El oscuro punto de partida
Todo lo ocurrido desde el 3 de julio, cuando Andrés Manuel López Obrador se presentó ante las cámaras de televisión para denunciar la supuesta desaparición de 3 millones de votos, lleva a muchos a preguntarse si acaso la democracia funciona en Mexico. Cualquiera pensaría que no, porque semejante declaración en la mente de los mexicanos todavía evoca casi en automático la imagen de un robo. Sobre el ánimo de muchos de nosotros cayó un gran desconsuelo. Lo peor, sin embargo, fue que, a pesar de ser falsa la afirmación, encontró de inmediato oídos bien dispuestos, y un terreno propicio para la suspicacia a propósito de la limpieza de los resultados y de todo un proceso que había sido motivo de felicitación generalizada hasta antes de que se dieran a conocer las tendencias de la elección la noche del domingo. No faltaron los extranjeros que con cierta sorna preguntaban, ¿pero por qué los mexicanos no pueden contar votos? Algunos representantes de la prensa extranjera denunciaron con letras mayúsculas el "gran robo" del 2 de julio.
Sin embargo, no todo está perdido en tanto las disputas en torno al proceso electoral se mantengan dentro de los procedimientos que prevé la ley, y como así ha sido hasta ahora, podemos decir que la democracia funciona a pesar de los aprietos en que la han colocado los primeros responsables de protegerla: los funcionarios electorales y los políticos profesionales.
A más de una semana de la tremenda declaración, el ex candidato de la coalición Por el Bien de Todos no ha corregido su dicho a propósito de los 3 millones de votos, aun cuando hoy está bien claro que tanto él como el PRD siempre supieron dónde estaban. Político astuto e intuitivo que es, Lopez Obrador supo dar un golpe de opinión, que a ojos de los suyos lo ha colocado nuevamente por encima de las instituciones, porque otra vez aparece como su víctima. Esta sola imagen es un poderoso argumento para promover en su defensa recursos no previstos en la ley. No es de extrañar que a la sola mención de la necesidad de atenerse a las leyes, muchos lopezobradoristas se limiten a levantar los hombros, como diciendo: "Para lo que sirven".
La denuncia de los 3 millones tuvo un efecto catastrófico sobre la credibilidad del proceso. Sobre los ecos de este golpe se ha fincado la fuerza de todo lo que se ha dicho después para descrédito de la elección: las cuentas mal hechas, la corrupción de los funcionarios electorales, el fraude cibernético. A partir de ahí habrá de justificarse todo lo que siga, en primer lugar, la oferta de una negociación política que nos regrese a 1988, cuando el operador político de Carlos Salinas negoció, sin actas ni boletas, ni información objetiva de ningún tipo, las curules del Senado correspondientes al Distrito Federal para dárselas a los candidatos del Frente Democrático Nacional, en perjuicio de Acción Nacional, que probablemente las había ganado. En ese caso lo que menos importó fueron los votos; en cambio se impuso "la voluntad política", el recurso al que siempre aluden los políticos que tienen más estrategias que principios.
No deja de ser grave que el punto de partida de toda esta movilización en contra del proceso electoral haya sido una acusación falsa. Pero igualmente alarmante y descorazonador es que ni los consejeros del IFE, ni los demás partidos, en primer lugar el PAN, hayan sabido medir las consecuencias de la declaración de López Obrador, que no hayan defendido el proceso, ni explicado a la opinión pública cuál podía ser la base de tan tremendo señalamiento, el cual desató una dinámica que puede echar abajo nuestra democracia electoral.
Más allá del oscuro punto de partida del cuestionamiento de los lopezobradoristas, hay que reconocer que resultados tan apretados son excepcionales -aunque Silvio Berlusconi perdió la última elección por una diferencia de 20 mil votos-, y que los lopezobradoristas están en su pleno derecho de pedir una revisión del conteo, pero de los votos anulados o de los que fueron emitidos en las casillas donde no tenían representantes. Sufragios que representan una cantidad muy sustantiva del total. No obstante, podían haberlo solicitado sin poner en tela de juicio todo el entramado institucional y los procedimientos electorales, porque al hacerlo están alimentando la desconfianza no sólo hacia este proceso en particular, sino hacia todos aquellos que puedan organizarse en el futuro. No podemos reprochar a los perredistas su desconcierto ante una derrota tan inesperada como intragable, pero podemos exigirles, al igual que al gobierno, a partidos y a consejeros electorales, que muestren la voluntad de proteger al sistema electoral porque su comportamiento sugiere no tanto que la democracia no funciona, sino que no quieren que funcione o que no la dejan funcionar.
Partidos, candidatos y medios de opinión publica han sabido construir una coyuntura crítica con una elección que tenía que haber sido un episodio más dentro del proceso de normalidad democrática en el que creíamos estar encaminados. El nivel de riesgo ha aumentado considerablemente en los últimos dias, y seguirá aumentando a medida que se multipliquen las manos que intervengan en el proceso, porque con todo y sus buenas intenciones, muy bien pueden contribuir a descarrilarlo. Si el punto de partida fue oscuro, habrá que esperar que la llegada sea bien clara.