Solicitaron la protección de la CIDH para evitar agresiones por exigir justicia
Familiares de mineros muertos en Pasta de Conchos denuncian acoso de autoridades
Mientras que el gobierno foxista pretende dar carpetazo a las investigaciones sobre el accidente en Pasta de Conchos, donde fallecieron 65 mineros, los deudos y organizaciones defensoras de las garantías básicas solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para establecer "medidas cauterales" a su favor, ante el acoso del que son víctimas por su insistencia en esclarecer el caso.
Cristina Auerbach, abogada de Pastoral Laboral, agrupación de defensa de los derechos humanos del Episcopado Mexicano, también denunció que a pesar de la averiguación previa que abrieron las autoridades, a los familiares ya les dijeron que la mina está cerrada y que es imposible llevar a cabo la investigación correspondiente.
Además, dijo que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y los tutores nombrados por éste, "sin autorización de las familias", impiden a los deudos tener contacto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos para contribuir en las indagaciones, además de que tratan de dividir a los familiares.
En el contexto del foro de consulta y testimonios sobre el accidente de la mina de carbón Pasta de Conchos, realizado ayer en la Cámara de Diputados, Auerbach denunció que las autoridades de la Secretaría del Trabajo (STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), junto con Industria Minera México, son responsables de las 65 muertes acaecidas en febrero pasado, pues las evidencias que se tienen desde 2004 revelan que la empresa tendría que haber clausurado la mina, debido a que carecía de condiciones de seguridad y de equipos y planes de rescate para mantenerse en operación. No obstante, las autoridades federales "se han deslindado" de su responsabilidad.
Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) integrante del grupo de trabajo que investiga las condiciones laborales y de seguridad en Pasta de Conchos, Pablo Franco Hernández, anunció que la fracción parlamentaria de su partido presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), la próxima semana, por negligencia, incumplimiento y omisión en el establecimiento de medidas de seguridad e higiene en la mina.
"En Pasta de Conchos hubo homicidios y el que participa en un homicidio es homicida, y el señor Carlos Abascal y Javier Salazar, así como los funcionarios involucrados son homicidas", aseguró Franco.
El legislador perredista acusó también al panista Lucio Lastra Marín, presidente del grupo de trabajo en cuestión, de ser cómplice de las autoridades federales, pues a la fecha "no ha tenido la gentileza de convocar a discutir un solo informe de la investigación".
Lastra, dijo Franco, "únicamente se ha dedicado a justificar la acción de la empresa y la inacción de la Secretaría del Trabajo".
Por su lado, el diputado panista -quien no estuvo presente en el foro- rechazó en entrevista telefónica las acusaciones del perredista, y aseguró que trata de "manipular electoralmente" el asunto.
Sin embargo, durante el foro, representantes de las agrupaciones de derechos humanos -entre ellas la Fundación Friederich Ebert y el Centro de Reflexión y Acción Laboral-, así como especialistas en la materia, detallaron diversas y graves irregularidades encontradas en Pasta de Conchos, donde se observó que ni siquiera existía la llamada "cuerda de vida", que sirve de guía a los mineros para salir en condiciones de riesgo, y falta de energía eléctrica.