El entorno político dificultaría la apertura del sector energético: Standard and Poor's
En juego, la mitad de la riqueza petrolera con planes del gobierno
La propuesta de la Sener "atará de manos" al sucesor de Fox, dice directivo de la Canacintra
Pemex, obligado a financiar y asumir el riesgo de programas de desarrollo, señala la calificadora
El entorno político dificultaría la apertura del sector energético en México, particularmente en exploración y producción, anticipó la firma financiera internacional Standard & Poor's (S&P), al destacar que el país se ha mantenido firme en excluir la participación de capital privado en muchas de las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex), en contraste con otros gobiernos del mundo que abrieron sus sectores petroleros a la participación privada en los últimos años.
En su más reciente reporte sobre Pemex, Standard & Poor's destacó que "esta política es respaldada por la Constitución mexicana, que reserva la riqueza mineral del país para el Estado, así como por un entorno político que dificultaría cambiar dicha legislación".
La calificadora de valores reconoció que la compañía desempeña un papel estratégico en la economía mexicana pero como resultado de esta política, Pemex se ha visto obligado a financiar y asumir el riesgo total de programas de desarrollo caros sin contar con el beneficio del capital de bajo costo y experiencia técnica de socios extranjeros.
Pemex es la compañía más grande de México y el contribuyente más importante del país, así como uno de los cinco más importantes exportadores de crudo a Estados Unidos, con una generación de flujo de efectivo por más de 35 mil millones de dólares anuales por concepto de sus ventas en el exterior.
Por otro lado, Standard & Poor's consideró que Petróleos Mexicanos (Pemex) transferirá al gobierno federal un promedio de 30 mil millones de dólares anuales durante los próximos tres años (sin incluir el impuesto especial sobre producción y servicios), pero la petrolera aumentará su deuda en al menos 10 mil millones de dólares para financiar su programa de desarrollo.
Actualmente, de acuerdo con el más reciente informe financiero de la empresa, la deuda documentada total asciende a 51 mil 195 millones de dólares. La pesada carga fiscal que enfrenta la compañía hará que continúe presentando un flujo de efectivo operativo libre negativo, pese a que los precios del petróleo a nivel internacional se mantendrán por arriba de 40 dólares, estimó la calificadora de valores.
Standard & Poor's afirmó que pese a que el nuevo régimen fiscal de la compañía ahora determina los impuestos con base en un subrogado de los ingresos operativos de la exploración y explotación de Pemex, se prevé que los impuestos gravados a la petrolera seguirán siendo una carga importante sobre las finanzas de la compañía. Como resultado se espera que el desempeño financiero de Pemex después de impuestos se mantenga débil.
En su más reciente reporte sobre la empresa, la firma financiera internacional destacó la necesidad de cambios adicionales para mejorar el desempeño de la petrolera que sólo durante el año pasado obtuvo por exportaciones de crudo alrededor de 35 mil 200 millones de dólares.
Pemex mantendrá una producción de 3.3 millones de barriles diarios, volumen igual a la producción promedio en 2005 y se prevé que la empresa construya una nueva refinería en el país.
De concretarse las más de 817 concesiones u "oportunidades" de inversión en el sector energético promovidas por la Secretaría de Energía (Sener) entre inversionistas privados "de un solo golpe la mitad de la riqueza petrolera del país de los próximos 20 años quedaría comprometida" pues se incluyen los proyectos de exploración y explotación de la zona de Tuxpan y Poza Rica, las más importantes para el futuro de México ante el agotamiento del yacimiento de Cantarell, advirtió Gilberto Ortiz, presidente del Comité Directivo de Energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. (Canacintra).
En el catálogo de oportunidades de inversión, sobre todo en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Sener señala: "Se han identificado 817 oportunidades de inversión en exploración en la plataforma continental del Golfo de México", sin precisar mediante qué mecanismo, porque hasta ahora las actividades de exploración y explotación de crudo están reservadas, por mandato constitucional, exclusivamente al Estado.
Con dichas medidas, dijo Gilberto Ortiz, el gobierno del presidente Vicente Fox "atará de manos" a quien lo sucede en el cargo pues se trata de proyectos impuestos con varios años de duración, aun cuando recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene pendiente por resolver la legalidad de este tipo de concesiones o los llamados contratos de servicios múltiples, con los que en la realidad se ha llevado a cabo la privatización del sector energético.
Abundó que para finales de año se prevé que las reservas de Cantarell registrarán una baja muy notable, por lo que existe el riesgo de que la riqueza petrolera que se prevé existe en Poza Rica y Tuxpan, que representa el futuro de México en la materia, quede en manos privadas.
"Eso es lo que está en juego porque si esa riqueza petrolera y la posibilidad de que México sea un factor de seguridad energética en toda América del Norte, termina por otorgarse a inversionistas privados, principalmente extranjeros, como país perderemos la posibilidad histórica de tener una posición sólida en la región y el continente", puntualizó.
En su edición del sábado, La Jornada publicó que un mes antes de las elecciones presidenciales, la Sener comenzó a promocionar entre potenciales inversionistas nacionales y extranjeros diversos proyectos para la construcción de centrales eléctricas mediante inversión financiada, así como para el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural. Entre ellos, destacan "817 oportunidades de inversión en exploración en la plataforma continental del Golfo de México".
Inapropiado, colocar proyectos sin haber concluido el proceso electoral
Gilberto Ortiz calificó de "inapropiado" que la Sener pretenda colocar dichos proyectos antes de que termine la presente administración y cuando ni siquiera ha concluido el proceso electoral para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine quién es el presidente electo.
Insistió en que la concesión de dichos proyectos energéticos es "gravísimo" para la seguridad y economía del país pues "el sector energético es una de las pocas oportunidades que tiene México para su desarrollo, por lo que lo último que se recomienda es que se concesione o remate a los capitales naciones y extranjeros, lo que le quita la poca fuerza que mantiene el Estado".
Son acciones, dijo, ilegales porque los contratos de servicios múltiples y concesiones en la materia han sido objetadas ante la SCJN desde el año 2002 dado que están fuera de la Constitución "y sin embargo se han seguido dando".