Editorial

Oaxaca, otro foco rojo de cara al 2 de julio

El conflicto entre los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno estatal de Oaxaca se ha agravado considerablemente, como lo demuestra le megamarcha efectuada ayer viernes en la capital de la entidad. Decenas de miles de personas, entre maestros, estudiantes universitarios, organizaciones civiles y trabajadores de otros sectores ­como los de las secciones 35 y 73 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud­ participaron en la protesta, aunque los profesores estimaron una asistencia de 300 mil personas, y las autoridades una concurrencia de 70 mil manifestantes. Esta marcha es el reflejo tanto de los problemas que enfrenta el magisterio en el estado como de los conflictos sociales que aquejan a la entidad.

En el inicio del movimiento, los profesores demandaron, entre otros puntos, un aumento salarial mediante una rezonificación económica, petición que no fue escuchada por el gobierno estatal ni por el federal. Esta falta de atención por parte de las autoridades hacia las justas demandas de los maestros prolongó el conflicto, el cual empeoró con la decisión del gobernador Ulises Ruiz de reprimir la protesta magisterial: el miércoles pasado, cientos de efectivos policiacos fracasaron al desalojar a miles de mentores en paro del centro de la capital de la entidad. Tal acto de represión provocó que los maestros incluyeran una nueva demanda, la renuncia del mandatario estatal, una exigencia que marcó la megamarcha realizada ayer viernes.

Objetivamente, los profesores no piden ningún privilegio extraordinario cuando demandan su reclasificación para pasar de la zona económica dos a la tres, lo que hubiera significado la homologación de sus salarios con los de sus colegas del vecino estado de Chiapas: el creciente turismo en Oaxaca ha provocado un aumento del costo de la vida en la entidad, por lo que el magisterio oaxaqueño necesita urgentemente un incremento salarial para mantener su poder adquisitivo. Ello sin mencionar que esa demanda se inscribe dentro del precepto constitucional que prohíbe pagar sueldos diferentes por un trabajo igual.

Se trata, pues, de un problema grave ya que el paro en Oaxaca ha afectado a casi 14 mil escuelas públicas, dejando sin clases a más de un millón 200 mil alumnos. Sin embargo, ni el gobernador Ruiz ni el gobierno federal atendieron las demandas planteadas e ignoraron dos megamanifestaciones previas en menos de dos semanas. Peor aún, las autoridades locales agravaron el conflicto al ordenar el fallido operativo policiaco del miércoles 14 de junio. Bajo este escenario, no es extraño que ahora los docentes exijan la renuncia del mandatario estatal.

Otros sectores sociales se han sumado a la protesta de los maestros por diversos problemas no resueltos en la entidad, lo que revela un peligroso clima de inconformidad de cara a los comicios federales del 2 de julio. De hecho, la tensión en Oaxaca se incrementó con otras acciones, como bloqueos de carreteras, tomas de presidencias municipales y paros en otros gremios en solidaridad con los docentes, entre otras.

De esta manera, es una irresponsabilidad pretender que este conflicto no constituye un foco rojo ante las próximas elecciones presidenciales, las cuales se celebrarán en medio de un panorama de tensión y confrontación.