Detectan irregularidades por 69.7 millones de pesos

Investigarán a ex edil de San Pedro Garza García

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 15 de mayo. El Congreso de Nuevo León instruyó a la Contaduría Mayor de Hacienda fincar responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, debido a irregularidades por 69.7 millones de pesos detectadas en las cuentas públicas del ex alcalde panista de San Pedro Garza García, Gerardo Garza Sada. La Legislatura también ordenó determinar los daños y perjuicios a la hacienda municipal ''a fin de que ésta sea resarcida'' y se turne el caso a la Procuraduría de Justicia del estado para indagar los eventuales ilícitos que resulten.

El Congreso local rechazó por mayoría la cuenta pública 2002-2003 del ayuntamiento panista de San Pedro Garza García (el municipio con el ingreso por habitante más alto de América Latina), pues la Contaduría Mayor de Hacienda detectó anomalías millonarias derivadas de obras no realizadas, falsificación de facturas, adulteración de pagos efectuados y liquidaciones a servidores públicos que no tenían derecho a recibir indemnización.

El dictamen fue aprobado con el voto favorable de PRI, PVEM y PRD, la abstención del PT y el rechazo del PAN.

La bancada del Partido Acción Nacional argumentó que la mayoría priísta, con la ''complicidad'' del órgano revisor de las cuentas públicas, dio un uso político-electoral a este caso, al llevar el dictamen a discusión cuando faltan menos de dos meses para las elecciones locales y federales, en momentos que el tricolor está abajo en las encuestas.

El PRI rechazó que haya un interés político en afectar al PAN y argumentó que han sido rechazadas las cuentas de ayuntamientos priístas como los de Mier y Noriega, General Zaragoza y Melchor Ocampo.

El ex edil Gerardo Garza Sada, quien estuvo en el área de galerías del Congreso, dijo que si llega a la cárcel será un ''preso político'' y anunció que procederá legalmente contra quienes ''inventaron'' las irregularidades que le atribuyen. Sin mencionarlo por su nombre, culpó al gobernador José Natividad González Parás, ''quien puso al contador mayor'', Javier Páez González.

Entre las irregularidades que enumeró el órgano revisor del Congreso destaca que el municipio reportó la entrega de 2 millones 179 mil pesos a la junta de vecinos de la colonia Del Valle -la más exclusiva de las zonas residenciales de San Pedro- para ''bacheo menor'' de 46 mil metros cuadrados de pavimento y equipamiento del Parque Mississipi, más un millón 652 mil 91 pesos para suministro y aplicación de carpeta asfáltica.

Sin embargo, al visitar el domicilio fiscal de Martha Lorena Escalón Costilla, a nombre de quien se expidieron los pagos referidos, ella dijo a la Contaduría Mayor de Hacienda que nada sabía de la factura ni del servicio mencionados.

Las anomalías rechazadas por el Congreso incluyen 27.7 millones de pesos en indemnizaciones no justificadas por remodelación de construcciones dañadas por la ''adecuación vial en avenida Alfonso Reyes''.

También se pagaron 6 millones 57 mil pesos en honorarios de ''gestoría especializada'' para el cobro de adeudos del impuesto predial, cuando la población de San Pedro es una de las más puntuales para pagar, y dado el monto del contrato debió licitarse, pero se adjudicó directamente.

También se incluyen irregularidades por 15.2 millones de pesos en adquisición de bienes que por su valor debieron licitarse, además de indemnizaciones por 6 millones 663 mil pesos a personal de confianza de primer, segundo y tercer nivel que no tenía derecho a esa prestación.

De igual manera, se encontró que el ayuntamiento ''comprobó'' gastos por 3 millones 178 mil pesos con facturas de empresas y particulares que desconocieron haber expedido tales documentos.

Asimismo, hay facturas por 1.9 millones de pesos de recursos supuestamente entregados a juntas de vecinos, cuyos presidentes afirmaron que nunca los recibieron, y se ampararon gastos con dos facturas que sí se expidieron, pero por un monto mucho menor al indicado.