Necesario indemnizar a afectados por Pasta de Conchos
Piden activistas que autoridades acaten recomendación de CNDH
Más que celebrar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe atender y ejecutar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los sucesos en la mina Pasta de Conchos -donde perecieron 65 mineros, y otros tantos resultaron heridos-, coincidieron defensores de derechos humanos.
El pasado lunes, el organismo de defensa de las garantías fundamentales envió al titular la citada dependencia, Francisco Javier Salazar Sáenz, siete recomendaciones en las que expresaba las omisiones y negligencias en las que incurrió personal de la STPS durante las inspecciones a la mina, entre otras. Un día después, la dependencia emitió un comunicado en el que aseguró "celebrar" dicha recomendación.
Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todos, aseguró que la dependencia federal debe acatar las siete recomendaciones para castigar a los funcionarios que hayan incurrido en omisiones e irresponsabilidades al no verificar que la empresa cumpliera con las condiciones adecuadas para garantizar el derecho humano a la vida.
"La respuesta que tiene que hacer la STPS no es celebrar o no la recomendación, sino que debe dar la respuesta de si acepta la recomendación, y en consecuencia dar cumplimiento a lo que plantea la CNDH; que actúe y dé inicio a un proceso para cumplirlas", expresó Cortez.
Por su parte, Carlos Rodríguez, director del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), señaló que una celebración "es insuficiente", por lo que la dependencia encabezada por Salazar Sáenz "debe asumir un compromiso para acatar la recomendación" de la CNDH.
El activista mencionó que a pesar de que el conflicto minero "es muy grave", la STPS aún no ha hecho inspecciones en la mina La Rosita, también en Coahuila, en la que el nivel de peligro e inseguridad, destacó Rodríguez, es superior al que existía en Pasta de Conchos.
El director del Cereal expresó que aún continúan pasando inadvertidas dos instancias que también son responsables de lo ocurrido en la mina carbonífera: por parte de la Secretaría de Economía están Mario Suárez y Ernesto Uribe, encargados de esa dependencia para la inspección en minas; y la compañía General de Hulla -empresa que subcontrataba empleados para Minera México-, a la que no se ha sancionado y ahora tiene un contrato con la empresa Mimosa".
En tanto, David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que pareciera que la STPS aplaudió su error "en lugar de pedir una mano para enmendarlo".
Aseveró que el escrito de la CNDH es bueno, pero no contempla los acuerdos internacionales que ha firmado México, "los cuales ayudarían a un mayor deslinde de responsabilidades, entre los que se puede incluir a la empresa".