Editorial
Elecciones contaminadas
La jornada electoral de ayer terminó en un impasse indeseable y preocupante que, aunque deja el saldo positivo de una participación ciudadana masiva y civilizada, confirma algunos de los peores temores previos a los comicios: el escenario de la indefinición prolongada de los resultados, una autoridad electoral rebasada por los contendientes y la perspectiva de un veredicto que no va a ser fácilmente aceptado por las fuerzas rivales, no sólo por la indefinición en la que terminó este larguísimo día, sino por las distorsiones en que se desarrollaron las campañas previas y por la indebida intervención del gobierno federal en el proceso para invalidar una de las candidaturas y favorecer a otra.
A la precisión, la normalidad y la calma en que se desarrollaron las votaciones, elementos que no pueden ser minimizados en el balance, y antes inclusive de que cerraran las últimas casillas, siguió un primer manotazo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual, por boca de su dirigente, Mariano Palacios Alcocer, puso sobre la mesa la exigencia de que el Instituto Federal Electoral (IFE) se abstuviera de divulgar los resultados del conteo rápido a las 11 de la noche. "Rechazamos categóricamente, por el bien del país, que se interfiera la probabilidad de una encuesta a la certeza del conteo de voto por voto que la ley prevé, ordena, vigila y protege", expresó. Momentos después, el jefe de campaña del perredista Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Acción Nacional (PAN), Jesús Ortega y Manuel Espino, respectivamente, salieron a anunciar resultados favorables para sus respectivos candidatos presidenciales. Para cuando el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dijo finalmente que el conteo rápido no podía ser divulgado porque la diferencia entre los punteros era muy pequeña, su autoridad estaba ya severamente cuestionada. En ese entorno, los reclamos de triunfo formulados poco después, con diferencia de pocos minutos, por López Obrador y por el panista Felipe Calderón Hinojosa, terminaron de generar un escenario de confusión e incertidumbre generalizadas.
Ahora resulta inevitable preguntarse en qué medida pudo haber incidido la demanda de silencio del PRI en la decisión del IFE de guardar los resultados hasta el miércoles próximo, y por qué la autoridad electoral renunció a un margen adicional de espera de dos horas y dar un adelanto a la una de la madrugada de hoy, posibilidad que tenía previsto en caso de que las tendencias hacia las 11 no fueran todavía nítidas.
En estas circunstancias, la crispación y la tensión resultan tan indeseables como inevitables, y resulta obligado formular un llamado a la moderación, la prudencia y la responsabilidad, a los líderes de las fuerzas políticas en pugna y a los seguidores de los dos candidatos que dicen haber ganado la titularidad del Poder Ejecutivo. En este espíritu, resulta necesario otorgar, pese a todo, el beneficio de la duda a la autoridad electoral, e instar a la ciudadanía a esperar con la mayor serenidad posible el resultado definitivo de la elección. La calma y la civilidad necesarias en el momento presente no deben implicar, desde luego, falta de interés ni una credulidad ciega e incondicional. Los ciudadanos deben mantenerse atentos al recuento de sus propios sufragios y demandar que, en las próximas 72 horas, el IFE presente cifras nítidas, rigurosamente contadas y libres de toda sospecha.
Al gobierno federal cabe demandar los antecedentes justifican la exigencia que se abstenga de intervenir en las horas difíciles que faltan para definir al ganador de la elección presidencial. Por lo que hace a los partidos políticos, resulta imperativo que eviten, en este lapso, cualquier tentación de negociar entre ellos, en cualquier sentido, al margen del sufragio popular. La clase política, las autoridades y la mayor parte de los medios empezaron a contaminar desde hace muchos meses lo que habría debido ser, desde las primeras horas hasta la noche de ayer, la fiesta cívica de los ciudadanos. Ahora deben comportarse con un sentido máximo de responsabilidad para evitar que el impasse electoral derive en una descomposición nacional que no beneficiaría a nadie.