Sigue pendiente la deuda por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, señala
El PRI se ha dedicado a ser tapadera de genocidas, acusa Pablo Gómez
Cuestiona la decisión judicial de no proceder penalmente contra Echeverría Alvarez
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Isidoro Ruiz, Pablo Gómez y Rafael Melgoza, durante los trabajos de la Comisión Permanente en el palacio de Xicoténcatl
Foto: Jesús Villaseca
En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, el diputado Pablo Gómez aseveró ayer en la tribuna que el Estado mexicano tiene una deuda "que nadie ha podido pagar o no han querido pagar", y no es un asunto personal, sino de Estado, y es la brutal represión estudiantil del 2 de octubre de 1968.
El perredista destacó que en aquel entonces y luego de la represión "se abrieron procesos penales contra estudiantes, profesores y otros ciudadanos; fueron procesados y encarcelados durante tres años o más, en los que fuimos sentenciados a 16 años de prisión. Esos procesos fueron los únicos que se abrieron".
Años más tarde, abundó Gómez Alvarez, el Congreso de la Unión resolvió expedir una ley de amnistía contra quienes no habían sido responsables de los actos represivos, de las muertes, de las lesiones, sino contra las víctimas o parte de las víctimas.
En algún momento, refirió el diputado, la Procuraduría General de la República se negó a abrir una averiguación sobre esos hechos, porque algunos afectados recurrieron al amparo, juicio que duró años, y en el cual finalmente se resolvió que el que decide la prescripción es el Poder Judicial y no el procurador. La PGR debió haber abierto la investigación. Este es un criterio de la Corte, expresó el diputado.
Sin embargo, ¿qué es lo que se tiene ahora?, cuestionó Gómez Alvarez. "Una orden de aprehensión girada por un magistrado, al revisar la negativa de un juez de distrito, contra Echeverría, y ahora ese juez sale con otro cuento: Ya no dice que no se configura con las acciones o con la consignación del Ministerio Público el delito de genocidio, ahora dice que ya prescribió, y hace unas cuentas respecto a la prescripción, que están equivocadas".
El perredista insistió: "¿cuál es la situación que tenemos hoy? Años de lucha por que el Estado realice un acto de reconocimiento de que reprimió injusta e ilegalmente a estudiantes y a otros el 2 de octubre de 1968.
"El PRI, que se ha dedicado a ser tapadera de los genocidas, tiene también una cuenta pendiente, de orden estatal, que es reconocer ese hecho como violatorio de los derechos humanos, de las garantías individuales y un delito contra la humanidad; esos ilícitos no prescriben."
El perredista sostuvo que existe la demanda de que el Estado mexicano reconozca como un acto violatorio de los derechos humanos esa masacre, que tiene que ser perseguida aunque sea 40 años después. "Todos los integrantes del Estado, incluyendo a los del PRI, que son los que no quieren aceptar esto, deben reconocerlo", finaizó.