cometido en Guerrero 356 homicidios dolosos de mujeres y niñas. Este año se han documentado 40 casos, nueve en Acapulco, siete en la zona centro, siete en la zona norte, dos en Tierra Caliente, ocho en la Montaña, cuatro en la Costa Grande y tres en la Costa Chica.

ALFREDO MENDEZ

No sólo la policía ministerial de Apatzingán, Michoacán, sirve a capos del narcotráfico. La fuerza corruptora del cártel del Golfo y de su brazo armado, Los Zetas, ha trastocado la mayoría de los municipios de la Tierra Caliente de Michoacán.

Según fuentes gubernamentales de primer nivel, investigaciones realizadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en esa región a raíz del enfrentamiento entre bandas rivales ocurrido en Apatzingán el 5 de julio, que derivó siete días más tarde en un operativo de las autoridades federales en el que se detuvo a 47 policías ministeriales, revelan que en municipios como Aguililla, Felipe Carrillo Puerto (La Ruana), Coalcomán, El Aguaje y Nueva Italia ocurren fenómenos similares: elementos de la policía local brindan protección a células del cártel que encabeza Osiel Cárdenas Guillén desde el penal federal de La Palma.

De hecho, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la PGR afinan detalles para efectuar en unos días operativos similares a los de Apatzingán en al menos dos de los municipios mencionados para desmantelar células policiacas contratadas por Los Zetas.

Los funcionarios consultados precisaron que para las autoridades federales, incluidas la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, una tarea fundamental para combatir las organizaciones criminales consiste en depurar los cuerpos policiacos municipales y estatales.

Según las investigaciones, la SIEDO cuenta con indicios de que la mayoría de los elementos municipales de la zona de Tierra Caliente en Michoacán operan de manera similar a los de Apatzingán, donde Los Zetas tenían su propio comando de elite dentro de la policía municipal.

En esa localidad se conformó un grupo de 60 policías municipales que otorgaban protección a capos del cártel del Golfo que se disputan con otras bandas delictivas el control de la operación del narcotráfico en diversas entidades del país.

Según las pesquisas, desarrolladas con el apoyo de agentes de la AFI infiltrados entre las autoridades estatales, en diversos municipios de Michoacán la policía local utiliza armamento ''de alta calidad'' y equipo de protección personal como cascos blindados, chalecos antibalas y uniformes sofisticados, el cual les ha sido proporcionado por el grupo de Los Zetas.

Las hipótesis básicas de las autoridades investigadoras señalan que la razón por la cual el cártel del Golfo ha logrado corromper a los cuerpos policiacos, principalmente municipales, tiene que ver con dos factores: el principal son los bajos salarios que percibe un policía común. En los casos de jefes de diversas corporaciones, la razón es más profunda: las mafias buscan incrementar su poder en las zonas donde operan, y los comandantes han encontrado en el narcotráfico una fuente de cuantiosos ingresos.

Los policías locales no sólo sirven de custodios a los capos del narcotráfico; también se encargan de cobrar y regentear la venta de protección a narcomenudistas, y en algunos casos también apoyan a Los Zetas con los llamados levantones (secuestros que no buscan pedir rescate por las víctimas), así como en las ejecuciones de integrantes del cártel del Golfo.

Según las fuentes consultadas, el principal reto para las instancias federales de procuración de justicia es desmantelar las estructuras creadas por el crimen organizado, y evitar el reclutamiento de policías locales que brindan protección y colaboran con los narcotraficantes en la consolidación de las plazas.

Por ese motivo, para la SIEDO, la AFI y la Policía Federal Preventiva es una prioridad detectar la existencia de otros elementos policiacos que pudieran pertenecer a la red de agentes locales de Michoacán y de otras entidades, como Guerrero, que están a las órdenes de los cárteles de la droga.