Habitantes de 5 comunidades aseguran que la acción es respaldada por la SRA
Residentes de Montes Azules acusan a lacandones de querer desalojarlos
El problema, por la reubicación de las poblaciones asentadas en la reserva de la biosfera
Lacandones de Frontera Corosal y Nueva Palestina, con el respaldo de la Secretaría de la Reforma Agraria, amenazaron con desalojar a los habitantes de Flor de Cacao, Ojo de Agua, El Progreso, San Jacinto Lacanjá y Viejo Velasco Suárez -comunidades ubicadas en el perímetro de la reserva de la biosfera de Montes Azules- ya que no fueron incluidos en el proceso de expropiación de tierras de la comunidad lacandona.
En un comunicado urgente, los indígenas residentes de los cinco poblados apuntaron que desde el día 14 del mes en curso, un destacamento de Seguridad Pública de Chiapas se instaló en las orillas de Ojo de Agua; temen que los uniformados actúen para desalojarlos de las tierras que ocupan desde hace más de 30 años.
Los habitantes de los poblados, integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Selva de Chiapas (UCISECh) y de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC-Independiente) -organizaciones que han cuestionado los programas de reubicación emprendidos por el gobierno federal- aclararon que no fueron incluidos en el programa de finiquito de la expropiación de tierras de la comunidad lacandona.
Ahora, abundaron en el escrito dirigido al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, "Arturo Márquez, representante especial de la Secretaría de la Reforma Agraria en Chiapas, y Gabriel Montoya Oseguera, delegado de gobierno de Benemérito de las Américas, nos están amenazando con desalojarnos si no aceptamos la reubicación forzosa".
Las autoridades han incumplido con los acuerdos firmados en la mesa de Limonar, que establecían la regularización de los asentamientos con más de 30 años de existencia, deslinde definitivo, si las familias aceptaban, reubicación en terrenos de igual calidad con un pie de casa, apoyos para proyectos productivos, entre otros.
"El gobierno no nos ha explicado por qué no quiere legalizar nuestras tierras; les hemos dicho que no queremos dinero ni reubicación, sino la certeza jurídica de posesión de nuestras parcelas, las que mantendremos cueste lo que cueste", asentaron en su escrito.
Raíces del conflicto
Recordaron que desde 1972, cuando el entonces presidente Luis Echeverría entregó por decreto presidencial 614 mil hectáreas a 66 familias de los lacandones, han sufrido constantes desalojos, amenazas y hasta asesinatos de sus líderes. En octubre de 1984 aceptaron ser reubicados en la zona llamada El Desempeño, el acuerdo fue firmado por los representantes de los poblados, la comunidad lacandona y la SRA.
El 28 de abril de 2005 se instaló una mesa de negociación, ya que nuevamente los lacandones de Nueva Palestina y Frontera Corozal exigían que se les devolvieran las tierras; en ese procedimiento Rafael Arellanes, representante del gobierno de Chiapas, se comprometió a terminar con el conflicto agrario.
Denunciaron que Antonio Jiménez, del ejido Lacanjá; Erlindo López, del ejido Cintalapa, y Samuel Sánchez, del ejido Santo Domingo, junto con Arturo Márquez y Montoya Oseguera, durante los pasados tres meses han recurrido al ofrecimiento de dinero, cervezas y vehículos para que "abandonemos por la vía pacífica nuestras tierras". Sin embargo, subsiste la inseguridad y el incumplimiento a los acuerdos pactados. Por ello, los pobladores de las cinco comunidades demandaron a la SRA que informe detalladamente sobre las 16 comunidades que fueron beneficiadas con las compras de 17 mil 200 hectáreas y expliquen por qué dejaron al margen a sus residentes.
El pasado 5 de julio, la SRA informó que había avances sustanciales en la solución a la problemática agraria de la región y que había entregado pagos compensatorios a los habitantes de seis comunidades asentadas en el área principal de la zona lacandona y que convino un pago similar para ocho polígonos ubicados en la zona de las Cañadas.