Morelos: desastre e injusticia ambiental
En Morelos está a punto de estallar un grave conflicto social por el basurero de Alpuyeca, pero existen ahí más de 40 problemas igualmente fuertes que, aunque latentes, están al límite, por ejemplo: el acuífero de Cuautla (por la gasolinera Milenium 3000), el desbordamiento del río Apatlaco, en Temixco, la sequía del manantial Chihuahuita (por una cementera que afecta a varios pueblos, como Xoxocotla) o la sequía del río Amatzinac (que mata de sed a varios poblados del oriente, desde Zacualpan hasta Jantetelco).
¿Por qué tantos conflictos y descontento en Morelos? Porque hay una destrucción ambiental sin precedentes que acaba con los manantiales, acuíferos y ríos, con la calidad del agua, de la tierra y del aire, resultado de un proceso de expansión urbana que raya en lo salvaje y fruto de dos hechos decisivos: la destrucción del campo que genera un flujo migratorio campesino a las zonas más pobres de las ciudades y la aplicación puntual de una brutal política -nacional y estatal- de urbanización que incluye:
La proliferación de unidades habitacionales (efímeras casas prefabricadas marca Geo, Ara, Sadasi, Homex-Beta o CAME), construidas para desplazar a millones de personas a la corona de ciudades, pueblos y municipios que rodean a la ciudad de México.
La multiplicación de tiendas de conveniencia (Oxxo, 7-Eleven, Waldo's) al interior de las unidades habitacionales, y de grandes centros comerciales (Wal-Mart, Costco, Sam's Club) que matemáticamente aniquilan cualquier manifestación del micro, pequeño y mediano comercio (ambulantes, abarroteras, licorerías, misceláneas, papelerías, etcétera).
La construcción de nuevas vías de comunicación entre los pueblos y ciudades o al interior de las megaurbes, que facilitan el acceso de la población motorizada al creciente número de centros comerciales, aeropuertos, centros de convenciones y servicios, hoteles o balnearios. Son las autopistas de alta especificación, los libramientos carreteros, pasos a desnivel y segundos pisos, que arrasan con los recursos vitales de la población y llevan al límite la capacidad local de sostener un crecimiento desorbitado.
La propagación de gasolineras y gaseras sobre las arterias de alta circulación que violentan, durante su instalación, reglamentos y normas de elemental convivencia urbana, incluso en los barrios y colonias que desde siempre han mantenido uso de suelo habitacional.
El aumento de basureros cada vez más tóxicos por la introducción de basura generada por las nuevas cadenas comerciales del TLCAN: millones de empaques de plástico y ríos de sustancias químicas para aseo personal, de la casa y el automóvil y que trasmutan en lixiviados que escurren a las barrancas y los ríos o se filtran a los acuíferos.
Los rasgos unificados de este proceso general son: el acaparamiento y la especulación inmobiliarios, la centralización extrema del comercio, los cambios del uso de suelo, la expedición fraudulenta de manifestaciones de impacto ambiental, licencias de construcción y operación, la corrupción de autoridades administrativas y judiciales, el uso de la fuerza para golpear comerciantes y ciudadanos agraviados y descontentos y, finalmente, la destrucción ambiental del agua, la tierra y el aire.
Pero, ¿quién saca raja de este caos por la urbanización salvaje? Muy pocos. Corporación Geo, cuyo presidente, Luis Orvañanos, pasó del lugar 29 al 15 entre los cien empresarios más ricos e influyentes del país, (Expansión, mayo de 2006); también los flamantes magnates inmobiliarios Bribiesca Sahagún, Montiel y -según algunos- hasta un prominente obispo de la zona de Ecatepec. También los dueños de FEMSA-Coca Cola (terceros en la lista de Expansión), gracias al crecimiento exponencial de sus tiendas de conveniencia (denominadas popularmente "tiendas Foxxo"), de las que en 2001 había cerca de mil, y ahora suman casi 5 mil en todo el país, y a las concesiones de agua recibidas (como industria refresquera) en zonas como El Texcal, en la zona metropolitana de Cuernavaca. Las grandes constructoras de carreteras e infraestructura, como ICA (Bernardo Quintana) o IDEAL (Carlos Slim) y la mafia gasolinera y su numeroso ejército de prestanombres. Asimismo, las cabezas de las nuevas mafias privatizadoras del agua y la basura, como Javier Bolaños (ex director de la CEAMA de Morelos), dedicado a premiar la actuación de las trasnacionales Vivendi y Suez en los organismos operadores municipales de agua en México, o Adrián Rivera (ex presidente municipal de Cuernavaca), que obtiene millones con la operación del basurero de Alpuyeca.
Estos ganones son los políticos emprendedores (entrepreneurs) del PAN y El Yunque que se han organizado como gobernadores, presidentes municipales, funcionarios de gobierno, diputados, jueces, magistrados y senadores, o bien como empresarios amigos de los gobernantes (Diego Zavala, los Bribiesca Sahagún, Rafael Anguiano, etcétera). Se trata de políticos-empresarios o políticos coaligados íntimamente al empresariado.
En Morelos no se habían observado jamás -como en estos seis años- tasas de crecimiento tan obscenas y masas tan gigantescas de capital acumulado. Por ello, sí importa, y mucho, detener el 2 de julio este asalto empresarial sobre el territorio y los recursos de los pueblos de Morelos (y de México), pero sobre todo, importa detenerlos después de las elecciones.